El PAN celebra las siete gubernaturas que ganó en los pasados comicios. Se desgañita presumiendo la alternancia y también la integridad de sus candidatos.
Pero un análisis detallado revela que seis de los siete gobernadores electos bajo las siglas panistas se forjaron y militaron en el PRI, están implicados en escándalos de corrupción, son parte de dinastías caciquiles o alfiles del peñanietismo.
Ellos demuestran, en resumen, el gatopardismo del sistema político mexicano.
Su origen está en el PRI, pero mediante el PAN –en alianza con el PRD y otros partidos– integran cacicazgos familiares que controlan diferentes fuerzas políticas en sus entidades. Algunos están marcados por escándalos de corrupción, y si bien el PAN se enorgullece de ellos por haber ganado gubernaturas en los comicios del domingo 5, casi todos los que fueron legisladores trabajaron activamente en favor de las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Más allá del festejo panista por arrebatar las gubernaturas en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, así como por la retención de Puebla, cuatro de sus candidatos –hoy gobernadores electos– son expriistas.
El caso más notable, por reciente, es el del quintanarroense Carlos Joaquín González, candidato de la alianza PAN-PRD, que hace apenas unos meses militaba en el PRI y era subsecretario de Turismo. Formaba parte del gabinete de Peña Nieto.
La carrera de Joaquín González –medio hermano del exdirigente nacional del PRI y actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell– abarca tres lustros, durante los cuales consiguió la alcaldía de Solidaridad, municipio conocido por su zona turística Playa del Carmen.
Al concluir su gestión en 2008, pasó de manera efímera por la Secretaría de Turismo estatal durante la administración del priista Félix González Canto. Y al año siguiente fue electo diputado federal, encargo que concluyó en 2012, cuando fue nombrado subsecretario de Turismo. Ahí se mantuvo hasta febrero pasado: renunció al puesto y al PRI después de que el gobernador actual, Roberto Borge, impulsara como su sucesor a Mauricio Góngora, finalmente derrotado el pasado domingo.
Otro caso reciente es el de José Antonio Gali Fayad, quien aún militaba en el PRI el pasado 9 marzo, cuando el PAN lo hizo candidato a gobernador de Puebla. El portal informativo de Proceso dio a conocer ese día que, tras una consulta en los padrones del PAN y del PRI, Gali aparecía como miembro activo de este último, con militancia ratificada en 2014, cuando ya era alcalde “panista” de Puebla, merced al impulso recibido por el gobernador Rafael Moreno Valle, también exprimiste.
Un caso más: Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo en Veracruz, es un político de larga trayectoria, que en 2003 renunció al PRI en medio de la sangría priista que produjo el desencuentro entre Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo.
Con una carrera política que se remonta a los setenta, escaló posiciones hasta que, en los noventa, inició su despegue: en una década fue diputado local, diputado federal, secretario de Gobierno con Patricio Chirinos; dos veces presidente del PRI en Veracruz, y director del Sistema Penitenciario Federal, al finalizar el gobierno de Ernesto Zedillo.
Ya fuera del PRI, en 2005 devino subsecretario de Gobernación y, al año siguiente, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las postrimerías del sexenio de Vicente Fox. Luego, al iniciar la administración de Felipe Calderón, director general del ISSSTE, donde se mantuvo hasta 2010, cuando como abanderado de la alianza PAN-PRD buscó y perdió la gubernatura de Veracruz.
Y finalmente está el caso de José Rosas Aispuro Torres, postulado por el PAN y el PRD en Durango. En 2010, el hoy gobernador electo aspiró infructuosamente a la candidatura del PRI, partido que encabezó en la entidad y donde desarrolló gran parte de su carrera política. Entre los puestos que ocupó están la presidencia del Congreso local, una diputación federal y una alcaldía de la capital.
Hombres del Pacto
“Si el Pacto por México se cumple, seremos una de las más grandes potencias del mundo y podremos resolver los graves problemas de desempleo, rezago social e inseguridad que afectan a nuestra patria”, dijo el entonces diputado Miguel Ángel Yunes Linares, en Tierra Blanca, el 3 de mayo de 2013, al iniciar una gira de promoción de las reformas por Veracruz.
Más allá del sentido de su voto, los gobernadores electos por el PAN, que en los años anteriores eran diputados o senadores, fueron activos promotores del Pacto por México, el paquete de reformas estructurales que Peña Nieto presume como el gran logro de su gobierno.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca –quien sólo ha militado en el PAN– era miembro de la comisión de Energía en el Senado cuando se aprobó la reforma en esa materia, y se convirtió en uno de sus asiduos promotores, tanto en México como en el extranjero. Así se mostró, por ejemplo, en el foro Líderes globales del sector energético, proyecciones y transformación de Estados Unidos y México, en Austin, Texas, todavía en abril pasado, cuando ya había solicitado licencia al Senado.
Lo mismo hizo el también panista Martín Orozco Sandoval, gobernador electo de Aguascalientes. El 5 de agosto de 2014 dijo: “Hoy, gracias a la innovación tecnológica de exploración, sabemos que México tiene la oportunidad de nuevo de crecer energéticamente; para aprovechar esos recursos se requiere tecnología de vanguardia, conocimientos especializados, pero sobre todo se necesitan reglas claras para que tanto las empresas productivas del Estado como el sector privado aprovechen con su máxima capacidad las fuentes de desarrollo que tenemos en este país”.
El activismo también provino del expriista José Rosas Aispuro. Cuando el Pacto por México peligraba por la salida del PRD de las negociaciones, a finales de 2013, él lo invitó a regresar:
“Es importante que el PRD vuelva a la mesa, si no del Pacto, sí del diálogo, para poder sacar las reformas”, declaró el hoy gobernador electo duranguense, quien también fue vicepresidente del Senado, y por lo tanto, uno de los encargados de delinear las posiciones panistas respecto de las reformas.
El único que se opuso y mantuvo una actitud crítica a las reformas pactistas fue el hoy mandatario electo de Chihuahua, Javier Corral.
Durante lo que Peña Nieto llama “el periodo reformador”, José Antonio Gali y Carlos Joaquín González no eran legisladores.
La marca de la corrupción
Durante sus campañas, los siete gobernadores electos el pasado domingo 5 que compitieron por el PAN hablaron sobre combatir la corrupción. Inclusive el miércoles 8, el dirigente nacional de ese partido, Ricardo Anaya, llamó a sus ganadores a llevar a la cárcel a exfuncionarios y exmandatarios corruptos.
Paradójicamente, los destinatarios del mensaje de Anaya Cortés acumulan señalamientos e inclusive procesos por corrupción. El caso más notable es el de Miguel Ángel Yunes.
El reportero de Proceso Álvaro Delgado informó el pasado 15 de abril que Yunes Linares está bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) acusado de enriquecimiento ilícito por la adquisición de propiedades que no pudo haber comprado con su salario de servidor público.
La investigación de Delgado se realizó a partir de información obtenida en el proyecto periodístico internacional #PanamaPapers –del cual este semanario formó parte–. Además de revelar que Yunes Linares creó una empresa offshore en un paraíso fiscal, dio pormenores sobre otras imputaciones.
En junio de 2011, y después de un rompimiento político, Elba Esther Gordillo (entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) acusó a Yunes de corrupción en el manejo de 50 mil millones de pesos entre 2007 y 2010, cuando Calderón lo puso al frente del ISSSTE, y exigió realizar auditorías a la institución.
La fortuna de Yunes Linares creció: en 2007, cuando Calderón lo ubicó en dicha institución de seguridad social, no poseía ni casa propia y en el banco tenía 498 mil pesos, según su declaración patrimonial. Pero al dejar el cargo era multimillonario.
Además, en una denuncia presentada en junio de 2013 ante la PGR por Manuel Espino, expresidente del PAN, se asevera que Yunes Linares es titular de cuatro cuentas bancarias en Estados Unidos por 6 millones 57 mil dólares, según los estados de cuenta a su nombre que llegaban a un domicilio, supuestamente de su propiedad, en Miami Beach, Florida. También se le atribuyen propiedades inmobiliarias.
La denuncia describe que las empresas Veracruzana de Bienes Inmuebles, S. A. de C. V. y Proxislomg Pralo, S. A de C. V. –cuyos administradores son la esposa de Yunes Linares, Leticia Isabel Márquez Mora, y su hijo menor, Omar Yunes Márquez–, adquirieron siete predios en las mejores zonas de Boca del Río y Alvarado, Veracruz.
Pero Yunes no es el único que durante el sexenio de Calderón gozó de beneficios. Está el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien el semanario tamaulipeco Hora Cero vinculó con Desarrolladora Cava, una compañía conformada por su madre y un hermano, que entre 2010 y 2012 recibió 19 millones 321 mil 180 pesos en contratos de obra pública. Una consulta realizada por esta revista a las plataformas de transparencia permitió identificar que, concluido el sexenio calderonista, ya no tuvo más contratos.
El mismo Álvaro Delgado documentó, desde 2013, otro boom en la fortuna de José Antonio Gali, que mientras era secretario de Infraestructura en el gobierno de Moreno Valle pasó de 23 a 77 millones de pesos. Además, el funcionario se hizo de departamentos de lujo en Acapulco y Miami.
Finalmente queda el caso de Martín Orozco Sandoval, ganador por el PAN de la gubernatura de Aguascalientes. Desde 2010 enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias. La historia se remonta a su periodo como alcalde de la capital hidrocálida, en 2007, cuando se permutó un terreno propiedad del municipio por otro de la empresa Fruideo, de la que Orozco y uno de sus hijos son socios. Ya permutado, el ayuntamiento presidido por Orozco autorizó el cambio de uso de suelo a comercial.
Por ese asunto se liberó una orden de aprehensión de la que se salvó mediante una suspensión definitiva. El proceso no avanzó, pues Orozco consiguió fuero como senador a partir de 2012, y ahora será gobernador.
Lazos familiares
El caso del gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, es representativo en cuanto a clanes familiares en el poder: su hermano Pedro Joaquín Coldwell es secretario de Energía, cargo al que llegó después de encabezar la dirigencia nacional del PRI durante la campaña presidencial de Peña Nieto.
La familia Joaquín es importante en Quintana Roo. Pedro fue diputado constituyente de dicha entidad en 1974 y gobernador de 1981 a 1987. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue secretario de Turismo; asumió luego la Secretaría General del PRI; y fue comisionado para la Paz en Chiapas hasta 1998, cuando se le nombró embajador en Cuba.
Por entonces, su hermana Addy era diputada federal priista, electa en 1997, y justo cuando Pedro fue designado embajador, ella intentó infructuosamente ser candidata al gobierno del estado. En 2000 se convirtió en senadora por el PRI, partido al que renunció en 2005 cuando, por segunda vez, fracasaron sus empeños por buscar el gobierno estatal, y contendió por el PAN, sin éxito.
En 2006 Pedro Joaquín la sustituyó en el Senado. Ese año, mientras él hacía campaña postulado por el PRI, ella luchaba por una diputación federal por el PAN. Ambos lo consiguieron.
Un año antes empezó a despuntar la carrera política de Carlos, quien ganó por el PRI la alcaldía de Solidaridad. Al concluir su gestión en 2008, pasó de manera efímera por la Secretaría de Turismo en el estado, dirigido por el priista Félix González Canto, a quien Addy le había disputado la gubernatura.
El caso de los Yunes en Veracruz se parece al de los Joaquín en Quintana Roo, pues la parentela del hoy gobernador electo amplió su influencia a diferentes partidos:
Su hijo homónimo fue diputado local en 2004 y alcalde de Boca del Río en 2007 –y otra vez en 2013– por el PAN. El otro hijo, Fernando, trabajó en la PGR durante el sexenio de Calderón, y fue diputado local entre 2010 y 2012, cuando se convirtió en senador por Veracruz, también por el PAN.
La elección veracruzana de 2012 al Senado anticipó lo que terminó ocurriendo el pasado domingo 5, pues mientras un hijo de Yunes Linares contendía por el PAN, su primo, Héctor Yunes, lo hacía por el PRI. Los primos, vidas casi paralelas en el sistema desde los setenta, se enfrentaron este año en Veracruz. Ganó Miguel Ángel.
Para acabar está el caso de José Antonio Gali, a quien se ubica como operador del actual mandatario poblano, Rafael Moreno Valle. La familia de Gali también se ha interesado por la política: su hijo, Antonio Gali López, fue diputado local del PRD y es secretario de Fomento Económico en Puebla.
En tanto, Jorge Estefan Chidiac –expresidente del PRI en la entidad, actual director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, designado por el titular de Hacienda, Luis Videgaray– es concuño y amigo íntimo del gobernador electo de Puebla.
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