En el ocaso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador —cuando el reloj político ya marcaba la cuenta regresiva— el Gobierno decidió repartir 20 permisos para operar casinos a Operadora Clíe, una empresa que no llega precisamente con las manos limpias, sino con vínculos directos a casas de apuestas asociadas a la familia de Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad de Tabasco, hoy señalado por asociación delictiva, secuestro y extorsión. Nada mal para cerrar administración.
La historia se pone más interesante —y más turbia— gracias a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que encontró que Nabor Castrejón, socio mayoritario de Operadora Clíe, no era ningún improvisado en este ecosistema: antes de recibir los nuevos permisos, ya compartía licencia oficial con las casas de apuestas de la familia Bermúdez.
El documento en cuestión, el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017, funcionó como llave maestra. Con él, Nabor operaba el casino Epic en Michoacán. Pero no solo eso: bajo ese mismo paraguas legal también corrían los sitios en línea CrownCity y CityBets, pertenecientes a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste. Y aquí aparece otro nombre clave: Humberto Bermúdez Requena, hermano del ex titular de Seguridad de Tabasco, figura como socio de esa empresa. Como cereza del pastel, la constitución de esa compañía fue atestiguada nada menos que por el hoy senador morenista Adán Augusto López.
La red no termina ahí. La empresa Diamante Casino también operaba con ese mismo permiso, y apenas la semana pasada la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le aplicó sanciones por sus nexos con el Cártel del Noreste. Es decir, el mismo documento administrativo que circulaba entre socios, plataformas y casinos ahora aparece vinculado a estructuras señaladas por crimen organizado a nivel internacional.
A pesar de este contexto, la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob) autorizó el 1 de febrero de 2024 —ocho meses antes de que concluyera el gobierno de AMLO— la instalación y apertura de 20 centros de apuestas para Operadora Clíe. Todo, según la versión oficial, en cumplimiento de resoluciones derivadas de un juicio contencioso administrativo.
Para esas fechas, la Segob estaba encabezada por Luisa María Alcalde, entonces dirigente morenista en salida y hoy encaminada a convertirse en Consejera Jurídica de la Presidencia. Es decir, la firma política de esos permisos no es un dato menor.
Los 20 permisos otorgados tienen una vigencia de 15 años, lo que garantiza operación hasta 2039. Un negocio de largo aliento, blindado desde el papel.
El argumento legal para justificar la entrega fue el cumplimiento de la sentencia de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con la que nunca se inconromaron, dentro del juicio 1681/19-17-08-5. Todo en regla… al menos en la narrativa jurídica.
Las autorizaciones fueron firmadas por Leonardo Manuel Figueroa Martínez, abogado cercano a Luisa María Alcalde durante los últimos seis años, lo que termina de cerrar el círculo entre decisiones administrativas, relaciones políticas y beneficiarios.
Con informacion: ELNORTE/
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