“No protegió a quien debía proteger” soltó
con pasmo el informante, al anunciarme la semana pasada que desde las oficinas
de la Secretaría de Gobernación habían pedido la renuncia de Enrique Galindo a
su cargo de comisionado en la Policía Federal.
Su destitución estuvo públicamente
relacionada con la cruda recomendación de la CNDH contra la Policía Federal por
la ejecución arbitraria de 22 civiles a manos de policías federales en
Tanhuato, Michoacán.
Su salida tiene, no obstante, un entramado
más oscuro.
En la versión confirmada por la CNDH con
base en indagatorias propias, los supuestos miembros del Cártel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG) fueron acribillados por policías federales el 22 de
mayo de 2015 en un rancho en Tanhuato, una localidad michoacana de 15 mil
habitantes, con casas grises y clima templado, que se ubica a menos de 10
kilómetros del estado de Jalisco.
El operativo dejó un policía y 42 civiles
muertos. Ocurrió tres semanas después de que un helicóptero Cougar de la Fuerza
Aérea Mexicana fue derribado por el CJNG, que ha fortalecido exponencialmente
su mega estructura de lavado de dinero y terror durante el sexenio de Peña
Nieto.
Varios vecinos del sitio donde sucedió el
ataque, con quienes hablé aquel 1º de mayo, resumieron su experiencia como
“haber visto una zona de guerra”.
Seis días después del operativo en que los
policías, ahora en la versión confirmada por la CNDH, llegaron incluso a quemar
vivo a uno de los civiles, Peña Nieto protagonizó un evento en un predio a
menos de 20 minutos en coche desde Tanhuato.
En Vista Hermosa, el mandatario daba el
banderazo de salida de México a 16 contenedores para exportación de SuKarne,
una compañía de Jesús Vizcarra, un empresario sinaloense que aceptó en 2010
haber aparecido en una antigua fotografía con Ismael “El Mayo” Zambada, uno de
los líderes históricos del cártel de Sinaloa, organización de narcotráfico que
tuvo al CJNG como su brazo armado.
Cuando los testimonios de los vecinos y las
filtraciones de documentos oficiales comenzaron a sugerir que los policías
habían ejecutado a los civiles en Tanhuato, Galindo se mantuvo firme en su
puesto, desde el que se quejaba siempre que podía, ante un pequeño círculo, por
la imposición de Frida Martínez Zamora como su secretaria general en la Policía
Federal, por órdenes del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong,
el mismo que este lunes anunció la separación de Galindo de su cargo.
Frida Martínez llegó al gobierno federal en
el actual sexenio, después de haber sido durante todo el periodo de gobierno
encabezado por Osorio Chong en Hidalgo, de 2005 a 2011, la directora general de
Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor en el gobierno
estatal.
En marzo de 2013, cuando Osorio ya fungía
como secretario de Gobernación, ella fue nombrada como jefa de la Unidad de
Administración, Finanzas y Desarrollo Humano en el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen), de acuerdo con su declaración patrimonial. Un
documento desclasificado, que publicó la revistaContralínea, revela que
allí devengó un salario de 189 mil pesos mensuales.
Varios empresarios y funcionarios me han
contado de ella con un gesto de disgusto. La describen como los ojos, oídos y
manos de Osorio Chong en la Policía Federal. “Ni un centavo se mueve allí sin
que pase por ella”, me advirtió hace poco uno de sus proveedores, quien debía
lidiar al mismo tiempo con el poder de Martínez y la frustración de Galindo. La
imposición de la abogada penalista también fue reseñada por el periodista
Raymundo Riva Palacio en su libro La segunda fuga del Chapo. Crónica de
un desastre.
Ante la salida del comisario, al menos
hasta ahora, la exempleada de Osorio mantiene su rango de suboficial y su
sueldo neto de 131 mil pesos mensuales.
Menos de 24 horas después del informe sobre
la violación a derechos humanos, la Policía Federal reaccionó a los graves
señalamientos de la CNDH con la detención en Guadalajara de Sergio Kurt
Schmith, operador financiero del CJNG. La detención –y no la recomendación de
la CNDH- marcó el punto final en el debate sobre la salida de Galindo, según
fuentes que solicitaron anonimato.
Durante varios días, la designación de un
sucesor se barajó entre dos funcionarios de la Policía Federal, que reportaban
directamente a Galindo: el titular de la División de Gendarmenía, Manelich
Castilla, y el de la División de Inteligencia, Omar García Harfuch.
La decisión sobre Castilla luce tan
inexplicable como la ratificación de Alfredo Castillo en la Conade, luego del escándalo
por los escasos resultados de los atletas mexicanos en las olimpiadas de Río de
Janeiro, por dos antecedentes principales: su cercanía con Carlos Slim y con
Genaro García Luna.
Castilla trabajó durante 12 años, entre
1997 y 2009, como ejecutivo y luego director en el programa Telmex-Reintegra,
parte de la Fundación Telmex, en la cual otorgaba fianzas a personas de escasos
recursos, para su reinserción social.
En 2009 llegó al gobierno federal como
inspector en la Secretaría de Seguridad Pública, que García Luna dirigía. Su
carrera como policía ascendió allí y se mantuvo este sexenio hasta dirigir la
Gendarmería, uno de los programas más anunciados por el gobierno de Peña Nieto,
que hasta ahora ha sido cuestionada por sus manejos de recursos, detectados por
la Auditoría Superior de la Federación y por la actuación de sus elementos
durante un enfrentamiento con simpatizantes del conflicto magisterial en
Nochixtlán, Oaxaca.
¿Qué hará quien estuvo encargado de sacar
presos de la cárcel con fondos de la Fundación Telmex, al frente de una de las
corporaciones más cuestionadas del sexenio? ¿Qué motivó a sus superiores a
nombrarlo en ese puesto, ante los retos de más cuestionamientos de derechos
humanos y un nuevo cártel súper poderoso a combatir?
La designación ha levantado las alarmas de
más de uno al interior del gobierno y, considero, debería hacerlo también en
algunos sectores de la sociedad que vive diariamente una presencia directa de
la Policía Federal en sus ciudades.
En sus antecedentes, Castilla será revisado
en primer término por su experiencia de campo en San Luis Potosí, una zona que
antes controlaron Los Zetas, el cártel de Sinaloa y ahora se ha convertido en
uno de los objetivos territoriales del CJNG.
En los próximos meses veremos si la
experiencia de Castilla como conocedor de la realidad de muchos presos en
México y como policía que ha ascendido en la corporación en pocos años, sirve
para hacer frente a las acusaciones contra la corporación, que aún faltan por
concretarse en recomendaciones y en informes de derechos humanos.
fuente.-Peniley Ramirez
