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viernes, 13 de marzo de 2015

"El Z-42"...de LADRON de AUTOS a MAXIMO "LIDER ZETA"...la impunidad los prohija.



Omar Treviño Morales, el "Z-42", detenido la semana pasada en San Pedro, comenzó su carrera delictiva robando coches y, eventualmente, se convirtió en el "máximo líder" de los Zetas y en uno de los capos más violentos de todo el País.

Monterrey,N.L 13/Mar/2015 Según fuentes del Distrito Federal allegadas a la investigación de la captura, después de dedicarse a robar vehículos, Treviño escaló a cometer extorsiones.

El capo llegó después a Coahuila, señalaron, donde incursionó en el tráfico de personas hacia Estados Unidos y en la ordeña de combustibles.

Treviño, de 38 años de edad y originario de Nuevo Laredo, fue trasladado el domingo por la PGR al Penal del Altiplano en el Estado de México.

Su ascenso se dio a la par del liderazgo que mantenía su hermano Miguel Ángel, el "Z-40", en la organización delictiva.

Cuando el "Z-42" estaba en Piedras Negras y Monclova se registraron hechos de violencia extrema, y se le atribuyen secuestros y homicidios en Nuevo Laredo, entre el 2005 y el 2006.

Se le responsabiliza, además, del tráfico de cocaína a Estados Unidos, por lo que enfrenta cargos criminales en Washington y Texas.

El capo detenido en San Pedro es considerado uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León y Tamaulipas, hecho que era catalogado como un riesgo por el "Z-40".

"El propio Miguel Ángel Treviño aceptaba que tenía que controlar a su hermano Óscar Omar para que no le calentara las plazas", explicó una de las fuentes.

Tras la captura del "Z-40" en el 2013, Omar asumió el control en la organización criminal.

"(Pero) nunca tuvo el reconocimiento al interior de los Zetas que sí tenía su hermano, debido a su proclividad a los castigos extremos".

Incluso, añadió el informante, varios detenidos declararon que el "Z-42" maltrataba a los propios miembros de su grupo criminal.

"Y no pagaba la nómina ni distribuía ganancias", agregaron.

Al "Z-42" se le atribuye haber participado en el secuestro y asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, así como en el incendio del Casino Royale, en Monterrey, donde murieron 52 personas el 25 de agosto del 2011.

El capo fue capturado por autoridades federales la madrugada del 4 de marzo en una residencia de la Colonia Fuentes del Valle, en San Pedro, en un operativo que incluyó la detención de su operador financiero, Carlos Arturo Jiménez, en una casa en la Colonia Residencial San Agustín, y de cuatro presuntos cómplices.

Al líder de los Zetas se le vinculó con otras dos casas una en el Fraccionamiento Olinalá, en San Pedro, y otra en el Fraccionamiento La Herradura, al sur de Monterrey, así como con dos bodegas en la Colonia Alfareros.

Tras permanecer custodiadas por el Ejército durante varios días, las bodegas y la casa de Olinalá fueron aseguradas por la PGR la noche del miércoles y la madrugada de ayer, exhibiendo sellos oficiales.

En la casa de Residencial San Agustín también se colocaron sellos.

Una de las bodegas, donde el capo guardaba vehículos, motos acuáticas y una lancha, ayer lucía vacía y sin presencia militar.

Previamente, al capo y a Jiménez les habían decomisado al menos dos helicópteros de lujo y un avión en La Casa Verde, en San Pedro, y en el Aeropuerto del Norte.

Fuente.-El Norte

"GENDARMERIA" parece "POLICIA de APARADOR" dice el PRD...parece ?


El sector industrial de la zona sur requiere de operativos de la Gendarmería Nacional para evitar el robo de insumos e hidrocarburos, recalcó el PRD de Tamaulipas.
Ciudad Madero,Tam.-13/Mar/2015 Alberto Sanchez Neri, presidente del PRD en la entidad, dijo que la Gendarmería parece policía de aparador, pues el robo a industriales y la ordeña en Pemex continúa.
Expuso que los federales no se la pasan mal ya que están hospedados en hoteles cinco estrellas y dan pláticas en escuelas de la zona.
En las últimas dos semanas se han registrado derrames de combustible en González y Altamira, a causa de tomas clandestinas.
Fuente.-Milenio


jueves, 12 de marzo de 2015

ACUSAN por "LAVADO de DINERO " en E.U a PABLO ZARATE...politico PRIISTA ligado a YARRINGTON


Pablo Zárate Juárez, ex director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, fue acusado hoy de lavado de dinero, anunció el Fiscal federal, Kenneth Magidson.

La acusación penal es el resultado de los esfuerzos de agencias federales.

Corpus Christi,TX.-12/Mar/2015 Zárate fue nombrado para el cargo de director del ITAVU por el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba.

"ITAVU es el departamento en Tamaulipas responsable de apoyar a los residentes de bajos ingresos con programas de vivienda y programas de financiamiento", dijo Magidson.

Detalló que hubo una demanda verificada civil presentada anteriormente para el decomiso de una aeronave Pilatus Aircraft modelo 2005, con número de serie N679PE.

El avión, dijo, es el mismo que también aparece en el aviso de confiscación en la acusación penal pendiente contra el ex Gobernador de Tamaulipas.
Precisó que en el caso civil, se alega que Yarrington es el verdadero propietario y que compró la aeronave a través de varios prestanombres en un esquema de lavado de dinero.

En la acusación se alega que las ganancias lavadas incluyeron dinero de un cártel de la drogas.

"Agentes especiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) a menudo investigan planes financieros complejos con el fin de desarticular y desmantelar las operación", dijo el agente especial a cargo, Janice Ayala, en San Antonio.

"Estas investigaciones pueden privar a las organizaciones de disfrutar de los frutos de estas ganancias ilícitas y evitar que la promoción de la empresa criminal a la que pertenecen.
"HSI continuará investigando agresivamente los fraudes financieros que ponen en peligro la integridad de nuestro sistema financiero", indicó.

El Fiscal general dijo que si Zárate Juárez es declarado culpable de la conspiración de lavado de dinero enfrenta hasta 20 años en prisión federal y una posible multa de 500 mil dólares o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados en las transacciones o ambos.
En caso de encontrarse culpable de fraude bancario, la condena sería de hasta 30 años en prisión federal y una multa de 1 millón de dólares.
Zárate no está en custodia de Estados Unidos y una orden judicial sigue pendiente para su arresto.


Son 7 los POLICIAS FEDERALES "DETENIDOS por EXTORSION" en MATAMOROS ...21 en una SEMANA,


A menos de una semana de que 14 elementos de la Policía Federal que llegaron a reforzar la estrategia contra el crimen en Tamaulipas fueran detenidos en esta frontera por el secuestro de un empresario, hoy siete más fueron arrestados por privar de su libertad y extorsionar a un ex funcionario municipal.

Matamoros,-12/Mar/2015 Saúl Hernández Bautista, quien se desempeñó como director de Protección Civil, en la administración priista del ex Alcalde Erick Silva Santos (2008-2010), denunció ante la Procuraduría General de la República a los agentes.

Dijo que el martes por la noche cuando circulaba en su camioneta por la Avenida Roberto Guerra fue abordado por la unidad 17229 de la Policía Federal.


Los agentes lo subieron a la patrulla y le quitaron su cartera, mientras que otro se llevó su camioneta.

Posteriormente, detalló, lo mantuvieron privado de la libertad durante dos horas afuera de una escuela preparatoria, ubicada en la Avenida Universidad, al norte de la ciudad.

Hernández declaró que uno de los agentes le pidió la contraseña personal de la única tarjeta que traía consigo para hacer retiro de efectivo en un cajero automático.

Después acordaron liberarlo con la amenaza de volverlo a detener si el miércoles por la mañana no les entregaba 50 mil pesos en efectivo.

"Acordamos vernos cerca del aeropuerto a las 10 de la mañana (sic), me hablaron y me dijeron que le diera para el Aeropuerto y ahí les entregué el dinero", indicó.

Personal de la Dirección de Asuntos Internos e Investigación de la Policía Federal al mando del comandante Eduardo Góngora Espinoza, montaron un operativo en el Aeropuerto Internacional Servando Canales, donde detuvieron a los agentes.

De acuerdo con una fuente de la PGR, los billetes que el ex funcionario les entregó a los federales estaban marcados, por lo que se confirmó la extorsión.

Los agentes fueron llevados a las instalaciones de la PGR, donde se espera que hoy rindan su declaración.


Otra vez FEDERALES SECUESTRANDO...otra vez MATAMOROS,otra vez DETENIDOS !!!


El pasado martes Policias Federales secuestraron y extorsionaron al Empresario y Ex Comandante de la PGR SAUL HERNANDEZ BAUTISTA .

Matamoros,-12/mAR/2015 El día de hoy que  citaron a los familiares para pagar el rescate se monto un Operativo por parte de la Direccion  General de Asuntos Internos e Investigaciones de la Policia Federal y lograron la detención de los Policías Federales que tenían secuestrado al Ex Comandante de la PGR SAUL HERNANDEZ BAUTISTA, ya están en calidad de detenidos en las Oficinas de la PGR.



En 8 AÑOS la PGR solo ha consignado "1 de cada 100 casos de TORTURA"...falta de eficiencia o de interés ?


En ocho años, la Procuraduría General de la República (PGR) apenas consignó 1 de cada 100 casos de presunta tortura y solo en la tercera parte de las averiguacionesrealizó el peritaje que marcan los estándares internacionales.
Mexico,D.F 12/Mar/2015 Según cifras de la PGR reveladas vía transparencia, de 2006 a 2013 se iniciaron mil 319 averiguaciones previas por casos de presunta tortura cometida por autoridades federales, ya sean soldados, marinos, policías o agentes del Ministerio Público. No obstante,sólo 12 se consignaron ante un juez, es decir, el 0.9% del total o 1 de cada 100 denuncias. Además, aunque la PGR no precisa en cuáles, algunas de estas consignaciones fueron sin personas detenidas.
Cifras incluidas en la solicitud de información 0001700136214 revelan que sólo en 2013, el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la PGR reportó el inicio de mil 064 averiguaciones previas por presunta tortura, mientras que en los siete años anteriores sólo se registraron 255 en total.
Sin embargo, las mismas cifras muestran que este incremento en casos abiertos por presunta tortura no se vio reflejado en los resultados. En 2013 se consignaron únicamente 4 averiguaciones, la misma cantidad que en 2010, año en el que se realizaron sólo 18 averiguaciones previas.



El 22 de  noviembre del 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam reconoció en una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación que existía un desorden en el mecanismo de apertura de las denuncias, incluso con supuestos casos duplicados,  situación que en lugar de agilizar las investigaciones las entorpecía.
Este lunes 9 de marzo se dio a conocer el informe final del relator especial contra la tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, el cual advirtió que la tortura, además de ser una práctica generalizada en el país, ocurre “en un contexto de impunidad”, situación que es “un aliciente para su repetición y agravamiento”.
¿Y el protocolo para acreditar tortura?
En otra solicitud de información, folio 0001700000614, la PGR reportó a través de su Coordinación General de Servicios Periciales que de 2006 a 2013 aplicó el dictamen médico y psicológico que marca el  Protocolo de Estambul,  herramienta vital para reconocer si una persona fue torturada, en un total de 447 casos.
Si se cruza esta cifra con las mil 319 averiguaciones previas abiertas, se advierte  que aun cuando se considere que por cada expediente hubo un peritaje, dos de cada tres casos se quedaron sin el procedimiento del Protocolo de Estambul.
Una memoria documental dada a conocer por la misma PGR en noviembre del 2012 bajo el título Dictamen Médico /Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato, presumía que México adoptó desde el 2003 el protocolo y que su aplicación era obligatoria.
“México fue el primer país en el mundo en llevar a cabo el proceso de contextualización del Protocolo de Estambul, mediante su adopción en agosto de 2003, a través del Acuerdo A/057/03 que vuelve obligatoria la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico en las investigaciones federales a cargo de la Procuraduría General de la República” dice el documento.
Esto significa que en cualquier averiguación previa iniciada a nivel federal, como las mil 319 abiertas en ocho años, debieron aplicarse los peritajes que marca el protocolo.
Dos problemas: la ley y los que investigan
El combate a la tortura en México tiene dos obstáculos: una ley incompleta y obsoleta yfalta de independencia en las investigaciones, según el análisis de la experta en Derecho Penal y consultora de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSyDE), Isabel Martínez Álvarez.
La especialista recordó que en México existe la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, pero esta data de 1991 y su última reforma fue en el 94. Dicha ley no incluye todos los estándares marcados por la Convención Interamericana para Prevenir y sancionar la Tortura, y menos lo dictado en tratados más recientes.
Por ejemplo, el artículo 3 de la ley en México dice textual:
 “Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión”.
Esta definición trae una condicionante de “gravedad” que no existe en la definición de tortura marcada en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,  el cual  sanciona cualquier tipo de maltrato. “¿Quién define qué es grave o no? Resulta que la misma autoridad”, señaló Martínez Álvarez.
Otro obstáculo en México es que existen 31 códigos o leyes distintas para sancionar la tortura, las de los estados, con definiciones que  no están homologadas.  El peor caso es el de Guerrero donde el delito no está ni tipificado.
El otro tema es el de la investigación.  De acuerdo con el informe del relator de Naciones Unidas, en México existe tolerancia o complicidad de los funcionarios para no resolver los casos.
Martínez Álvarez subrayó que dicho problema radica desde el mismo diseño  del sistema de justicia, pues  en la mayoría de los casos los peritos y agentes ministeriales que investigan son de la dependencia acusada.  Es decir, se convierten en juez y parte.
“Por ejemplo, el problema con el protocolo de Estambul es que lo hacen peritos del Estado. Le estás diciendo a la misma persona que trabaja para la institución torturadora que te haga un peritaje y de hecho las convenciones lo que te hablan es que el perito tiene que ser imparcial”, dijo la especialista.
Fuente.-AnimalPolitico

Cuestionan "EXAMEN de CONFIANZA" de DIRECTOR de la "PME" de SINALOA y amenaza a REPORTERO de TELEVISA.






El director  de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, amenazó a un reportero corresponsal de Televisa en Sinaloa en las instalaciones de la Unidad Antisecuestros que fue inaugurada hoy por autoridades federales, estatales y municipales.

Sinaloa,MX.-12/Mar/2015 En el evento, Aguilar Íñiguez fue cuestionado por su resultado de negativo en la aprobación del examen de Control y Confianza. Se limitó a decir que él había sido “aprobado por la confianza del Gobernador [Mario López Valdez]”, y posteriormente amenazó al reportero Enrique Gil Vargas, corresponsal de Televisa en Sinaloa, pidiéndole que no se metiera con él. 
Le dijo que le diera “día y hora para un enfrentamiento”.
Aguilar Íñiguez fue retirado por Moisés Melo García, coordinador general de Seguridad Pública en Sinaloa, para tratar de evitar un conflicto entre el servidor público y los reporteros.
Hace unos días se dio a conocer que Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, no fue aprobado por la Evaluación de Control y Confianza y, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debió haber sido despedido desde el pasado el 31 de octubre.
Pero “Chuy Toño”, como se le conoce, sigue allí.
En respuesta a la solicitud de información del periódico Noroeste con folio 0001700302414, a través del sistema Infomex, la Procuraduría General de la República (PGR) contestó que Aguilar Íñiguez no está aprobado en sus exámenes, situación que lo obligaría a iniciar proceso administrativo para darse de baja de la corporación.


El 30 de octubre de 2014, 3 mil 798 policías de corporaciones estatales y municipales fueron inhabilitados para iniciar su proceso administrativo, debido a que así lo estableció el programa de depuración policiaca, lo que generó inconformidades de elementos que fueron despedidos, quienes incluso organizaron marchas y plantones para pedir otra oportunidad.
Esta no sería la primera vez que Aguilar Íñiguez resulta No Aprobado para ser policía, pues en enero de 2011 obtuvo el mismo resultado, por lo que Mario López Valdez, Gobernador, solicitó segunda evaluación, misma que se aplicó en abril de ese año. El resultado fue el mismo. Noroeste solicitó una entrevista telefónica con Aguilar Íñiguez para conocer su versión, en la que sólo aseguró que su trabajo ha dado resultados.
–El documento dice que usted no está aprobado.
–Pues quién sabe, pero aquí estoy trabajando, ¿eh?
–¿Eso no afecta a la corporación?
–Pues yo digo que no, aquí ando, ya tengo 4 años y con resultados, ahí están los resultados, es lo único que te puedo decir, luego te marco… –colgó la llamada.
De acuerdo con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el 7 de mayo de 2013, Aguilar Íñiguez volvió a realizar la evaluación en esa entidad. Pero el resultado que mantiene la PGR es el de No Aprobado.
El Gobierno de Sinaloa desacata la ley y los acuerdos federales al mantener a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez como director de la Policía Ministerial del Estado, aun y cuando reprobó el examen de control y confianza, aseguró Raúl Guillermo Benítez Manaut. Además, dijo el presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C., pone bajo sospecha al Gobernador Mario López Valdez por encubrir al mando policiaco.
Noroeste documentó que Aguilar Íñiguez no aprobó el examen de evaluación de Control y Confianza, por lo que está obligado a dejar su cargo e iniciarle un proceso administrativo como lo tienen 3 mil 789 policías ministeriales, estatales y municipales por esa misma razón, luego de que así lo decretó la Presidencia de la República en el Programa de Depuración Policiaca.
“El Estado en sí no está en un riesgo mayor o menor si ese señor [Chuy Toño] sigue allí, lo que pasa es que no está en favor esto ni de la profesionalidad ni de los acuerdos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene en las comisiones que plantean el Control y Confianza, ni nada por el estilo”, expresó Benítez Manaut.
Sostuvo que la falta de sanción por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública al Estado pone en evidencia una señal de corrupción, luego de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad obliga a que los policías reprobados dejen las corporaciones.
No obstante, esta legislación, donde se incluye el decreto de Depuración Policial, no señala sanción alguna a las entidades por caer en desacato, solo que el Secretariado Ejecutivo debe hacer una aclaración correspondiente en abril de este año.
“Es un desacato tremendo de los acuerdos federales, de los acuerdos de la Conago que tiene la Federación, y también pone en duda las políticas que toma el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque muchos gobernadores no acatan las políticas de Control y Confianza”, expresó.
El Gobernador resaltó ayer el trabajo realizado por “Chuy Toño” y anunció que seguirá al frente de la PME a pesar de haber reprobado.
Por su parte, el Procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, desconoció el resultado de No Aprobación en la evaluación de Control y Confianza que tiene Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado, ante PGR.
El funcionario dijo que no está informado sobre el resultado de la evaluación, al asegurar que no pertenece a su cadena de mando. Sin embargo, señaló que los policías que no están aprobados en la evaluación y que iniciaron un proceso administrativo el 31 de octubre, aún se mantienen en funciones y con su pago correspondiente al estar amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Para Benítez Manaut, la declaración de López Valdez es de encubrimiento, que pone incluso bajo sospecha su relación y mando en un contexto donde estados como Guerrero y Michoacán han tenido repercusiones en la seguridad por tener directivos no aptos y no aprobados ante los filtros de la federación.
“El problema es que da mucho a qué sospechar, de que el Gobernador también esté participando en las relaciones que tiene con este señor, pues la contundencia con que él lo defiende abre muchas dudas, nos deja la señal de interrogación”, señaló.

Fuente.-Noroeste/SinEmbargo