Luego de "cabildeos fracasados" que intentaron durante meses frenar las reformas a la ley Federal de Telecomunicaciones en materia del "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", los empresarios de telefonía celular que se habian pronunciado una y otra vez contra la medida aprobada ayer en el Senado de crear un padrón con registros biométricos cuyo objetivo dicen, es reducir los delitos de extorsión y secuestro.
La medida que tambien tendrá efectos reatroactivos en las lineas celulares existentes de prepago y postpago, ha sido cuestionada por empresarios,asi como muchos legisladores y organismos, pues argumentan viola la privacidad de datos personales y aumentará la comisión de otros delitos que degenerara en una avalancha de amparos con un futuro "exitoso'.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la SSyPC, quien participo de pasados encuentros, habia pedido a los senadores su aval a la minuta presentada,para ponerle freno a la operación criminal con el uso de sistemas de prepago que no tenian control.
El funcionario, manifestó en esas reuniónes: “para nosotros si es fundamental que se pueda aprobar la minuta en sus términos. ¿Qué buscamos?, que al igual que los sistemas de pago fijo pues que también haya un control, un registro, que sepamos quién es la persona que está atrás de ese número.
A su vez, el titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la SSyPC, Ignacio Hernández Orduña aseguró que la minuta no viola la presunción de inocencia del titular de la línea telefónica, ni tampoco se quebranta la privacidad de los datos personales.
Ana de Saracho, representante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), afirmó que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no reducirá el delito de extorsión y los usuarios están en contra de proporcionar sus datos biométricos.
Esa propuesta, añadió, incentivará que los delincuentes cometan otros ilícitos. “No está comprobado que establecer un padrón o registro de usuarios reduzca el delito de extorsión. Se pueden generar otros delitos, podemos ver aumento en otros delitos y, específicamente donde nosotros los vemos es en la posibilidad de tener un mayor delito de robo de celulares, de suplantación de identidad y en secuestro exprés”.
Daniel Bernal Salazar, representante de América Móvil, dijo que los concesionarios veian con preocupación este proyecto ahora aprobado y Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), declaró que la iniciativa tiene visos de inconstitucionalidad, porque posee elementos excluyentes, al poner en riesgo el dinamismo y la contratación para acceder a medios de comunicación y la adopción de un esquema “complejo” y con requisitos de difícil cumplimiento para un sector de la población.
El Comisionado del IFT, Sóstenes Díaz González, apuntó como desventaja de la propuesta, el costo de su implementación y la administración de la base de datos.
Los representantes de la Canieti refirieron que en la actualidad hay 126 millones de líneas en el país, de las cuales 70.1 por ciento son usuarios de Internet; el 87.5 por ciento de los accesos a Internet se hace vía celular, que la industria de las telecomunicaciones representa el 3 por ciento del Producto Interno Bruto y da empleo a más de 265 mil personas directamente.
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