El magistrado Raffaele Cantone, presidente del órgano del Estado italiano contra la infiltración de las mafias en la administración pública, aprueba en entrevista la cruzada del gobierno mexicano contra el robo de combustibles. Sin embargo, basado en su experiencia en la lucha contra los grupos delictivos de su país, advierte que sólo es un buen principio, que debe profundizarse con la transparencia de las dependencias gubernamentales para detectar a los corruptos, además de la autonomía del Poder Judicial y la contención de los conflictos de interés.
El robo de combustibles muestra cómo los grupos delictivos han capturado al Estado mexicano. Combatirlo es un buen inicio, pero no puede quedarse en la detención de quienes los recolectan o transportan desde las tomas clandestinas o centros de distribución. Hay que ir por todos aquellos que integran la cadena delictiva, incluidos empresarios, funcionarios y políticos, señala Raffaele Cantone, presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción (Anac), el organismo autónomo que se encarga de investigar la infiltración mafiosa en la administración pública en Italia.
La manera en que los grupos criminales se apoderan del aparato público y pasan a controlar recursos del Estado es algo que Cantone conoce desde el Poder Judicial, en el cual fue magistrado y director distrital antimafia en la región de Campania, asiento de uno de los principales grupos mafiosos de Italia, La Camorra.
Nacido en Sicilia, capital de Campania, Cantone se encargó de conducir las investigaciones que a principios de la década llevaron a la cárcel a un clan de la Camorra. Desde hace cinco años está al frente de la Anac, un órgano estatal independiente del gobierno y encargado de prevenir la corrupción en la administración pública, tanto en los gobiernos municipales y regionales como en el central.
En 2014, año en que fue nombrado por el parlamento italiano máxima autoridad de la Anac, se encargó de la investigación y disolución de una red criminal que se había apoderado del ayuntamiento de Roma, donde controlaba los contratos y licitaciones. El caso se conoció como Mafia Capital y derivó en la detención y encarcelamiento de 43 personas acusadas de asociación mafiosa.
De visita en México, invitado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODOC), Cantone se reunió la semana pasada con funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
También se encontró con el presidente del Senado, Martí Batres, en momentos en que el gobierno mexicano está embarcado en el combate al robo de hidrocarburos, un delito cometido durante años por la delincuencia organizada con el apoyo de distintas autoridades y de diferentes niveles de gobierno, sin que hasta ahora se haya desmantelado alguna de las entidades mafiosas involucradas.
El robo de hidrocarburos muestra cómo la administración pública se utiliza para fines privados. No es otra cosa que la captura del poder por parte de una organización criminal o económica, dice Cantone en entrevista con Proceso.
Pone como ejemplo el caso Mafia Capital, en el que un grupo criminal controlaba a funcionarios del gobierno romano. A través de ellos, ese grupo tenía en sus manos el sistema de licitaciones y de servicios públicos, incluido el de acogida de migrantes y el de asistencia social a grupos vulnerables.
Se trataba de una organización mafiosa fundada por el exterrorista de extrema derecha Massimo Carminati, quien al estilo de las mafias del sur de Italia, como la Camorra, la Cossa Nostra o la N’Dranghetta, tejió una red delictiva en todos los niveles del ayuntamiento. En ésta participaban autoridades políticas de la izquierda y la derecha, de manera que la mafia manipulaba la gestión de contratos y licitaciones. Los trabajos se hacían por encargo y las licitaciones eran directamente asignadas por el grupo delictivo, que tenía sus propios proveedores.
Carminati y 42 integrantes de su organización fueron detenidos en diciembre de 2014 y condenados a penas de hasta 20 años de prisión por formar parte de una asociación mafiosa que lucró con bienes públicos, fomentó la corrupción y generó violencia.
Si bien la Procuraduría de Roma inició la investigación judicial contra ese grupo mafioso, la Anac verificó a través de escuchas telefónicas la captura del aparato público por la organización de Carminati. Ahora la autoridad anticorrupción colabora con la municipalidad de Roma para evitar que ésta sea infiltrada nuevamente.
“La mejor manera de evitar que el aparato público sea capturado es trabajar en los temas de conflicto de interés y transparencia. Además, hay que intervenir en los procedimientos burocráticos que tengan más riesgo”, dice Cantone, ya que uno de los objetivos de las organizaciones delictivas es controlar la administración para hacerse de bienes públicos.
Autonomía judicial
El magistrado italiano responde a cuestionamientos relativos al combate del gobierno federal contra el robo de combustibles.
–El mundo está atestiguando cómo grupos criminales se apoderaron en México de los combustibles a cargo de la administración pública. ¿Cómo enfrenar un delito tan extendido y arraigado en el que hay muchos involucrados? –se le plantea.
–Primero, con represión. Pero las organizaciones criminales no pueden ser enfrentadas sólo con el aparato represivo. Es necesario confiscar lo proveniente de la actividad ilegal, los patrimonios ilícitos, no sólo de los criminales, sino también de los funcionarios y empresarios involucrados.
“Es obvio que en este caso estamos hablando de operaciones financieras de alto nivel. Hay que ver dónde está ese dinero. Si a través de las investigaciones verifico cómo se obtiene la gasolina, cómo se introduce en el mercado y quiénes son los usuarios y beneficiarios finales, estoy yendo más allá de quienes roban: estoy reconstruyendo toda la cadena que hace posible el delito.
“La mafia italiana es una cosa seria. Nosotros hemos logrado grandes resultados justamente interviniendo en su actividad económica, en el lavado de dinero. Los criminales saben que pueden ir a la cárcel, pero no quieren perder el patrimonio. Hay que trabajar muchísimo en las investigaciones para asegurar esos patrimonios. Tal vez sería necesario crear una fuerza policial con la capacidad técnica de llevar este tipo de investigaciones patrimoniales, además de tener normas rígidas de confiscación de todos los que participan en la cadena.”
–¿Es de esperar que México llegue a eso?
–Es inteligente ocuparse del robo de gasolina porque es una forma de demostrar a los ciudadanos que hay autoridad, pero no hay que detenerse aquí. Hay que reconstruir toda la cadena. Había que empezar por algún lado. El problema es comenzar. Los mecanismos virtuosos empiezan poco a poco.
–El problema está muy extendido, ¿se puede controlar en todo el país?
–Es necesario empezar por estas pequeñas cosas. Combatir el robo de combustible es una buena idea, pero es necesario continuar en toda la cadena.
–En las mediciones internacionales, México figura de forma permanente como un país cuya administración pública está muy permeada por la corrupción y capturada por intereses particulares. ¿Es posible revertir esa condición más allá de la voluntad presidencial?
–Se debe construir al paso. Se tiene que ir creando una administración pública fuerte e independiente. Hay que evitar el cambio continuo de las personas. En sentido estricto, la administracion debe ser competente y transparente al ciento por ciento y estar al servicio de los ciudadanos. La transparencia y la vigilancia, y control de los conflictos de interés son los dos pilares para una administración pública fuerte.
“Hay que empezar por las reglas de transparencia porque permiten que se conozcan los datos. Si un alcade o síndico tiene tres departamentos y 10 carros, alguien se tiene que preguntar por qué los tiene. Si la policía controla siempre a las mismas personas o lugares, se tiene que preguntar por qué lo hace así. Obviamente es parte del problema, pero hay que empezar por las reglas de la transprencia porque permiten a la sociedad civil participar en un proceso democrático.”
La manera en que se está evitando la infiltración de la administración pública italiana es mediante programas de prevención en cada dependencia, la amplia transparencia de sus actos y la limitación de los conflictos de interés de los funcionarios. Por supuesto, advierte el magistrado, la prevención tiene sentido si hay un Poder Judicial y una procuración de justicia independientes. La autonomía les da condiciones de intervenir. Es un sistema que está interconectado.
“La prevención significa generar anticuerpos dentro de la administración, sea local o central. Requiere de un mecanismo de amplia transparencia en el que cada entidad de la administración pública tiene que dar a conocer todos sus datos en su página electrónica. El propósito es que todos los ciudadanos estén enterados sobre la manera en que está operando”.
“En Italia”, dice, “cualquier ciudadano tiene el derecho de acceder y descargar la información. Cada dependencia da a conocer sobre todo los datos más sensibles de su gestión, incluidas las declaraciones patrimoniales de todos los altos mandos, ya sean políticos o administrativos. También se hacen públicas todas las licitaciones, contratos, consultorías y los actos que tengan un nivel de riesgo de corrupción. El propósito es que haya un mayor control ciudadano de la administración pública”, añade.
“La revisión de los actos de los servidores públicos también se hace a través de la limitación de los conflictos de interés”, dice el magistrado que fue designado presidente de la Anac con el apoyo unánime del Parlamento y a propuesta del gobierno de izquierda de Matteo Renzi. Para la designación del presidente de la Anac se necesita el apoyo de dos terceras partes del Parlamento. El nombramiento es por seis años, por lo que Cantone se mantiene en el cargo en el actual gobierno, una coalicion de una organización antisistema, el Movimiento 5 Estrellas, y la Liga, organización ultraderechista.
“La Autoridad Nacional Anticorrupción tiene un gran poder porque es una autoridad independiente y desvinculada de cualquier poder político”, afirma. “Tiene 300 empleados en todo el país y cuenta con la Guardia de Finanzas, una policía integrada por militares que se dedican a investigar los casos de infiltración criminal en el aparato púbico. Esa policía militar no hace operativos, sólo investiga. Si la Anac encuentra delitos, el caso se envía al Poder Judicial. Pero sí puede imponer sanciones pecuniarias, que son muy elevadas.
“La gran posibilidad de usar una fuerza de policía especializada es una gran ventaja. Es un organismo con mucha fuerza”, comenta.
Italia cuenta desde 2012 con una ley de denunciantes, lo que le permite a la Anac intervenir ante denuncias de particulares, asociaciones civiles o la oposición política en el parlamento, las municipalidades, gobiernos regionales o el gobierno central. También interviene a partir de investigaciones periodísticas o ante cualquier acto de violación administrativa; como ocurre con las personas que cobran sin ir a trabajar.
–¿Es recomendable una ley del denunciante para México?
–Sería muy útil, sobre todo en materia de transparencia. ¿De qué sirve tener muchas reglas si no se respetan? En los países donde la corrupción es muy baja no hay leyes draconianas, lo que hay es una gran transparencia. Si no se crea un mecanismo real de transparencia, que permita a los ciudadanos enterarse de los actos de la administración, las leyes no sirven para nada.
“La información no puede estar escondida. Tiene que estar al alcance de los ciudadanos y de la prensa para la rendición de cuentas. La primera razón de la transparecia es garantizar el trabajo de la prensa. Si se va a remodelar o construir un edificio, tenemos que saber de cuánto dinero se dispone y quiénes son los que tendrán el contrato.
“No puede haber una política contra la corrupción sin la transparencia, así lo dice la Convención de Mérida”, menciona Cantone en referencia a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, auspiciada por la UNODOC.
***Esta entrevista se publicó el 3 de febrero de 2019 en la edición 2205 de la revista Proceso.
