La cancelación de una visa a un ex-dirigente partidista de MORENA, hijo del ex-presidente Andres Manuel Lopez Obrador, se convirtió, por obra y gracia de la retórica oficialista, en una emergencia diplomática nacional. Andy López Beltrán no recibió una explicación pública sobre su caso, pero el ya encontró una: Estados Unidos estaría preparando una “inminente embestida” contra la soberanía mexicana. Y, como si hiciera falta solemnidad, 24 gobernadores y la jefa de Gobierno se encargaron de ponerle coro, membrete y dramatismo institucional.
De visa personal a crisis de Estado: el nuevo manual de la soberanía selectiva
A Andrés Manuel López Beltrán le suspenden la visa estadounidense y, de inmediato, el episodio deja de ser un asunto personal, administrativo o migratorio para ascender —en tiempo récord— a la categoría de agresión contra México. No contra Andy, no contra un militante de Morena, no contra un ciudadano que tendría derecho a explicar su caso: contra la patria entera.
La operación discursiva es impecable, aunque no precisamente convincente. Primero se informa que Estados Unidos retiró la visa; después el junior del ex-presidente proclama que eso confirma una “inminente embestida” contra la soberanía nacional; enseguida aparece la presidenta Claudia Sheinbaum y finalmente el aparato territorial de Morena, gobernadoras y gobernadores incluidos, para advertir que “no permitirán la injerencia extranjera”. La visa de un hijo de expresidente termina así convertida en patrimonio nacional. El pasaporte es privado, pero la indignación ya es de Estado.
Andy llama a organizarse frente a gobiernos extranjeros, especialmente el de Estados Unidos. Los mandatarios de Morena responden con un desplegado que reivindica la justicia social, la democracia, la independencia y el derecho de México a decidir libremente su destino. Nada menos. El detalle incómodo es que el comunicado no explica qué acto concreto de intervención extranjera se cometió, más allá de una decisión migratoria tomada por otro país respecto de una persona específica.
Porque conviene recordarlo: una visa no es una condecoración diplomática ni un derecho constitucional mexicano. Es un permiso de entrada que otro Estado concede, rechaza, revoca o condiciona conforme a sus propias normas.
Se puede cuestionar la opacidad, pedir claridad y exigir respeto al debido proceso cuando corresponda; lo que resulta difícil de sostener es que toda medida consular adversa contra un miembro de la familia política más poderosa del país equivalga automáticamente a un ataque contra la independencia nacional.
Pero en la liturgia de la 4T hay categorías especiales. Si le ocurre a un ciudadano anónimo, es un trámite. Si le ocurre a Andy, es geopolítica. Si la visa se retira a un hijo del expresidente, entonces la soberanía se pone en guardia, los gobernadores publican manifiestos y la palabra “patria” sale a trabajar horas extra.
El pronunciamiento de las y los mandatarios afirma que no abandonarán “al pueblo ni sus causas más nobles” y que no cederán ante amenazas, campañas de desinformación o intereses particulares. La frase tendría más fuerza si no apareciera justo cuando el interés particular que concentra la atención es el de un ex-dirigente partidista que busca convertir su problema migratorio en una causa colectiva. La solidaridad política es legítima; la desproporción, en cambio, es evidente.
Más aún: el documento acusa a sus críticos de no tener “autoridad moral” por presuntos vínculos históricos con corrupción, intereses económicos o crimen organizado, pero no presenta hechos, pruebas ni nombres. Es el recurso más cómodo de la propaganda: cuando faltan explicaciones sobre el caso propio, se revive el expediente moral del adversario. No se responde qué ocurrió; se acusa a quien pregunta.
Y luego está la frase final, con toda su carga intimidatoria: “A los traidores a la patria siempre los juzga la historia”. En un país donde deberían caber la crítica, la fiscalización y las preguntas incómodas, el oficialismo vuelve a repartir certificados de patriotismo desde el poder. Quien se solidariza, es defensor de la soberanía; quien cuestiona, queda peligrosamente cerca de la traición. Así se administra la discusión pública cuando el argumento escasea: se eleva el tono, se sacude la bandera y se busca que nadie pregunte por el fondo.
La soberanía nacional no se defiende confundiendo una visa con un acta de independencia. Tampoco se fortalece cuando decenas de mandatarios estatales convierten un episodio individual en una cruzada épica, sin aportar una sola evidencia de intervención extranjera contra las instituciones mexicanas.
El país enfrenta desafíos reales de seguridad, corrupción, impunidad, dependencia económica y presión internacional. Reducir la soberanía a la situación migratoria de Andy López Beltrán no la dignifica: la trivializa.
Quizá el verdadero problema no sea que Washington haya retirado una visa, sino que Morena haya decidido que el país entero debe tomarlo como si hubieran retirado la dignidad nacional. Y no: México no es una extensión del círculo familiar del poder, ni la soberanía un salvoconducto político para evadir preguntas.
Con información: ELNORTE/
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