Conforme a estadísticas proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, durante 16 meses, 58 menores de edad han sido asesinados. En el mismo periodo, la FGE inició más de mil carpetas en contra de adolescentes; 121 fueron judicializados como autores de delitos. Ante el aumento en el reclutamiento de niños y adolescentes por células del narcomenudeo, el fiscal Guillermo Ruiz asegura que trabaja en la elaboración de una base de datos para un Modelo Integral de Prevención.
En el transcurso de 2021, siete menores de edad han sido asesinados en Baja California, los cuales se suman a los 51 victimados el año pasado.
Durante los últimos 16 meses, 141 expedientes protagonizados por adolescentes como autores de delitos, se judicializaron en la entidad.
Destacan 24 por narcomenudeo, 19 por violación equiparada, 13 por abuso sexual de menores, once por robo con violencia, nueve por robo con violencia, ocho por homicidio, tres por portación de arma, uno por feminicidio y uno más por secuestro.
“Uno de los principales problemas, es que la delincuencia cada vez se ve reflejada en actividad con más menores. Los adolescentes llegan a la delincuencia porque en el núcleo en que se desenvuelven de familia o área en la que habitan, no hay otra oferta”, expuso el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, respecto a las cifras.
Poco antes de las 05:00 horas del jueves 25 de febrero, el cadáver maniatado, golpeado y asfixiado de Ricardo, de 15 años, fue localizado en la vivienda ubicada en Privada Águila Real número 1, interior 42 del fraccionamiento Natura en Tijuana. Estaba acompañado de su hermano Kevin Misael, de 16 años, quien también estaba sujetado por cinta adhesiva de pies y manos, golpeado, pero vivo.
Una pareja de policía municipales llegó a la casa identificada como punto de venta de drogas, luego que José Luis Gómez, residente de la misma colonia, quien se presentó como padre de las víctimas, les dijo que andaba buscando a sus hijos y tenía datos de que se encontraban retenidos en el mencionado domicilio.
La casa de Privada del Real pertenece a una mujer de 50 años llamada Margarita. De acuerdo con la versión de las víctimas, los adolescentes llegaron a las 02:30 horas porque la mujer “les debía dinero”. En el interior encontraron a un hombre no identificado, a otros dos que mencionaron por apodo “El Samaniego” y “El Sinaloense”, y a Víctor Manuel Chavira Ramos “El Richis”, de 28 años, quien lava carros en la tienda de conveniencia Oxxo del fraccionamiento Natura, además de habitante del picadero. Este último es señalado por el homicidio, acusación que negó, asegurando que a esa hora no estaba en la casa.
Otro caso fue el de Jesús Manuel. Alto, con sobrepeso y apenas 15 años, aparentaba mayor edad, pero su cara, aún infantil, lo delataba. La tarde del 3 de febrero, su cadáver quedó sentado entre el piso y la pared en el porche del negocio identificado como Abarrotes Ismael en la colonia Terrazas del Valle, también en Tijuana.
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Alrededor de las 18:00 horas de ese miércoles, su madre, quien le había dado permiso de ir al comercio donde tienen máquinas tragamonedas para jugar, debió identificar su cuerpo.
Según el primer reporte, en el negocio localizado en Calle Hacienda San Antonio de la delegación Presa Rural, demarcación conocida por su alta incidencia homicida, estaban Jesús Manuel y otros dos menores, la hija del dueño que atendía el mostrador y otro cliente.
Versiones de testigos indican que el asesino pasó corriendo y disparando contra la fachada del negocio, sin el embargo, el peritaje mostró que el homicida se paró aproximadamente a ocho metros de su víctima, se plantó, apuntó y disparó en seis ocasiones una pistola 9 milímetros en contra del adolescente, con tal precisión que le dio en el rostro.
La madre aseguró que era un jovencito de escuela, sin vicios y sin problemas. Los investigadores no encontraron antecedentes delictivos en los familiares directos del muchacho, ni en la familia dueña de la tienda, como tampoco coincidencia balística con otros hechos delictivos. Veinte días después, el expediente no registró avances.
“De nuevo el foco rojo de las maquinitas”, reiteró el fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, “en estos lugares los delincuentes mayores empiezan por darles dinero a los niños para que jueguen y luego terminan reclutados, pagando sus deudas, cometiendo delitos de alto impacto al servicio de los adultos o robando a su familia o vecinos”, describió.
El funcionario expuso que van más de 200 inmuebles cateados y 3 mil maquinas aseguradas y destruidas, “en los lugares que estamos cateando por las máquinas tragamonedas, en muchos de esos puntos estamos encontrando droga que se está administrando a los adolescentes. Y también hemos probado la teoría de la conexidad que existe entre los homicidios y los puntos donde hay corrupción de menores, está claro”.
NIÑOS INCINERADOS POR DEUDA DE DROGA
En otro caso, traficantes de drogas del Cártel de Sinaloa que delinquen en la delegación Sánchez Taboada en Tijuana, privaron de la libertad a dos niños de entre 7 y 10 años. La intención era presionar a su progenitor por una deuda de droga, sin embargo, al final del día recibieron la orden de asesinarlos.
Los cadáveres de los menores fueron localizados la noche del 2 de enero en la colonia Guillermo Prieto, tirados como basura y entre desperdicios, a un lado del arroyo, quemados, en el entronque que hacen las calles Lerdo de Tejada y Río Hondo de la colonia Aguaje de la Tuna, de la misma delegación.
Como los cuerpos eran pequeños, las primeras versiones extraoficiales refirieron que las víctimas eran infantes, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a aceptar este dato hasta cuatro días después -6 de enero-, cuando el Servicio Médico Forense confirmó que los restos correspondían a dos varones de entre 7 y 10 años, quienes fueron asesinados golpeándoles la cabeza con un martillo, para después incinerarlos.
Escena de crimen en el Aguaje de la Tuna
Casi un mes después, la primera semana de febrero, dos criminales dedicados a la venta de droga fueron detenidos y proporcionaron información. Dando seguimiento y corroborando los datos aportados, se supo que operan con el Cártel de Sinaloa en la delegación Sánchez Taboada y fueron aprehendidos por venta de droga al menudeo. En la semana serán imputados por privar de la libertad a los niños en la colonia Guillermo Prieto, asesinarlos y posteriormente inhumar sus cuerpos.
Sus nombres son Valente García alias “El Vale” y Emmanuel Santos “El Pollo”.
Los delincuentes e informantes en el expediente no supieron dar razón del destino del padre de los menores, o si vivían con la madre. Como nadie denunció la desaparición de los niños, la FGE trabaja en dos teorías: una, que uno o ambos padres también hubieran sido asesinados; y la otra, que uno o ambos padres se encontraban en Estados Unidos, razón por la que se pusieron en contacto con el Consulado de aquel país. Nada se sabe al respecto.
José Israel Ch. R, de 16 años, fue asesinado el 7 de febrero. Lo mataron a balazos cuando estaba en compañía de Tomás Brizuela, de 21 años, a plena luz del día, en Avenida López Portillo frente al domicilio con el número 218 de la colonia Otay Nueva Tijuana.
Lo único que saben las autoridades, es que al muchacho lo habían amenazado otro joven al que solo identifican como “Luis” y su primo, Francisco Padilla.
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MENORES INVOLUCRADOS EN DELINCUENCIA
Los mismos integrantes de las células de los cárteles dedicados a envenenar con drogas las comunidades y matar niños en las calles bajacalifornianas, están convirtiendo a los adolescentes en ladrones, traficantes y homicidas.
Adolescentes entre 12 y 18 años menos un día, obtienen sanciones bajas incluso por delitos graves como homicidio, violación, secuestro y narcomenudeo con fines de venta, en los que la penalidad máxima es por 5 años.
La mayoría son sentenciados a internamientos que van de los dos a los cuatro años y la penalidad se revisa cada año, con la intención de otorgarles anticipadamente el beneficio de la libertad. No se registran antecedentes porque de acuerdo con la Ley, no tienen la capacidad emocional para entender las consecuencias de sus actos.
La tarde del 27 de octubre de 2020, tres hombres llegaron al fraccionamiento Natura en Tijuana a bordo de una camioneta, dos ingresaron al domicilio de Mayra Alejandra Jiménez Reta “La Pancha” para dispararle en cabeza y cara, hechos atestiguados por Joshua López.
Los presuntos homicidas fueron detenidos en enero de 2021 y presentados ante el juez el día 28.
El reporte presentado por el Ministerio Público, da cuenta que Antonio Acosta Rentería manejó el auto y trasladó a su hijo menor de edad, Christopher Anthony “N”, a la casa donde ingresó acompañado de Salvador Martínez.
Ya en el lugar, el adolescente le gritó a la mujer “¡Ya te cargó la chingada!”, antes de matarla a balazos y huir en compañía de sus cómplices.
El 5 de febrero fue detenido Javier Alejandro A.L, de15 años. Testigos lo vieron alrededor de las 17:00 horas, cuando se acercó a un hombre, le disparó y lo mató en el fraccionamiento Esmeralda. Después huyó corriendo rumbo al Libramiento Sur, en las inmediaciones de la Estación de Policía “Margarito Saldaña”. Era perseguido por un amigo de la víctima, cuando ambos fueron intervenidos por una pareja de policías.
El muchacho aún llevaba el arma fajada, resultó positivo a la prueba de Rodizonato de Sodio y su persecutor lo señaló de manera directa.
Por tratarse de un homicidio calificado con ventajas, el quinceañero fue imputado y remitido al Centro de Internamiento. La FGE otorgó tres meses para continuar la investigación y presentar el caso.
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
Estadísticas oficiales revelan que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Delictivos de la FGE registró 479 carpetas de intervención iniciada y 488 carpetas de intervención determinadas.
En el último año, el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP), inició 270 carpetas en la que menores se involucraron como agresores, y concretó 141 acuerdos reparatorios.
En cuanto a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, en lo que va de la nueva gestión han iniciado mil 064 carpetas, judicializó 141 casos, obtuvo 37 sentencias condenatorias y 29 órdenes de aprehensión de las que cumplimentó 20. Solo en enero de 2021, iniciaron 56 carpetas, judicializaron 21 y se ejercieron cinco sentencias condenatorias.
CENSO, SEGUIMIENTO, ESTRUCTURAS Y OPORTUNIDADES
“Existe un evidente descuido de los menores involucrados y reclutados para el delito, no se está haciendo suficiente por ellos, ni por darles oportunidades”, apuntó el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, mientras hablaba de los adolescentes que venden droga para sus padres, tíos u otros familiares, y los hijos de delincuentes encarcelados o asesinados que crecen en entornos de violencia.
Mencionó a los 270 jóvenes que están cursando su primer año de clases en la primera de tres preparatorias militares promovidas por el titular de la FGE para dar cabida a adolescentes procedentes de comunidades y entornos de alta criminalidad, los 400 que tendrán cabida en la que se está construyendo en Tecate.
Consciente que no es suficiente, explicó que está dando los primeros pasos hacia un proyecto en el que pretende involucrar a todas las secretarías y entidades de gobierno posibles: Sistema DIF, Dirección contra las Adicciones, poderes Legislativo y Judicial; y las secretarías de Salud, del Bienestar, de Finanzas, de Gobierno, de Hacienda, de Economía, del Trabajo, de Infraestructura y la de Cultura.
El fiscal empezó por solicitar a Paulina Tinoco Lara, directora del SEJAP y a la licenciada Amor Berenice Cota Moreno, titular de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, generar un censo con base en los expedientes de la FGE para crear un registro de los menores que terminan en el Centro de Internamiento para Adolescentes o aquellos que hacen acuerdos reparatorios.
Pero el problema es más grande. “¿Qué pasa o qué soporte tienen los menores heridos en medio de los ataques a sus padres, los hijos de los delincuentes detenidos en los cateos o asesinados? Alguien se tiene que ocupar y la fiscalía no puede sola, por eso quiero tener una base de datos inicial con suficiente información para llevar a una mesa de trabajo interdisciplinario”, planteó el titular de la FGE.
El plan es buscar alternativas de solución conjuntas, políticas públicas enfocadas en los adolescentes para y generar estructuras, programas para fortalecer las capacidades, valores y emociones de los jóvenes que se ven obligados a crecer en entornos de violencia para darles la oportunidad de cambiar su vida.
Ruiz habló de generar un ambicioso Modelo Integral de Prevención, para el cual se están dando apenas los primeros y pequeños pasos.
“Tenemos que rescatar a los que vienen en camino, vamos a agarrar a los de 15 años, antes de que se conviertan en delincuentes”, concluyó el fiscal general de Baja California.
fuente.-Semanario ZetaTijuana/
