Samuel Garcia,el gobernador de Nuevo León ha insistido una y otra vez, en vender la idea de que su policía es “la mejor de México”, pero la realidad lo contradice con hechos que no se pueden tapar con discursos. El más reciente: cuatro elementos de Fuerza Civil, la corporación estrella del gobierno estatal, fueron captados en video pateando en la cabeza a un detenido de 25 años que ya estaba sometido en el suelo. Hoy ese joven se debate entre la vida y la muerte en un hospital.
El contraste entre el discurso y los hechos
Mientras desde el Palacio de Gobierno se presume “profesionalismo, disciplina y respeto a los derechos humanos” de los policías estatales, los ciudadanos tienen frente a ellos la imagen brutal de agentes que usan la fuerza no para controlar, sino para castigar. No es un caso aislado: la diferencia está en que esta vez alguien grabó los golpes y el video se volvió imposible de ocultar.
La reacción oficial a medias
La Fiscalía abrió de oficio una carpeta de investigación, pero no por un impulso de justicia sino porque la misma corporación anunció la suspensión de los agresores cuando el escándalo ya se había desbordado.
El Fiscal Javier Flores reconoció que Dylan Alexander, la víctima, está grave; es decir, las “mejores policías del país” dejaron a un joven al borde de la muerte por intoxicarse en la vía pública.
El Secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, salió a repetir frases prefabricadas: “No siguieron los protocolos”, “se colaborará con la Fiscalía”… burocracia y formalismos para un caso que revela violencia estructural dentro de la llamada Fuerza Civil.
El fracaso del “modelo de seguridad ejemplar”
La escena resulta grotesca: un gobierno que se ufana de tener una corporación de talla internacional, mientras esa misma policía comete abusos que recuerdan a las viejas prácticas de cuerpos represivos en México. La etiqueta de “la mejor policía” se desmorona frente a cada golpe documentado, frente a cada patada en la cabeza, frente a cada ciudadano que ya no percibe a Fuerza Civil como protectora, sino como amenaza.
La ironía es inevitable: la propaganda oficial quiere vender a Fuerza Civil como un “modelo” que otros estados deberían copiar, pero el ejemplo que queda en la mente ciudadana es el de cuatro agentes pateando a un joven esposado en el suelo. Los discursos sonrientes en ruedas de prensa no alcanzan para borrar la violencia grabada en video.
¿De qué sirve autoproclamar a tu policía como la mejor, si la ciudadanía lo que ve son uniformados actuando como verdugos? Aquí hay una verdad incómoda para el gobernador: no hay policía ejemplar que sobreviva a la deshumanización de sus elementos.
Y lo más reciente…
El discurso quedó todavía más tambaleante con la formalización de las imputaciones: los policías de Fuerza Civil exhibidos en la golpiza a Dylan Alexander, en Juárez, ya serán procesados por abuso de autoridad y lesiones, confirmó el Fiscal Javier Flores. Es decir, los “guardianes del orden” terminaron en la misma baraja judicial que los delincuentes que se supone debían contener.
El joven de 25 años sigue hospitalizado en estado grave, aunque estable. Según el Fiscal, en los próximos días se judicializará la carpeta que incluye ambos delitos. Mientras tanto, desde el gobierno estatal, Escamilla insiste en su libreto de control de daños: “no toleraremos abusos, estamos ajustados a la ley”.
Pero la realidad es otra: no fue la ley la que frenó el abuso, fue un video viral. Sin la cámara de un ciudadano, los golpes quedarían archivados como “uso racional de la fuerza”. Y hasta que los policías fueron desenmascarados frente a toda la opinión pública, el sistema se acordó de que patear en la cabeza a un detenido esposado no es precisamente parte de los protocolos.
Y que penas alcanzan si existiera justicia y estado de derecho
Los delitos cometidos por los policías son abuso de autoridad y lesiones, ambos previstos y sancionados en el Código Penal para el Estado de Nuevo León.
Para el delito de abuso de autoridad, la sanción es de 4 a 9 años de prisión y una multa que puede ir de 600 a 1,000 cuotas, según el artículo 209 de dicho código, además de la inhabilitación y destitución del cargo público
En cuanto al delito de lesiones, la pena depende de la gravedad del daño ocasionado: puede ir desde 3 meses hasta 12 años de prisión, siendo mayor si la víctima queda con secuelas permanentes o la agresión pone en peligro su vida, como parece ser el caso por la condición grave de la víctima. En hechos como los ocurridos, de tratarse de lesiones graves o incluso de tentativa de homicidio (si el Ministerio Público calificara que las patadas a la cabeza pusieron en riesgo la vida), la pena sería superior, al menos 3 a 8 años y hasta más de 12 años en ciertos escenarios agravados, según la lesión infligida.
Hipotéticamente, si existieran justicia plena y un estado de derecho efectivo —cosas tan abstractas como los discursos del gobernador— los policías responsables podrían enfrentar entre 4 y 9 años solamente por el abuso de autoridad, y varios años más si las lesiones se consideran graves.
En un país con justicia real, esos años no se sumarían a un «curso de derechos humanos», sino a una estancia prolongada en prisión. Pero en la práctica mexicana, esto puede terminar siendo una sanción administrativa, suspensión temporal… o simplemente la transferencia a otro municipio. Si existiera verdadera justicia, ni uniformes, ni discursos, ni placas salvarían a quienes usan el poder público para repartir golpes en vez de proteger a la gente.
La “mejor policía de México”, la que debería inspirar confianza, tendrá ahora a cuatro de sus elementos sentados en el banquillo. Otra postal amarga que se repite como copia al carbon en Tamaulipas,lo que deja ver que, al final, detrás de la etiqueta de modelo internacional, lo que resuena es un eco de impunidad, brutalidad y simulación.
Con informacion: ELNORTE/
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