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| Aryana Adali se baña en el Tacana, uno de los miles de afluentes del Amazonas, en el resguardo indígena de Tikuna-Huitoto de Leticia (Colombia). Ni se nos ocurriría mencionarla. Si nos preguntaran por un lugar donde se sufra la trata, pocas veces contestaríamos la Amazonia o la triple frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil. Sin embargo, ningún país se libra de este delito que comercia con las personas como si fueran mercancía, que en el 62% de los casos son mujeres y en el 23% niñas, en torno al 80% de las veces, con objetivo de explotarlas sexualmente. |
Con el confinamiento forzoso y toda la atención puesta en los más de 699.252 casos confirmados y 19.917 personas fallecidas por covid-19 en toda la Panamazonia (hasta el 28 de julio), la acción humanitaria y el fortalecimiento de la sanidad pública, resulta más difícil que nunca medir el impacto de la trata, pero los expertos en terreno aseguran que la crisis económica ha incrementado el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico y la explotación de personas.
La ubicación fronteriza de las localidades de Puerto Nariño (Colombia), Caballococha (Perú) y Atalaia do Norte (Brasil), unidas y separadas por el río Amazonas, son el caldo de cultivo idóneo para el tráfico ilegal, no solo de droga o recursos naturales, también de personas. Aquí, toda la comunicación se realiza dentro y a través del río Amazonas. Las lanchas, botes y demás embarcaciones cruzan constantemente de una orilla a otra y, sin apenas controles, cambian de país.
Puerto Nariño (Colombia) es un destino vacacional muy popular en la región. Un pequeño y tranquilo municipio, de calles peatonales y cuidados jardines, a orillas del río Loretoyaco, ideal para pequeños cruceros fluviales y ver a los delfines rosados en su hábitat. En esta idílica población las estudiantes del internado indígena de San Francisco de Loretoyaco son el objetivo de muchas miradas de deseo. Hombres mayores las seducen a la salida del colegio para que naveguen en su compañía a Caballococha durante el fin de semana, prometiéndoles diversión, regalos, ropa, un móvil o pequeñas cantidades de dinero.
Las adolescentes, con las circunstancias de precariedad que asolan a sus familias, no prevén un futuro próspero, por lo que consideran esas propuestas una oportunidad para mejorar sus vidas. Las redes de trata conocen bien esa situación de vulnerabilidad y se aprovechan. No son grandes organizaciones criminales, sino individuos que frecuentan o residen en la zona. Dominan el contexto y se organizan para captar, trasladar y explotar. Así, los fines de semana, se genera en la zona mucho movimiento de adolescentes desplazadas a locales de alterne conocidos como “prostibares”, generalmente, propiedad de traficantes de coca y utilizados para todo tipo de negocios ilícitos, a menudo con la connivencia de las autoridades locales.
Una vez visité una región minera donde contamos 11 prostíbulos en 1,5 kilómetros y luego nos informaron que en cada uno de ellos había de ocho a 10 jovencitas, la mayoría menores de edadARIANA DÍAZ ACUÑA, PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COSTA RICA
El confinamiento de la covid-19 ha agravado aún más esta realidad. En su aspecto positivo, la pandemia ha implicado la cohesión comunitaria, el refuerzo de las actividades de pesca y cultivo, y el fortalecimiento de la práctica de la medicina tradicional para combatir los síntomas del virus. Pero, respecto a la trata, se ha dado un paso atrás creándose un falso imaginario de protección, ya que se creyó que el cierre de fronteras y la paralización del turismo ofrecería más protección, pero no ha sido así. Las economías ilegales siguen operando y ahora encuentran más necesidades y grupos de jóvenes desocupados más fáciles de captar.
Esta zona de la Triple Frontera acumula (hasta el 28 de julio) 14.927 personas contagiadas y 362 fallecidos y casi no se habla de las implicaciones sociales del confinamiento en niños y adolescentes. Pero la pandemia ha aumentado el abandono escolar, los centros educativos están cerrados y sin conectividad, han aumentado las carencias diarias por culpa del desempleo, el turismo es nulo y el casi abandono del Estado en los territorios ha hecho que las economías ilegales sigan ofreciendo —ahora como una de las pocas alternativas posibles— un sustento básico a las familias a través del narcotráfico, talas ilegales y otras actividades ilícitas, entre ellas, la explotación sexual.
Una red protectora de orilla a orilla
Nathalia Forero vivió en este internado de Loretoyaco. Hoy es la coordinadora de la RETP-Red de Enfrentamiento a la Trata de Personas en la Triple Frontera que nació hace cuatro años para luchar contra esta realidad y como fruto de un trabajo previo de investigación. Se identificaron dos modalidades fuertes de explotación: una sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; y otra, la laboral, es decir, el trabajo esclavo. Pero la investigación también puso de relieve que muchas situaciones de abuso y explotación se habían naturalizado como parte de una economía de subsistencia.
Ella y otros miembros de la red, antes del confinamiento impuesto por la covid-19, recorría las comunidades fronterizas visibilizando las amenazas a las que estaban expuestas las jóvenes: “Lo que aquí ocurre es explotación sexual y trabajo esclavo a la vez. Y vimos que es esencial trabajar en red, independientemente pero pensando en la Amazonia como en un todo conectado”.
El confinamiento ha agravado aún más esta realidad. En su aspecto positivo, la pandemia ha implicado la cohesión comunitaria, pero las economías ilegales siguen operando y encuentran más grupos de jóvenes desocupados más fáciles de captar
Forero no está sola. Cuenta con personas que actúan como enlaces en las tres orillas de este enclave internacional. En Islandia (Perú), Ivanés Favretto, alerta siempre que ve algún movimiento extraño: “Islandia es conocida como la Venecia del Amazonas, por sus canales y sus casas en palafitos. Pero también es un enclave esencial para el tráfico de mercancías y de personas”. En Leticia (Colombia) es el padre Valerio Sartor, brasileño jesuita miembro del SJPAM-Servicio Jesuita a la Panamazonia y de la REPAM-Red Eclesial Panamazónica, quien ayuda a detectar, formar y sensibilizar sobre la trata para que se pueda evitar. “Es muy difícil poder rescatar a las personas que ya se han visto arrastradas a esa situación. Sin embargo, con los jóvenes y con las familias, podemos actuar antes”, dice el religioso. En Atalaia do Norte (Brasil) está la madrileña Marta Barral, que también lucha contra el maltrato machista y otro tipo de abusos. “Es siempre igual: los padres de los niños, las niñas y los más jóvenes de la comunidad son engañados. Alguien llega al poblado y les ofrece una vida mejor para los más pequeños de la casa, estudios o quizá un pequeño empleo y formación profesional para lograr algunos ingresos para la familia”, explica Barral.
La realidad de pobreza y necesidad de estas comunidades, en su mayoría indígenas, hacen que ese método siempre funcione, pues lo primero es la supervivencia. Pocos intuyen que detrás de esas promesas de una vida mejor se esconda la trata, la esclavitud, los abusos o el comienzo de un camino sin retorno. Por eso la sensibilización debe ser trasversal y generalizada y también el trabajo con la Justicia, porque a pesar de que muchos países tienen leyes contra la trata, es frecuente que las víctimas sean criminalizadas y los traficantes queden impunes.
Forero aclara que no es fácil cuantificar su acción, porque su trabajo se centra más en lo cualitativo. Pero da algunos datos: “En el primer semestre de 2019 se realizó prevención con más de 400 jóvenes en colegios. Llevamos procesos todo el año con 100 niños de nueve a 13 años, formándolos como "héroes defensores de vidas". Además, en encuentros bimensuales han participado 200 personas, sin contar otros talleres y visitas a las comunidades de los tres países, con un promedio de 150 personas presentes en esas actividades”.
En cuanto al compromiso de otros actores esenciales en el terreno, uno de los logros de la RETP es la firma conjunta del Manifiesto contra la trata que rubricó el compromiso contra la trata por parte de los tres obispos de las diócesis del Amazonas —dos de ellos españoles— por ser una realidad que “se ensaña en las comunidades y poblaciones más vulnerables”.
Mujer indígena y amazónica
“La mujer indígena amazónica es resiliente, inteligente, luchadora, hermosa y orgullosa. Siente, ríe, llora, se asombra, sufre y duda, como todas nosotras. La escuché exigir para sus hijos una educación que respete su cultura, los derechos de su pueblo, denunciar las injusticias y levantar la voz por la Madre Tierra. Está claro que no todas las mujeres en la Panamazonia son indígenas. Las hay ribereñas, quilombolas, mestizas y migrantes. Y muy lamentablemente muchas de ellas son víctimas de trata de personas, violencia y explotación sexual”, explica en un encuentro digital organizado durante el confinamiento Ariana Díaz Acuña, profesora de la Universidad Católica de Costa Rica, apasionada de la Amazonia y especialmente interesada en la situación de la mujer allí y su interrelación con el resto de contextos de la región.
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“Una vez visité una región minera donde contamos 11 prostíbulos en 1,5 kilómetros y luego nos informaron que en cada uno de ellos había de ocho a 10 jovencitas, la mayoría menores de edad y explotaban sexualmente", relata indignada Díaz Acuña. "¡No puede ser! El clamor de esas niñas está estrechamente ligado al clamor de la Madre Tierra”, exclama.
Fany Kuiru Castro es la única mujer murui de la Amazonía colombiana graduada como abogada. Es líder desde que tiene uso de razón, nos cuenta en Bogotá mientras la acompañamos a su oficina en la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia colombiana (OPIAC) en la que es coordinadora de la sección de Mujer, Niñez, Juventud y Familia.
El activismo de Fany y su influencia alcanza el ámbito institucional con incidencia política para garantizar las leyes que protegen a las comunidades, vigilar y alertar ante la vulneración impune de los derechos indígenas. Fany es una pieza clave en muchos paneles de discusión de los derechos indígenas y, en particular, de la mujer indígena. “Nuestra labor es dar a conocer a las mujeres indígenas sus derechos, a la soberanía alimentaria, a la alimentación sana y el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. Las motivamos para que sean emprendedoras, y a las que ya han llevado a cabo un emprendimiento local, orientarlas sobre cómo consolidarlo y darle más viabilidad a través de una economía propia, perspectiva de ecología integral, de solidaridad, de reciprocidad, con otra connotación distinta a la capitalista, que solamente desea lucrarse”, concluye Fany.
Sin duda, son muchas las voces que reivindican desde la Amazonia políticas sociales y acción ciudadana para fortalecer la protección de la frágil situación que viven estas niñas, niños y jóvenes que en esta crisis sanitaria mundial han visto incrementada su vulnerabilidad. La covid-19 está arrasando con su salud y también con sus derechos fundamentales.
***Este reportaje ha sido posible gracias a CIDSE y REPAM/
Fuente.-Diario Español/
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