Prometer no empobrece; cumplir mata
Hace una semana, Claudia Sheinbaum juró que Pemex abriría los archivos del petróleo enviado a Cuba. Una semana después, el misterio sigue más sellado que el expediente de Ayotzinapa. La promesa —que nació con bombo, platillo y verbo florido— se evaporó en el aire tibio de la mañanera.
El Financial Times, más metiche que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), publicó el 6 de enero que México ya no solo manda abrazos a la isla, sino también barriles, desplazando a Venezuela como principal proveedor. Alrededor del 44 % del petróleo que llegó a Cuba en 2025 habría salido de los muelles mexicanos, pero Pemex calla y La Presidencia sonríe.
Desde el 16 de octubre, Sheinbaum viene tocando la misma tonada: que la información “existe”, que “se puede dar”, que “por supuesto no hay problema”. Lo único que falta es el pequeño detalle de mostrarla. A este paso, la transparencia parece un proyecto a largo plazo… o una leyenda urbana.
El guion es predecible:
Desde octubre, la Presidenta ha ofrecido transparentar datos del comercio de petróleo con Cuba.
– OCTUBRE 16. «Es compra de combustible (con Cuba), como compran otros países»
– DICIEMBRE 16. «Tiene que darse la información»
– DICIEMBRE 22. «SRE me pasó los acuerdos que ha habido en materia de petróleo en todos los gobiernos, independientemente del partido político, y es importante que se conozca»
– ENERO 7. «Los datos los podemos dar más tarde, Pemex estaba haciéndome la tendencia histórica»
– ENERO 8. «Ayer nos los dieron (los datos); en petróleo crudo es un poco menos de lo que fue en 2024»
– ENERO 12. «Por supuesto que la información se puede dar, no hay problema»
Cada frase es una versión mejorada del “mañana sin falta” con que todos aprendimos a negociar con el maestro.
Y aquí el tema deja de ser anecdótico. La Constitución mexicana y la Ley General de Transparencia obligan a divulgar, sin demora, los contratos y montos de operaciones públicas, sobre todo cuando involucran recursos estratégicos como el crudo. Si Pemex o la Presidencia retienen deliberadamente esos datos —bajo excusas vagas— estarían violentando los principios de máxima publicidad y rendición de cuentas (artículos 6º de la Constitución y 7º de la Ley de Transparencia).
¿Conducta punible? Jurídicamente, sí podría configurarse una obstrucción al acceso a la información pública, sancionable administrativamente por el INAI. Políticamente, es un retrato más de la cultura del ocultamiento: el verbo abunda, pero los datos mueren sofocados en la retórica del “apoyo histórico”.
Porque en este sexenio —como en tantos otros— el petróleo fluye, la opacidad también, y la única energía verdaderamente inagotable es la que se genera con palabras.
Con informacion: ELNORTE/ THE FINANCIAL TIMES/
Muy buen video
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