Al alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, no lo pescó la justicia, lo tropezó el escándalo: presunto operador de una célula del CJNG en territorio donde manda el cártel, y presunto extorsionador de la tequilera José Cuervo, a la que –según la denuncia– intentó sangrar con 60 millones de pesos para no clausurar la planta. Mismo truco, cuentan, lo habría reciclado con al menos otras diez empresas tequileras, cerveceras y hoteleras, porque aquí la “transformación” llegó en formato de cuota criminal con membrete oficial.
El hombre aterrizó en la alcaldía en octubre de 2024 repitiendo la letanía moral de “no robar, no mentir, no traicionar”, mientras al mismo tiempo su municipio se convertía en escenario de conciertos donde se proyectaban imágenes del jefe del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes. El narcoestado mexicano es tan discreto que ya ni se conforma con infiltrarse: ahora se autopromociona en pantallas gigantes con permiso municipal.
Para rematar, Claudia Sheinbaum salió en campaña a pedir el voto por este campeón de la honestidad, en un spot que hoy se le regresó como bumerán y se viralizó justo cuando The New York Times publicó un texto de Mari Beth Sheridan diciendo lo obvio que el poder lleva años negando: el problema no son “los cárteles” como entes abstractos, es que los cárteles ya son parte del Estado. Traducido del diplomático al español llano: si de verdad te peleas con el narco, te tienes que pelear con tu propio partido, con tus candidatos, con tus gobernadores, con tu estructura territorial que huele más a hoja de coca que a democracia.
Sheridan lo explica con cortesía gringa: Morena, como el resto de la fauna partidista, tiene personajes de alto perfil señalados por ligas con el crimen organizado, así que “combatir a los cárteles” significa dinamitar los cimientos del poder local y las estructuras del propio partido gobernante. El discurso de cero tolerancia se estrella contra la realidad de cero voluntad para tocar las redes de protección que salen de oficinas públicas, curules, palacios de gobierno y despachos de secretarios.
Ejemplo número dos del manual del narcoestado: Adán Augusto López. Exsecretario de Gobernación, excandidato presidencial, exgobernador de Tabasco, y padrino político del jefe de La Barredora al que colocó, con todo y currículum criminal, como secretario de Seguridad Pública para que desde ahí manejara las operaciones del grupo en el estado. Cuando reventó el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de la bancada de Morena no por convicción, sino porque ya olía tan mal que ni el propio partido podía seguir pretendiendo que era perfume político.
El detalle es que no se va como presunto delincuente, se va como señor intocable: protegido por el fuero y por la presidenta, que tranquiliza al respetable diciendo que en México no hay ninguna investigación abierta en su contra. Es la versión institucional de “no pasó nada, circulen”, aplicada a un personaje envuelto en acusaciones de corrupción, enriquecimiento, fraude fiscal y redes de huachicoleo, pero bendecido por el sistema como si fuera víctima de la mala prensa y de las malas compañías… que él mismo nombró.
Ahí está la coreografía: en la misma semana en que se presume la captura de un alcalde de pueblo como prueba de “cero impunidad”, se manda la señal opuesta al blindar políticamente a un exsecretario de Gobernación hundido en lodo. A diario se exhiben detenciones menores, fotos de trofeos humanos de medio pelo, mientras el verdadero centro del poder criminal –ese que se sienta en mesas de seguridad, que firma nombramientos, que diseña presupuestos– sigue tan quieto e intocable como el mobiliario de Palacio Nacional.
La lógica del régimen es brutalmente honesta si se lee entre líneas: “te quito sólo para que no estorbes, no para hacer justicia”. Sacrifican a alcaldes, directores, mandos medios, mientras los peces gordos siguen flotando, rodeados de rumores, expedientes congelados y declaraciones presidenciales que los absolvieron antes incluso de que alguien se atreviera a investigarlos.
El gobierno de Sheinbaum se deshace en filtraciones por los vínculos oscuros de figuras como Mario Delgado –expresidente de Morena y hoy secretario de Educación– y gobernadores como Rubén Rocha Moya, Evelyn Salgado, Marina del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedoya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, además de congresistas que controlan Estados y Congreso como si fueran sucursales de franquicias políticas con servicio incluido de “paz” negociada con el crimen.
No lo dice un tuitero enojado: oficiales de Estados Unidos sostienen que la presidenta está parada sobre un narcoestado, y que sus aliados políticos son parte del andamiaje, no sólo víctimas colaterales.
Y ahí está el núcleo incómodo: ese narcoestado no se desmonta capturando operadores, choferes, halcones y uno que otro alcalde descarriado. Mientras no se toque la otra mitad de la ecuación –la que firma oficios, entrega contratos, arma candidaturas y graba spots llamando a votar por aliados del narco–, la presidenta seguirá apareciendo sonriente, pidiendo el voto por quienes cuidan, negocian o protegen a los mismos grupos a los que dice estar combatiendo.
En resumen: la 4T presume mano dura contra el crimen, pero a la hora buena sólo rompe el termómetro y deja intacta la fiebre.
Con informacion: LATINUS/
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