La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), a cargo de Jesús Eduardo Govea Orozco, ex presidiario del penal federal de Almoloya—hoy del Altiplano—, salió a aclararles a los tamaulipecos, sin una pizca de vergüenza, que no tuvo participación en la detención de Octavio Leal Moncada, dirigente moral de la Columna Cívica Pedro José Méndez en Nuevo León. Aunque antes de la detención ,bien pudo haber sido detenido en Tamaulipas: era pública la orden de aprehensión y su condición de fugitivo, tan pública como su papel de aliado de Morena y Américo Villarreal. Pero además aún faltan otros que el gobernador “conoce, y muy de cerquitas”.
Govea precisó que fue arrestado porque era requerido por el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el estado de Sonora, donde es acusado por delincuencia organizada en la modalidad de cometer secuestro, en la averiguación 640/2022 como ya lo habíamos publicado.
Quienes faltan:
Como se advierte, hay elementos públicos suficientes para escribir una pieza corrosiva sobre el maridaje político‑criminal entre Américo Villarreal y Octavio Leal Moncada, quienes conformaron una “sociedad criminal” presentada como hecho probado, no sólo como hipótesis o crítica política basada en indicios y declaraciones, que deberían obligar a las autoridades a indiciar al mandatario y a su gabinete de secuaces, pues al no ser castigados se volvieron más osados y ya se les hizo vicio.
Porque el gobernador debe ser sometido al imperio de la ley
Porque en un Estado de derecho el gobernador no está por encima de la ley, sino sometido al mismo orden jurídico que cualquier ciudadano, y su primera obligación es acatar y hacer cumplir las resoluciones de los jueces, incluidas las órdenes federales como auxiliar legal de estas.
- El “imperio de la ley” significa que gobernantes y gobernados deben ajustar su conducta a la Constitución y al conjunto de normas vigentes; el poder no puede ejercerse por mero capricho político.
- Cuando un gobernador se exhibe públicamente con personas sobre las que pesa una orden de aprehensión y, además, no despliega los mecanismos institucionales para cumplir esa orden, rompe el principio de legalidad y proyecta tolerancia —o protección— frente a la fuga de la justicia.
Consecuencias institucionales
- Si la cabeza del Ejecutivo ignora o bloquea el cumplimiento de mandatos judiciales por motivos de renta electoral en favor de su partido, abre la puerta a la arbitrariedad, la impunidad y la erosión del Estado de derecho, porque envía el mensaje de que la ley depende de la cercanía política o personal, no de los hechos ni de las resoluciones de los tribunales.
- Someter al gobernador al imperio de la ley —investigarlo, llamarlo a rendir cuentas y eventualmente procesarlo — es defender la jerarquía de la norma: que incluso quien manda debe obedecer las decisiones del sistema de justicia, especialmente tratándose de fugitivos y ordenes federales.
Núcleo de la historia
Octavio Leal Moncada, alias el «Viejo Narco» ,fue fundador de la Columna Cívica/Armada “Pedro José Méndez”, fue detenido en 2022 acusado de homicidio calificado y vinculado por el gobierno federal al Cártel del Golfo como lider regional.
En una carta abierta, Leal admite que su detención “obedeció” a su participación en la campaña de Américo Villarreal para la gubernatura de Tamaulipas, exhibiendo una relación política directa con el hoy gobernador.
Pese a la vinculación con delincuencia organizada y su proceso por homicidio, un magistrado del Tribunal de Justicia de Tamaulipas ordenó su liberación meses después, bajo argumento de falta de elementos para procesar.
El pasado domingo,Leal vuelve a ser detenido en Nuevo León; la propia Fiscalía de Tamaulipas aclara que se trata de una orden federal, intentando marcar distancia, mientras medios y analistas recuerdan su cercanía con el gobierno de Villarreal.
En la carta signada por el capo al gobernador, el propio Leal vincula su prisión con el trabajo político para Villarreal y celebra que “regresa la justicia con el nuevo gobierno de Américo Villarreal”, como si el cambio de gobierno fuera garantía de impunidad para él y su columna.
La fotografía y el abrazo político
La imagen donde aparece Américo Villarreal posando junto a Octavio Leal y otros líderes de la columna, con la orden de aprehensión federal de fondo, exhibe la incongruencia de un gobernador morenista abrazando personajes con órdenes de aprehension por delincuencia organizada.
El viejo “narco Moncada” fue liberado por Américo Villarreal tras su primera captura, en noviembre de 2022, pese a que el entonces secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, lo señaló en cadena nacional —en una mañanera— como líder regional del Cártel del Golfo ,quien con ese carácter también apoyó a AMLO y Cabeza de Vaca.
El capo aun detenido, pero bajo la persistente pretensión del gobernador de ayudar a liberarlo otra vez, de acuerdo con el trascendido, fue autor de repetidas humillaciones al Ejército y a la Guardia Nacional.
La combinación de foto, carta y orden de captura ,nos permite dar contexto para afirmar la catadura de criminal de Villarreal Noé s un chisme ,mas que un gobernador que politiza la justicia: amigo de “criminales peligrosos”, aliados politicos que deben ser liberados cuando el color del gobierno coincide con sus intereses.
El papel del fiscal con pasado penitenciario
Parte del escándalo incluye al actual fiscal de Villarreal, con registro de haber sido recluso federal durante meses por delitos vinculados al Cartel del Golfo, lo que alimenta la percepción de un aparato de justicia guinda con biografía carcelaria, operando sobre expedientes de aliados como Leal.
Omisión de persecución del delito
En términos jurídicos, el problema no es sólo político: un fiscal que, sabiendo de la orden de aprehensión y la ubicación de un fugitivo, no actúa, se coloca en la zona de posibles delitos de omisión y encubrimiento dentro del marco de la administración de justicia.
En el derecho penal iberoamericano, se sanciona a la autoridad o funcionario que “dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia”, como recoge, por ejemplo, el artículo 408 del Código Penal español y normas análogas en la región.
En México, el Código Penal Federal contempla delitos contra la administración de justicia cuando servidores públicos omiten actos propios de su cargo —como ejecutar órdenes de aprehensión, impulsar investigaciones o poner a disposición de la autoridad competente a personas buscadas—, especialmente si esa omisión es deliberada.
Encubrimiento y protección indebida
- También se sanciona la conducta del funcionario que protege o brinda cobertura a personas vinculadas con delitos, sea ocultando información, retrasando o bloqueando diligencias, o dejando de detenerlas a sabiendas de su calidad de fugitivos, lo que encaja en figuras de encubrimiento y lenidad institucional.
- Si, además, la inacción del fiscal se cruza con la relación política del fugitivo con el gobernador, se refuerza la hipótesis de encubrimiento: no es un simple error administrativo, sino un uso del cargo para favorecer a un aliado del poder, desviando el deber de perseguir el delito.
La narrativa crítica que se ha venido construyendo en medios es clara: gobierno guinda que recicla perfiles con pasado penal en posiciones de poder, mientras otorga beneficios procesales y liberaciones clave a personajes asociados por la Federación con el Cártel del Golfo.
Con información: LA JORNADA/
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