Cuando todavía no se enfriaba la controversia de la presunta orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, apareció una nueva disputa, menos pública, más secreta.
Sin acabar de definir todavía si el mandatario de Tamaulipas tiene fuero y puede ser aprehendido, desde la Ciudad de México se fraguó un operativo de asalto sobre la Casa Tamaulipas, sede de la residencia oficial.
La intentona buscaba enviar 40 ministerios públicos para peinar la capital, Ciudad Victoria, para localizar al gobernador de quien se desconocía su paradero.
Ese operativo sería apoyado por unos 500 elementos de la Secretaría de la Defensa, que estarían prestos para apoyar las acciones del ministerio público o cualquier otra reacción que se diera desde el poder ejecutivo estatal.
Pero en los círculos de la inteligencia norteamericana fue detectada la intentona y de inmediato se encendieron los focos de alerta para buscar abortarla de inmediato.
Esos órganos de inteligencia estimaron que el gobernador Cabeza de Vaca disponía de algo más de cuatro mil efectivos policiales, locales y estatales, dispuestos a salir a defender la soberanía del estado de Tamaulipas, frente a los embates provenientes del gobierno federal.
Y en las condiciones de crispación que crecieron la semana pasada, la posibilidad de una refriega entre fuerzas federales y estatales presagiaban el equivalente a un conflicto civil, en un estado colindante con los Estados Unidos.
Alguien, desde más allá del Río Bravo, empleó los conductos adecuados para hacer llegar a la Secretaría de la Defensa las consideraciones de que no eran tiempos de provocar violencia e inestabilidad, en un estado fronterizo en donde el narcotráfico reclama también su territorio operativo. La escalada podría salirse de control.
Y entendiendo el mensaje, desde la Secretaría de la Defensa salió la revirada, tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial, de que no se podría operar el apoyo militar solicitado.
Lo que se asoma detrás de este fallido golpe es la urgencia del gobierno federal de poner tras las rejas al gobernador Cabeza de Vaca.
Insistimos en que el personaje es indefendible. Las pruebas de su corrupción y la de su familia, lucrando con los dineros públicos, dejan en claro operativos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Pero no existe jurista destacado en México que no lamente la falta de respeto al fuero constitucional, ratificado por la Suprema Corte.
Curiosa coincidencia, algunos de sus ministros -incluyendo el presidente Arturo Saldívar- volvieron la semana pasada al Palacio Nacional a una cita con el presidente López Obrador, en la que presumiblemente se trataron los temas de la nueva legislación energética.
Pero trascendió que también se colocaron sobre la mesa otros temas más urgentes, incluido el del controvertido desafuero del gobernador de Tamaulipas y, por supuesto, la ratificación en suspenso del transitorio que le otorgaría al ministro Saldívar una prolongación de dos años como presidente de la Suprema Corte.
Lo que alarma sobremanera es la facilidad con la que, desde el Poder Ejecutivo, se están desdibujando los límites de la legalidad, del Estado de Derecho y de las instituciones, por aquellos que se dicen sus custodios.
No es gracioso advertir que el secretario de Marina, el Almirante Rafael Ojeda Durán, es enviado a amenazar a los jueces, a quienes acusa de dejar en libertad a presuntos criminales.
El enojo del Almirante suma una preocupación más a la desbordada militarización que campea en todos los órdenes de la vida nacional.
Sin duda, existen jueces que por corruptelas o por amenazas, podrían estar a operando a merced del crimen organizado.
Pero también es cierto que los ministerios públicos están colocados en esa antesala, que permite la primera componenda, que es la frágil integración de un expediente que al estar incompleto o violentar el debido proceso, permite justificar el cierre del caso y decretar la inocencia del procesado.
A lo que con preocupación estamos asistiendo es a un manoseo innecesario de las instituciones. Y cuando la fragilidad del Estado de Derecho se hace tan evidente, se da pie para que -como sucedió este fin de semana- se ponga en riesgo la estabilidad y se propicie que otros actores, ajenos a México, acusen intromisión para evitar una conflagración.
No se puede perseguir a un Cabeza de Vaca desde los caprichos y las neuronas de algunos Cerebros de Buey.
fuente.-Ramon Alberto Garza/
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