El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez informo a traves de su cuenta de Twitter de la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, presunto líder criminal del Cártel Santa Rosa de Límalo que deja sin rival y con el paso libre al Cartel de Jalisco empoderado en Guanjuato por acción y omisión.
“Quiero informarles que esta madrugada en un operativo conjunto entre Fuerzas Estatales y Federales fue detenido el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío del Estado de Guanajuato”, escribió en redes sociales.
La detención del Marro se habría logrado en un operativo coordinado de fuerzas federales y estatales donde ademas se liberó a una empresaria originaria de Apaseo el Grande, que se encontraba secuestrada.
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, detalló, también por medio de redes sociales, que fue durante la madrugada de este domingo, en una acción encabezada por el Ejército Mexicano y apoyada por la fiscalía del estado, cómo capturaron al líder criminal.
“Hoy en la madrugada, en una acción encabezada por el Ejército Mexicano y apoyada por la @FGEGUANAJUATO, fue detenido José Antonio “N”, también conocido como “El Marro”. En este momento se encuentra a disposición de la autoridad judicial”.
El soldado que contrariando la norma militar "filtro" a las redes el VIDEO grabado desde casco militar y que mostraba el ataque de que eran objeto por parte de Zetas del Noreste en Nuevo Laredo,pero que tambien mostro al mundo la desmesura de la respuesta armada de los Militares que va en sentido contrario al propio Manual de uso de la fuerza, que mide su proporcionalidad y las circunstancias en que se debe proceder,termino por"desertar" al Ejercito temiendo la respuesta penal de la SEDENA bajo un argumento de sobra conocido,a la autoridades sin distingo, solo le es permitido hacer lo que la ley y los reglamentos señalan,a diferencia de los ciudadanos que tienen permitido todo lo que la ley no prohibe.
En el video filtrado se observa el peligro que enfrentan los elementos castrenses en el desempeño de su cometido, pero tambien la respuesta desmesurada que dispara con "soltura",pareciendo ignorar que el objetivo primordial antes que concretar capturas,siempre sera salvaguardar vidas de inocentes que se cruzan con recurrencia entre balas disparadas a los enemigos del orden publico, a quienes se les debiera someter "sin matar" con balas de rifles y ametralladoras, algunas de Calibre .50 con ojivas de "media pulgada de ancho y a gran velocidad" que son capaces de atravesar cuerpos humanos de rivales, pero mas alla,coches y casas como ocurrió en la masacre de una familia inocente cometida por Marinos actuando como vulgares asesinos desde un helicoptero artillado, en esta misma ciudad en 2018.
Y es que la OBLIGACION CONSTITUCIONAL de las Fuerzas Armadas y las autoridades sin distingo,es la de salvaguardar la integridad fisica y el patrimonio de las personas,en ese orden y NINGUNA CAPTURA por IMPORTANTE que SEA puede pasar por encima de la valiosa vida de un civil inocente, aunque matar a los presuntos criminales en vez de someterlos al orden legal como mandatan las leyes, tambien equivale a cancelarles el castigo,las estrategias de aniquilación y extermino no han probado ninguna eficacia.
Ante las presiones de un grupo de derechos humanos, la Marina mexicana parece cerca de aceptar su responsabilidad por varias desapariciones ocurridas en la frontera entre México y Estados Unidos en 2018, lo que confirmaría viejas sospechas de los habitantes locales.
En un reciente informe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México “logró atribuir” a la Secretaría de Marina (SEMAR) de México 27 casos de personas “detenidas de forma arbitraria y desaparecidas” en la ciudad de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas, norte del país, entre marzo y mayo de 2018. Doce de esas personas fueron halladas muertas posteriormente.
Los responsables de los crímenes presuntamente secuestraron a personas que conducían o caminaban por la calle e incluso entraron a negocios y residencias sin órdenes de detención o captura antes de llevarse a las víctimas sin mostrar identificación alguna y movilizándose en vehículos oficiales, según el informe.
La CNDH halló que los reportes oficiales de la Marina sobre algunos de estos hechos también fueron manipulados.
Activistas locales de derechos humanos señalaron que las víctimas pertenecían a todos los sectores de la sociedad: un ama de casa, un panadero, un adolescente de 16 años, entre otros, y que las autoridades pueden haberlos seguido para “obtener información de inteligencia”, según un reportaje de Univisión.
Entre otras recomendaciones, la comisión solicitó a la Marina “reparación integral” para los afectados por las desapariciones forzadas, continuar la búsqueda de las otras 15 personas que siguen desaparecidas y la apertura de investigaciones penales.
La Marina mexicana “aceptó” las recomendaciones en un tuit del 21 de julio y se comprometió a mostrar su “compromiso” con la defensa de los derechos humanos. Poco después de que se presentaran las denuncias originales, declaró la Marina “en todos los casos en los que personal naval sea probable responsable de violaciones a derechos humanos actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor y… queda atenta de la resolución que se emita”, según un comunicado de prensa de septiembre de 2018.
En 2018, sin embargo, representantes de la Marina habían negado la participación “en los hechos, habían criminalizado a las víctimas y le habían atribuido estas desapariciones a un grupo del crimen organizado”, según declaraciones deun líder local de derechos humanos.
Análisis de InSight Crime
Pese a ser el organismo de seguridad que mayor confianza genera en México, la participación de la Marina en la presunta desaparición y homicidio de civiles inocentes constituye un crudo recordatorio de los graves abusos que con demasiada frecuencia acompañan la ofensiva frontal militarizada contra el crimen organizado en el país.
El uso de fuerza letal por parte de los infantes de marina de México en presuntos enfrentamientos con grupos armados se disparó de manera considerableentre 2012 y 2019, lo que plantea interrogantes sobre una falta de veeduría, adiestramiento y rendición de cuentas a esos organismos.
La posible admisión de la Marina sería un paso bien recibido. Pero la evidencia que indica que hubo participación de infantes de marina mexicanos en las docenas de desapariciones a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos hace más de dos años ya se había presentado desde el inicio.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) declaró en un comunicado oficial en mayo de 2018 que habían recibido declaraciones que señalaban de manera sólida que las desapariciones fueron “perpetradas por un organismo de seguridad federal”.
Pero a pesar de la “amplia información y evidencia”, las autoridades mexicanas en la época, y desde entonces, hicieron “pocos avances en la ubicación de los desaparecidos y en la investigación de su suerte”, según la OHCHR.
Meses después, Amnistía Internacional señaló en un comunicado de julio de 2018 que las familias de las víctimas habían implicado a la Marina de México en las desapariciones con base en “testimonios de testigos y material audiovisual recogido en los hechos”.
Expertos forenses y en armamento de Amnistía Internacional concluyeron que el material en video de la detención de una de las víctimas mostraba que los sospechosos parecían tener “capacitación profesional y [estar] equipados con vehículos, uniformes y armas, incluyendo rifles Sig516, que se asemejan mucho a los que la Marina usa”.
Pero en ese momento, la Fiscalía General de México dijo estar investigando una disidencia del temido grupo criminal Los Zetas, conocido como Cartel del Noreste, al mando de Juan Gerardo Treviño Chavez, alias “El Huevo”.
Las autoridades afirmaron que el grupo estaba implicado en la desaparición de por lo menos 35 personas entre febrero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo, informó El Universal.
Funcionarios del gobierno mexicano alegaron que era común ver a miembros del grupo usando uniformes del estilo de la Marina y empuñando armas de “uso exclusivo” de las fuerzas armadas del país, según El Universal.
No ofrecieron explicación sobre cómo habría podido ese grupo obtener dichos equipamientos.
Amnistía Internacional hizo énfasis en que si bien hay ocasiones en que los grupos criminales se disfrazan como miembros de las fuerzas de seguridad, existía “evidencia suficiente” para abrir una investigación independiente sobre la presunta participación de la Marina en las desapariciones de 2018.
Tamaulipas superó ayer sábado las mil muertes y 17 mil casos de coronavirus.
La Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, indicó que hoy se confirmaron 330 nuevos casos y 30 fallecimientos a causa del virus.
"Con la actualización, la cifra oficial asciende a 17 mil 3 confirmado, de los cuales 9 mil 385 se han recuperado y mil 29 han fallecido", señaló. De los fallecimientos del sábado, detalló que se suscitaron en Matamoros, Nuevo Laredo, Valle Hermosa, Reynosa, Río Bravo y Ciudad Victoria.
Las defunciones, precisó, se registraron en hospitales del sector Salud estatal y federal.
Molina, ante la emergencia por los casos y muertes causados por el coronavirus, exhortó a la población a atender las disposiciones del gobierno de Tamaulipas.
"Evitar salidas innecesarias y extremar las medidas de higiene", expresó.
Sin dar explicaciones, dijo que todos los reportes comunicados a la fecha e han dado de manera transparente.
"Tal como han ido sucediendo y tal como el sector salud ha ido notificando a la Secretaría los casos y defunciones", subrayó.
Tras los 330 casos confirmados el sábado, Tamaulipas liga más de 300 positivos en los últimos 20 días, desde el pasado 13 de julio a la fecha.
Este viernes se reportaron 360 casos de coronavirus; el jueves, 356; el miércoles, 349; el martes, 359 y el lunes de esta semana, 319. Asimismo, en el sur de Tamaulipas la pandemia ha colapsado los servicios hospitalarios, advirtieron la Secretaria de Salud, y el delegado del ISSSTE, Ariel Gámez Cruz. De acuerdo a cifras oficiales, Reynosa encabeza el mayor número de casos y decesos en Tamaulipas, tres mil 343 positivos y 396 defunciones por el Covid-19.
En la semana la delegación del IMSS, reveló, que ante la saturación de sus espacios mortuorios, los cadáveres de la pandemia fueron almacenadas en un salón audiovisual del Hospital General Regional 6, de Ciudad Madero.
En Tampico, el Edil, Jesús Nader, comenzó la construcción de cien fosas gratis para sepultar los cuerpos de fallecidos por coronavirus, ante la incapacidad de los crematorios para atender la demanda. Asimismo, en el hospital general "Carlos Canseco", de Tampico, instalaron la caja de un tráiler frigorífica, para almacenar cuerpos.
Aryana Adali se baña en el Tacana, uno de los miles de afluentes del Amazonas, en el resguardo indígena de Tikuna-Huitoto de Leticia (Colombia). Ni se nos ocurriría mencionarla. Si nos preguntaran por un lugar donde se sufra la trata, pocas veces contestaríamos la Amazonia o la triple frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil. Sin embargo, ningún país se libra de este delito que comercia con las personas como si fueran mercancía, que en el 62% de los casos son mujeres y en el 23% niñas, en torno al 80% de las veces, con objetivo de explotarlas sexualmente.
Con el confinamiento forzoso y toda la atención puesta en los más de 699.252 casos confirmados y 19.917 personas fallecidas por covid-19 en toda la Panamazonia (hasta el 28 de julio), la acción humanitaria y el fortalecimiento de la sanidad pública, resulta más difícil que nunca medir el impacto de la trata, pero los expertos en terreno aseguran que la crisis económica ha incrementado el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico y la explotación de personas.
La ubicación fronteriza de las localidades de Puerto Nariño (Colombia), Caballococha (Perú) y Atalaia do Norte (Brasil), unidas y separadas por el río Amazonas, son el caldo de cultivo idóneo para el tráfico ilegal, no solo de droga o recursos naturales, también de personas. Aquí, toda la comunicación se realiza dentro y a través del río Amazonas. Las lanchas, botes y demás embarcaciones cruzan constantemente de una orilla a otra y, sin apenas controles, cambian de país.
Puerto Nariño (Colombia) es un destino vacacional muy popular en la región. Un pequeño y tranquilo municipio, de calles peatonales y cuidados jardines, a orillas del río Loretoyaco, ideal para pequeños cruceros fluviales y ver a los delfines rosados en su hábitat. En esta idílica población las estudiantes del internado indígena de San Francisco de Loretoyaco son el objetivo de muchas miradas de deseo. Hombres mayores las seducen a la salida del colegio para que naveguen en su compañía a Caballococha durante el fin de semana, prometiéndoles diversión, regalos, ropa, un móvil o pequeñas cantidades de dinero.
Las adolescentes, con las circunstancias de precariedad que asolan a sus familias, no prevén un futuro próspero, por lo que consideran esas propuestas una oportunidad para mejorar sus vidas. Las redes de trata conocen bien esa situación de vulnerabilidad y se aprovechan. No son grandes organizaciones criminales, sino individuos que frecuentan o residen en la zona. Dominan el contexto y se organizan para captar, trasladar y explotar. Así, los fines de semana, se genera en la zona mucho movimiento de adolescentes desplazadas a locales de alterne conocidos como “prostibares”, generalmente, propiedad de traficantes de coca y utilizados para todo tipo de negocios ilícitos, a menudo con la connivencia de las autoridades locales.
Una vez visité una región minera donde contamos 11 prostíbulos en 1,5 kilómetros y luego nos informaron que en cada uno de ellos había de ocho a 10 jovencitas, la mayoría menores de edad
ARIANA DÍAZ ACUÑA, PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COSTA RICA
El confinamiento de la covid-19 ha agravado aún más esta realidad. En su aspecto positivo, la pandemia ha implicado la cohesión comunitaria, el refuerzo de las actividades de pesca y cultivo, y el fortalecimiento de la práctica de la medicina tradicional para combatir los síntomas del virus. Pero, respecto a la trata, se ha dado un paso atrás creándose un falso imaginario de protección, ya que se creyó que el cierre de fronteras y la paralización del turismo ofrecería más protección, pero no ha sido así. Las economías ilegales siguen operando y ahora encuentran más necesidades y grupos de jóvenes desocupados más fáciles de captar.
Esta zona de la Triple Frontera acumula (hasta el 28 de julio) 14.927 personas contagiadas y 362 fallecidosy casi no se habla de las implicaciones sociales del confinamiento en niños y adolescentes. Pero la pandemia ha aumentado el abandono escolar, los centros educativos están cerrados y sin conectividad, han aumentado las carencias diarias por culpa del desempleo, el turismo es nulo y el casi abandono del Estado en los territorios ha hecho que las economías ilegales sigan ofreciendo —ahora como una de las pocas alternativas posibles— un sustento básico a las familias a través del narcotráfico, talas ilegales y otras actividades ilícitas, entre ellas, la explotación sexual.
Una red protectora de orilla a orilla
Nathalia Forero vivió en este internado de Loretoyaco. Hoy es la coordinadora de la RETP-Red de Enfrentamiento a la Trata de Personas en la Triple Frontera que nació hace cuatro años para luchar contra esta realidad y como fruto de un trabajo previo de investigación. Se identificaron dos modalidades fuertes de explotación: una sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; y otra, la laboral, es decir, el trabajo esclavo. Pero la investigación también puso de relieve que muchas situaciones de abuso y explotación se habían naturalizado como parte de una economía de subsistencia.
Ella y otros miembros de la red, antes del confinamiento impuesto por la covid-19, recorría las comunidades fronterizas visibilizando las amenazas a las que estaban expuestas las jóvenes: “Lo que aquí ocurre es explotación sexual y trabajo esclavo a la vez. Y vimos que es esencial trabajar en red, independientemente pero pensando en la Amazonia como en un todo conectado”.
El confinamiento ha agravado aún más esta realidad. En su aspecto positivo, la pandemia ha implicado la cohesión comunitaria, pero las economías ilegales siguen operando y encuentran más grupos de jóvenes desocupados más fáciles de captar
Forero no está sola. Cuenta con personas que actúan como enlaces en las tres orillas de este enclave internacional. En Islandia (Perú), Ivanés Favretto, alerta siempre que ve algún movimiento extraño: “Islandia es conocida como la Venecia del Amazonas, por sus canales y sus casas en palafitos. Pero también es un enclave esencial para el tráfico de mercancías y de personas”. En Leticia (Colombia) es el padre Valerio Sartor, brasileño jesuita miembro del SJPAM-Servicio Jesuita a la Panamazonia y de la REPAM-Red Eclesial Panamazónica, quien ayuda a detectar, formar y sensibilizar sobre la trata para que se pueda evitar. “Es muy difícil poder rescatar a las personas que ya se han visto arrastradas a esa situación. Sin embargo, con los jóvenes y con las familias, podemos actuar antes”, dice el religioso. En Atalaia do Norte (Brasil) está la madrileña Marta Barral, que también lucha contra el maltrato machista y otro tipo de abusos. “Es siempre igual: los padres de los niños, las niñas y los más jóvenes de la comunidad son engañados. Alguien llega al poblado y les ofrece una vida mejor para los más pequeños de la casa, estudios o quizá un pequeño empleo y formación profesional para lograr algunos ingresos para la familia”, explica Barral.
La realidad de pobreza y necesidad de estas comunidades, en su mayoría indígenas, hacen que ese método siempre funcione, pues lo primero es la supervivencia. Pocos intuyen que detrás de esas promesas de una vida mejor se esconda la trata, la esclavitud, los abusos o el comienzo de un camino sin retorno. Por eso la sensibilización debe ser trasversal y generalizada y también el trabajo con la Justicia, porque a pesar de que muchos países tienen leyes contra la trata, es frecuente que las víctimas sean criminalizadas y los traficantes queden impunes.
Forero aclara que no es fácil cuantificar su acción, porque su trabajo se centra más en lo cualitativo. Pero da algunos datos: “En el primer semestre de 2019 se realizó prevención con más de 400 jóvenes en colegios. Llevamos procesos todo el año con 100 niños de nueve a 13 años, formándolos como "héroes defensores de vidas". Además, en encuentros bimensuales han participado 200 personas, sin contar otros talleres y visitas a las comunidades de los tres países, con un promedio de 150 personas presentes en esas actividades”.
En cuanto al compromiso de otros actores esenciales en el terreno, uno de los logros de la RETP es la firma conjunta del Manifiesto contra la trata que rubricó el compromiso contra la trata por parte de los tres obispos de las diócesis del Amazonas —dos de ellos españoles— por ser una realidad que “se ensaña en las comunidades y poblaciones más vulnerables”.
Mujer indígena y amazónica
“La mujer indígena amazónica es resiliente, inteligente, luchadora, hermosa y orgullosa. Siente, ríe, llora, se asombra, sufre y duda, como todas nosotras. La escuché exigir para sus hijos una educación que respete su cultura, los derechos de su pueblo, denunciar las injusticias y levantar la voz por la Madre Tierra. Está claro que no todas las mujeres en la Panamazonia son indígenas. Las hay ribereñas, quilombolas, mestizas y migrantes. Y muy lamentablemente muchas de ellas son víctimas de trata de personas, violencia y explotación sexual”, explica en un encuentro digital organizado durante el confinamiento Ariana Díaz Acuña, profesora de la Universidad Católica de Costa Rica, apasionada de la Amazonia y especialmente interesada en la situación de la mujer allí y su interrelación con el resto de contextos de la región.
ver fotogaleríaUn 'prostibar' de Caballococha, en la Amazonía peruana, frontera con Colombia y Brasil. En locales así se reúnen caciques y jefes de negocios de minería ilegal, narcotraficantes y madereros a los que traen a adolescentes de localidades cercanas, engañadas con promesas, para ejercer la prostitución.ANA PALACIOS
“Una vez visité una región minera donde contamos 11 prostíbulos en 1,5 kilómetros y luego nos informaron que en cada uno de ellos había de ocho a 10 jovencitas, la mayoría menores de edad y explotaban sexualmente", relata indignada Díaz Acuña. "¡No puede ser! El clamor de esas niñas está estrechamente ligado al clamor de la Madre Tierra”, exclama.
Fany Kuiru Castro es la única mujer murui de la Amazonía colombiana graduada como abogada. Es líder desde que tiene uso de razón, nos cuenta en Bogotá mientras la acompañamos a su oficina en la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia colombiana (OPIAC) en la que es coordinadora de la sección de Mujer, Niñez, Juventud y Familia.
El activismo de Fany y su influencia alcanza el ámbito institucional con incidencia política para garantizar las leyes que protegen a las comunidades, vigilar y alertar ante la vulneración impune de los derechos indígenas. Fany es una pieza clave en muchos paneles de discusión de los derechos indígenas y, en particular, de la mujer indígena. “Nuestra labor es dar a conocer a las mujeres indígenas sus derechos, a la soberanía alimentaria, a la alimentación sana y el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. Las motivamos para que sean emprendedoras, y a las que ya han llevado a cabo un emprendimiento local, orientarlas sobre cómo consolidarlo y darle más viabilidad a través de una economía propia, perspectiva de ecología integral, de solidaridad, de reciprocidad, con otra connotación distinta a la capitalista, que solamente desea lucrarse”, concluye Fany.
Sin duda, son muchas las voces que reivindican desde la Amazonia políticas sociales y acción ciudadana para fortalecer la protección de la frágil situación que viven estas niñas, niños y jóvenes que en esta crisis sanitaria mundial han visto incrementada su vulnerabilidad. La covid-19 está arrasando con su salud y también con sus derechos fundamentales.
***Este reportaje ha sido posible gracias a CIDSE y REPAM/
De la misma forma que en el pasado se demostró la capacidad de los perros para detectar con su olfato a personas que padecen enfermedades como la malaria o la diabetes, científicos de todo el mundo investigan ahora si también pueden ‘oler’ la Covid-19.
Todavía no se sabe con certeza qué provoca este olor, ya que puede provenir del propio virus o de los cambios que este genera en el organismo (el coronavirus no solo afecta a los pulmones, también a los vasos sanguíneos y a los riñones, por ejemplo). Pero el sentido del olfato de los canes es tan preciso que el más mínimo cambio en el metabolismo de una persona asintomática no pasa desapercibido para ellos.
Un nuevo estudio de la universidad de Hannover ha descubierto que los perros podrían tener una tasa de éxito del 94% en la detección de contagiados por coronavirus.
Tanto el ejército alemán como la Policía de Chile ya cuentan con perros adiestrados para esta función, que resultaría muy eficaz en puntos estratégicos como aeropuertos, estaciones, hoteles o fábricas. Un solo perro con entrenamiento podría ser capaz de rastrear hasta 240 personas en una hora. En España, el proyecto Kanary se plantea rescatar a 400 perros abandonados para convertir al mejor amigo del hombre en el mejor aliado contra la pandemia del coronavirus.
El ataque sin precedentes causó un terremoto mediático ya que vulneró las cuentas de algunos de los hombres más ricos del mundo ―Bill Gates, Elon Musk o Jeff Bezos―, y de políticos como el expresidente Barack Obama y el candidato presidencial demócrata Joe Biden, con la intención de cometer una estafa con bitcoins. Clark, el “autor intelectual”, según lo describieron las autoridades, se enfrenta a 30 cargos de delitos graves, incluido fraude, y está siendo acusado como si fuera mayor de edad.
El británico Mason Sheppard, de 19 años, y Nima Fazeli, de 22 años, de Orlando, fueron acusados también por su implicación en el supuesto crimen en un tribunal federal de California. Los hackers tuitearon desde 45 de las cuentas pirateadas en las que solicitaban inversiones en bitcoin, una moneda digital. Los mensajes ofrecían enviar 2.000 dólares por cada 1.000 enviados a una dirección anónima de bitcoin. También accedieron a los mensajes directos de 36 usuarios y descargaron la información completa de siete.
La operación consistió en acceder a los sistemas internos de Twitter después de haber robado información de inicio de sesión de varios empleados de la compañía. Tras robar las credenciales y entrar en los sistemas de la red social, los piratas informáticos pudieron apuntar a otros empleados que tenían acceso a herramientas de soporte de cuentas. Con ese acceso, restablecieron la contraseña de las cuentas de los personajes públicos como Kanye West y su esposa, Kim Kardashian.
"Este ataque se basó en un intento significativo y concertado de engañar a ciertos empleados y explotar las vulnerabilidades humanas para obtener acceso a nuestros sistemas internos", explicó hace unas semanas Twitter. La empresa de Jack Dorsey dijo que proporcionará un informe más detallado del ciberataque más adelante "dada la investigación policial en curso".
La Fiscalía del condado de Hillsborough procesará el caso del adolescente. Las autoridades federales ya estaban siguiendo los movimientos de Clark antes del hackeo a Twitter.
