El otro lado de la moneda no es menos nauseabundo: mientras la Guardia Estatal de Tamaulipas acumula señalamientos por cateos ilegales, abusos y una lógica de fuerza que el propio diagnóstico oficial del Censo Nacional de Seguridad Publica Estatal y Federal 2026, no alcanza a maquillar, el crimen organizado presume músculo y pretende decidir hasta quién come, quién carga gasolina y quién puede ser atendido en un negocio en esta entidad, donde el ciudadano, como siempre, queda atrapado entre la charola que atropella y el criminal que dicta órdenes.
La frontera bajo chantaje
De acuerdo con trascendidos recientes, en Camargo, Miguel Alemán y Gustavo Díaz Ordaz —aunque Reynosa no ha sido la excepción— circulan denuncias de que restaurantes, tiendas de conveniencia, supermercados, gasolineras y otros comercios, como vulcanizadoras, han recibido amenazas o instrucciones para negar alimentos, combustible e incluso la reparación de llantas dañadas por ponchallantas, entre otros servicios, a elementos de la Policía Estatal y donde el gobierno mismo ha detonado conflictos por sus malos oficios.
Si esto se confirma, oficialmente, no se trata de una simple amenaza más en el catálogo del terror fronterizo. Es un desafío frontal a la autoridad y una muestra de que, donde el Estado abandona sus obligaciones, alguien más ocupa el mostrador, la calle y la decisión de quién puede comprar un litro de gasolina o traficarlos a sus anchas.
No hay eufemismo que alcance: una organización delictiva bajo el liderazgo de un consumado criminal organizado que despacha desde Jalisco bajo acecho de EE.UU, no puede convertirse en árbitro del comercio ni imponer castigos colectivos a punta de miedo en nombre de su tradiciónal alianza, lo mismo con el pasado gobierno de Cabeza de Vaca,que con Americo Villarreal.
Menos aún cuando los destinatarios indirectos de la represalia son trabajadores y pequeños comerciantes que no tienen escoltas, blindajes ni conferencias de prensa; apenas tienen un negocio que abrir al día siguiente y una familia a la que proteger.
Policías entre abuso y abandono
La contradicción es brutal. Hay elementos de la corporación estatal que deben ser investigados por presuntos cateos ilegales, excesos y prácticas incompatibles con su obligación de proteger a la población, pero muy semejantes a las empleadas por el crimen organizado . La credencial no borra los abusos, ni el uniforme concede licencia para entrar a casas, intimidar ciudadanos o convertir la seguridad en una cuota de obediencia.
Pero una cosa no absuelve la otra.
Que existan agentes bajo sospecha y también bajo proceso, no convierte a toda la corporación en objetivo legítimo del crimen organizado. Impedirles comprar comida o cargar combustible no es justicia ni resistencia civil: es una táctica de asfixia para debilitar la capacidad operativa del Estado y exhibir quién mandaba y sigue mandando en la Frontera Chica y la grande.
Y ahí está el resultado de años de inacción, omisiones y arreglos de escritorio: una policía con sectores cuestionados, comunidades aterrorizadas y delincuentes suficientemente empoderados como para pretender administrar la vida cotidiana. Unos policías podrían estar combatiendo a quienes amenazan; otros, según los señalamientos públicos, parecen más ocupados en administrar el problema.
Esa distinción debe investigarse, no barrerse debajo de la alfombra, como acostumbra el fracasado general Arturo Pancardo. Basta con escucharlo hablar para advertir el tamaño del problema: una policía que es más enfermedad que remedio.
Nombres,rostros,apelllidos y apodos del animalejo criminal
Y los testimonios ademas de reportes que circulan en la región exhibe a responsables con nombre, apellido y apodos: César Morfín Morfín, alias “El Primito”, y los mandos identificados por los apodos “Comandante Galleta”, “Comandante Barbas”, “Comandante Sánchez”, y “Comandante Pirata”.
Son señalamientos graves, aun no sentencias. Precisamente por eso no pueden quedarse como ruido de redes sociales, rumores de cantina o parte del paisaje de impunidad. Corresponde a las autoridades federales y estatales establecer el alcance de amenazas e identificar a los responsables, proteger a quienes denuncian y llevar las pruebas ante un juez.
La información que hemos publicado previamente en Valor Tamaulipeco ,hemos difundido las acusaciones sobre los vínculos de figuras políticas, entre ellas el Secretario General del gobierno, Hector Joel Villegas,alias Calabazo y su lugarteniente Tomas Gloria Requena con los operadores criminales en Tamaulipas.
¿Quién protege al ciudadano?
El problema no es que un comerciante se niegue a vender o atender por voluntad propia; el problema es que pueda hacerlo bajo amenaza. Castigar a quien atiende o deja de atender a un policía cuando su vida está en juego sería otra forma de abandono institucional.
Las autoridades deben garantizar, de inmediato:
- Protección real para comerciantes, trabajadores y denunciantes, con canales seguros para reportar extorsiones o amenazas.
- Presencia operativa verificable en los municipios afectados, no recorridos para la foto.
- Investigación de las amenazas contra negocios y de cualquier posible participación de estructuras criminales.
- Revisión independiente de los abusos atribuidos a elementos de la Guardia Estatal, con sanciones donde haya evidencia.
- Claridad pública sobre las medidas adoptadas, sin convertir la seguridad en boletín de autoelogio.
Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz y Reynsoa mismo donde la percepción de inseguridad es creciente, casi del 90%, no pueden vivir bajo un régimen donde el crimen dicte qué se vende, a quién se vende y quién tiene derecho a transitar o trabajar. Hoy es la comida y el combustible para policías y también el abasto de familia, la apertura de un negocio o la libertad e integridad de cualquier vecino depende de lo que decida el Cartel del Golfo.
La Frontera Chica no necesita más discursos de control territorial. Necesita autoridad legítima: una que no cateé fuera de la ley, no pacte con la impunidad y no deje a la población pagando el costo de una guerra que el mismo gobierno con sus malos arreglos detona y que la mayoría de las veces se limita a administrar.
Tamaulipas ocupa un gobierno que combata al crimen, no un gobierno criminal.
Con información: REDES/MEDIOS/
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