La mas reciente detención de diez presuntos integrantes del crimen organizado en Concordia no borra el dato central: en Sinaloa se sigue asesinando, secuestrando y robando mientras el gobierno convierte cada captura en propaganda de éxito. Una estrategia que presume detenidos, pero no logra que un médico de 76 años pueda atender en su farmacia sin ser ejecutado, no está dando seguridad: está administrando la tragedia al privilegiar las capturas por encima de la obligación legal de dar seguridad.
Los saldos de la ola: capturas para el boletín, víctimas para la estadística
El discurso oficial vuelve a sacar músculo: diez detenidos en Concordia, siete de ellos colombianos; armas largas, cargadores, cartuchos, presunta droga, radios, equipo táctico y motocicletas. El catálogo del aseguramiento es largo, como corresponde a un comunicado diseñado para producir la imagen de control.
Y la respuesta sigue siendo brutalmente evidente: no.
Del 9 de septiembre de 2024 al 9 de agosto de 2026, el saldo de la ola violenta citada puntualmente por NOROESTE ,es de 3 mil 665 homicidios dolosos; 4 mil 279 personas privadas de la libertad; 12 mil 168 vehículos robados; 3 mil 829 personas detenidas y 209 personas abatidas. Son 5.2 asesinatos y 6.1 privaciones de la libertad cada día; 17.4 vehículos robados diarios. No es una racha. No es un episodio. Es una normalidad criminal que el Estado no ha conseguido desmontar.
Pero Sinaloa no se debe medir la seguridad por la extensión del parte de guerra ,ni por las fotografías de detenidos o decomisos. Se mide por algo más básico: si la gente puede vivir, trabajar y volver a casa sin convertirse en víctima.
El contraste de ayer 11 de agosto es obsceno. Por un lado, autoridades anuncian la captura de diez hombres en Concordia y un arsenal asegurado; por el otro, Fernando, médico de 76 años, es asesinado a balazos dentro de la farmacia donde trabajaba, en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán.
No en una brecha remota ni en un enfrentamiento entre grupos criminales: detrás de un mostrador, entre anaqueles de medicamentos, en el sitio donde atendía a su comunidad.
No se trata de negar la importancia de detener a presuntos delincuentes ni de minimizar el retiro de armas de circulación de las que se calcula ingresan al pais mas de 200 mil, aunque otras cifras calculan medio millon. Es obligación de las autoridades investigar, detener y poner a disposición de la justicia a quienes presuntamente delinquen. Pero eso no equivale a seguridad, y fingir que sí es una de las trampas más rentables del discurso oficial.
La propia información sobre el operativo de Concordia revela, además, la ligereza con la que se construye el “logro”: primero se reportaron 11 armas largas, 68 cargadores y 3 mil 360 cartuchos; después, el comunicado corrigió las cifras a 10 armas, 60 cargadores y mil 978 cartuchos. ¿Qué se está celebrando exactamente: una operación sólida o una ficha propagandística elaborada con números que cambian en horas?
La distracción de las capturas
El truco consiste en confundir tres cosas distintas:
- Detener no es prevenir. Una captura ocurre después de que el Estado localiza a una persona presuntamente involucrada; la prevención busca impedir que alguien sea asesinado, levantado o despojado de su vehículo.
- Asegurar armas no es asegurar calles. Un arsenal fuera de circulación puede ser relevante, pero no responde por sí mismo a la pregunta que importa: ¿por qué las personas siguen siendo vulnerables en sus negocios, sus colonias y sus trayectos?
- Contar detenidos no es medir paz. Las 3 mil 829 personas detenidas que registra el propio balance no han impedido miles de homicidios, desapariciones de facto mediante privación de la libertad ni el robo cotidiano de vehículos.
La captura es una herramienta, no el resultado final. Cuando se vuelve el centro del relato, desplaza a la víctima y reduce la política de seguridad a una vitrina de trofeos: detenidos, armas, dosis, chalecos, vehículos. Mientras tanto, las víctimas quedan convertidas en una cifra que se menciona al final, si acaso se menciona.
El Estado no puede reclamar éxito porque logró detener a diez personas si, al mismo tiempo, no puede explicar cómo un adulto mayor fue asesinado mientras ejercía su profesión. La captura exige debido proceso y debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Pero Fernando no necesitaba un boletín posterior: necesitaba condiciones de seguridad antes de que un agresor entrara armado a su farmacia.
La obligación que se evade
El artículo 21 constitucional no define la seguridad pública como una competencia para tomarse la foto con lo asegurado. Le asigna al Estado —Federación, entidades federativas y municipios— la obligación de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como preservar la paz social. También incluye prevención, investigación y persecución de delitos.
La palabra decisiva es salvaguardar. No contabilizar después. No explicar después. No acordonar después. No prometer investigación después.
Investigar el asesinato de un médico es indispensable, pero es la respuesta mínima frente a una vida ya perdida. Asegurar un arma es necesario, pero no reemplaza una política que reduzca la posibilidad de que esa arma entre a una colonia y dispare contra quien está trabajando. Detener a diez presuntos criminales puede ser un paso; presentarlo como prueba suficiente de que la estrategia funciona, cuando los saldos de violencia siguen creciendo, es una falsedad política.
La vara correcta
La eficacia de cualquier plan de seguridad debe medirse desde la víctima, no desde el podio de la autoridad:
- Menos personas asesinadas, no más comunicados.
- Menos familias buscando a quienes fueron privados de la libertad, no más fotografías de detenidos.
- Menos robos y menos miedo para circular, trabajar o abrir un negocio.
- Menos capacidad criminal para decidir quién vive, quién desaparece y quién abandona su patrimonio.
Mientras los asesinatos, las privaciones de la libertad y los robos mantengan esas dimensiones, no hay triunfo que presumir. Hay una obligación incumplida.
Diez detenidos en Concordia no devuelven la vida a Fernando, el médico asesinado en Culiacán. Tampoco cancelan los 3 mil 665 homicidios, ni las 4 mil 279 personas privadas de la libertad, ni los más de 12 mil vehículos robados que deja esta ola. La seguridad no se acredita con un decomiso: se acredita cuando la población deja de contar muertos.
Con información; NOROESTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: