«POLITICAMENTE TOXICO y JURIDICAMENTE DISCUTIBLE»: «REABREN y CIERRAN SALON de BELLEZA en el SENADO que OPERABA con el SIGILO de una CASA de CITAS…LEGISLATIVA»…asi se maquilla la “austeridad republicana”.

Un salón de belleza secreto en el Senado es la metáfora perfecta del sexenio: la patria hecha tinte, plancha y puerta cerrada “en chinga” cuando llegan los reporteros.

El chiste se cuenta solo

• Tienen un salón de belleza montado en pleno Senado, reabierto en sigilo, sin anuncio, como si fuera casa de citas legislativa, no recinto parlamentario.
• Lo usaban, según versiones internas, sobre todo senadoras de Morena, Verde y PT; afuera no hay rótulo, sólo una puerta discreta, el típico “secreto a voces” del oficialismo.
• Cuando los periodistas llegan y documentan que está en funciones, aparece una senadora adentro, se incomoda, sueltan la llamada, bajan la cortina y minutos después ¡pam!: sellos de clausura sin explicación
• La presidenta de la Mesa Directiva todavía alcanza a decir que “no es nada fuera de lo normal” y que cada quien paga su peinado, pero la normalidad les dura menos que un rímel barato bajo la lluvia.

Ejemplo perfecto de manual: niega privilegio, minimiza, responsabiliza al espejo, cierra la puerta y pega sellos. Austeridad republicana, pero con rulo y tinte.

Desde lo administrativo: “no pasa nada”… pero sí pasa

Aunque cada senadora pague su servicio, eso no resuelve el fondo: el espacio es público, el inmueble es público, la administración es pública y el control lo tiene el Senado.

• El Reglamento del Senado regula el funcionamiento del órgano y sus servicios administrativos, que deben estar orientados a labores parlamentarias, no a la imagen personal de los legisladores.
• Los senadores están obligados a abstenerse de actos incompatibles con sus funciones y de aprovechar su condición en beneficio propio.
• Habilitar un local para estética dentro del recinto, sin transparencia, con acceso privilegiado para un grupo de legisladoras, configura un uso ventajoso de instalaciones oficiales, aunque el corte lo paguen en efectivo y sin factura legislativa.

Aquí hay varias alertas administrativas:

• Uso de un espacio público para un fin privado (arreglo personal) sin lineamientos claros ni acuerdo público que lo justifique.
• Decisión de reabrirlo “en sigilo”, lo que sugiere que sabían que era políticamente tóxico y jurídicamente discutible.
• Clausura inmediata en cuanto estalla la nota, lo que es casi una confesión tácita de que el montaje no estaba debidamente regularizado.

En un país serio, esto detonaría al menos: revisión de contratos (si existen), investigación de quién autorizó el espacio, dictamen de control interno y lineamientos para prohibir usos similares en el futuro. Aquí, con suerte, harán un “acuerdo de criterio” para que la próxima estética esté más escondida.

Austeridad de dientes para afuera

La narrativa oficial es un poema: “no hay irregularidad, cada quien paga su servicio, no es un privilegio”. El problema es que la austeridad no se mide por el ticket de caja de la secadora, sino por el mensaje y el uso del aparato público.

• La 4T cerró ese salón en 2018 precisamente porque se consideró irrenconciliable con el discurso de austeridad y combate al privilegio.
• Reabrirlo ahora, en un contexto de recortes, carencias en salud y seguridad, y hartazgo social, es un misil directo al relato moral del régimen.
• Que la presidenta del Senado diga que “existe también en Diputados” no es defensa, es confesión en coro: institucionalizar el privilegio no lo vuelve ético, sólo lo vuelve sistémico.

Mientras se discute si hay o no gasto directo, el mensaje público es brutal:

• Para el ciudadano promedio, llegar limpio y presentable al trabajo corre por su cuenta, en transporte público y con salario mutilado.
• Para la élite legislativa, el Estado les presta el edificio, la seguridad, el acceso restringido y el “cuarto de los espejos” a unos pasos del pleno.

Eso, aunque no lo apunten en el presupuesto, es una forma de subsidio simbólico a la vanidad parlamentaria.

El tiro ético y moral

Ética básica del servicio público:

• No aprovechar la posición para obtener ventajas que el resto de la población no tiene.
• No normalizar lujos o comodidades dentro de instalaciones oficiales que no se justifican por la naturaleza del trabajo.
• No mandar el mensaje de “somos iguales, pero con mejor peinado y sin fila”.

Aquí chocan dos mundos:

• El del discurso moralista de la “austeridad republicana”, que presume renuncia a privilegios.
• El de la práctica real, donde el Senado deviene spa exprés, siempre y cuando no te agarre la cámara de Reforma en la puerta.

Lo inmoral no es que alguien se pinte el cabello; es que lo haga en un espacio semiclandestino del Congreso, amparado por la tolerancia institucional, mientras se legisla para un país en crisis. Es la obscenidad de la normalización: si lo hacen en la cara de todos en el Senado, ¿qué no harán en las áreas verdaderamente opacas?

La conducta obliga al escrutinio

Si se quisieran tomar en serio el caso, el mínimo sería:

• Auditoría interna al uso de instalaciones no estrictamente parlamentarias en el Senado: quién autorizó qué, con qué fundamento y bajo qué condiciones.
• Publicar lineamientos claros que prohíban destinar espacios del recinto a servicios de carácter cosmético o personal no indispensables para la función legislativa.
• Transparentar todos los contratos o permisos otorgados a terceros dentro del edificio, desde cafeterías hasta estéticas, con criterios de igualdad de acceso.
• Responsabilidades administrativas para quien autorizó la reapertura discrecional, si se confirma que no pasó por los órganos competentes.

Al final, este no es sólo un pleito por planchas y tintes; es un espejo —muy bien iluminado— donde se ve la clase política arreglándose para la foto, mientras el país observa desde la banqueta, despeinado y sin salón.

Con informacion: RIO DOCE/