En la imbricación histórica entre el crimen y el poder en México, “Narco y gobierno, es pleonasmo” sintetiza una dolorosa evolución institucional. Lo que en un principio fue una subordinación del delito al Estado, bajo la égida del control autoritario y la economía regulada, se transformó con la irrupción de los cárteles y la modernización política en una alianza funcional: las organizaciones criminales y las autoridades compartieron intereses y beneficios en una dinámica de asociación. Este modelo permitió el crecimiento exponencial de los cárteles, su diversificación y la complejidad de sus operaciones transnacionales.
El periodo actual, sin embargo, desborda las formas conocidas: las organizaciones criminales ya no se presentan solo como socios ocultos o protegidos, sino como auténticos jefes de funcionarios y representantes populares en las más diversas esferas del Estado. El gobierno mismo parece empezar a ser colonizado desde dentro, con el riesgo de que las fronteras entre autoridad y delincuencia desaparezcan por completo.
Queda, así, el escepticismo sobre el porvenir nacional y una pregunta esencial: ¿puede llegar el momento en que el poder criminal deje de servirse del Estado y pase a ser, sin maquillaje, el Estado mismo?. Esto marca el umbral de advertencia y la urgencia de reconocer que la disputa principal ya no es solo por el control, sino por la naturaleza misma del gobierno y el futuro del país.
Asi lo escribe Ramon Cossio para el Diario Español/EL PAIS
«Si consideramos la relación entre el Estado y las organizaciones criminales en el México contemporáneo, me parece posible identificar tres etapas. La primera se caracterizó por la sujeción de estos grupos a las autoridades. Fue una época que coincidió en mucho con los años del priismo clásico y sus consabidos periodos de crecimiento económico, transformación demográfica, restricción de las libertades y control democrático.
En aquellos años, las diversas y fragmentadas organizaciones ilícitas trabajaban para o con la autorización de distintos cuerpos federales y locales de seguridad. Las policías judiciales, la Dirección Federal de Seguridad, las corporaciones municipales y estatales o las Defensas Rurales, mantenían bajo su control y vigilancia a los delincuentes, les asignaban zonas de actuación y les imponían cuotas por la actividad desempeñada o porcentajes sobre el monto de lo obtenido.
La segunda etapa se inició con la irrupción de los carteles de la droga a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta. Fue el tiempo en que ciudades como Guadalajara, Sinaloa, Tijuana o Ciudad Juárez fueron identificadas por los grupos delictivos que adquirieron relevancia por la magnitud y extensión de sus operaciones.
Del modelo de sometimiento de las delincuencias se pasó al de las asociaciones. Solo así es explicable el tamaño y complejidad del entramado necesario para crear y mantener las operaciones con organizaciones latinoamericanas, en el territorio nacional y con destino hacia los Estados Unidos. El tráfico de sustancias, armas, municiones, personas y dinero; la compra de protección de militares, policías, ministerios públicos, juzgadores, así como funcionarios migratorios y aduanales, o el lavado de activos e inversión de recursos en instituciones financieras e inmobiliarias, no podría lograrse mediante el anterior esquema de subordinación.
Es imposible asumir que todos los involucrados —delincuentes, funcionarios y particulares— actuaban mediante el mero sometimiento a las autorizaciones gubernamentales. En realidad, se constituyó una asociación entre organizaciones criminales y autoridades para posibilitar el tráfico de drogas, con independencia del mantenimiento del antiguo sistema de sujeción en otras actividades ilegales.
La tercera etapa —en la que nos encontramos— comenzó en los años de la transición y se consolidó en el sexenio de López Obrador. En comparación con los anteriores, las organizaciones criminales no actúan ya como socias, sino como jefes de las autoridades. En distintos territorios, corporaciones y actividades, estos grupos han logrado dominar a funcionarios federales y locales en los ámbitos militar, de seguridad pública, migratorio, aduanal y fiscal, entre muchos otros.
Lo novedoso de esta etapa es la ampliación de los cargos involucrados en la subordinación. A diferencia de otros momentos, funcionarios partidistas, diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales, quedaron sometidos por las delincuencias. Más allá de lo ostentoso de sus cargos, un número creciente de ellos son empleados de las organizaciones criminales por acomodo, lealtad, origen, agradecimiento o temor.
La cuestión que aquí importa dejar planteada es si el actual periodo puede derivar hacia uno distinto, caracterizado no ya por la dominación ejercida sobre los funcionarios y sus funciones, sino por el apoderamiento del Gobierno mismo. Para darme a entender, parto del hecho de que una cosa es que se ejerza dominación sobre un conjunto de servidores públicos y sus funciones y otra distinta es que se tenga el control del Gobierno mismo por quienes, hasta hoy, todavía tienen el carácter de delincuentes.
Desde hace tiempo y con razón, la preocupación sobre el futuro de la vida política nacional ha descansado en el aprovechamiento de quienes, no siendo demócratas, han instrumentalizado sus instituciones para obtener y mantenerse en el poder. Me parece que a esta real inquietud debemos agregar una más, sea porque es distinta o porque se trata de la misma cosa. Me refiero al hecho de que es posible que las estructuras delictivas no estén luchando solamente por obtener control político y ganancias frente al Estado o frente a las organizaciones rivales, sino para hacerse del mando estatal que les permita ejercer su hegemonía desde y mediante el dominio público democráticamente legitimado.
Con informacion: JOSE RAMON COSSIO DIAZ/DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: