Diez funcionarios que fueron colocados por la actual administración al frente de las aduanas más importantes del país hoy se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) tras haber sido denunciados por la Secretaría de Hacienda por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero proveniente del contrabando, tráfico de armas, huachicol y hasta narcotráfico.
Los 10 exagentes implicados –y ya removidos de sus cargos– fueron designados por el primer Administrador General de Aduanas de este sexenio, Ricardo Peralta Saucedo, quien, de acuerdo con denuncias internas en la Dirección General de Evaluación del SAT, conocía las actividades delictivas y, más aún, se habría beneficiado de posibles actos de corrupción.
Fuentes de la FGR confirmaron a Animal Político que hay en integración carpetas de investigación contra cada uno de los exfuncionarios denunciados, uno de los cuales ya intenta ocultarse y no ser localizado en caso de que se giren órdenes judiciales, advirtieron las autoridades.
Los 10 exadministradores fueron designados por Peralta en el medio año en que estuvo como jefe de Aduanas (renunció el 22 de mayo de 2019 para asumir como subsecretario de Gobernación). A las autoridades del SAT les llamó la atención que varios de ellos fueron promovidos o mantenidos en sus cargos a pesar de no haber aprobado los exámenes de control de confianza aplicados por la Administración General de Evaluación, que incluyen revisiones toxicológicas, patrimoniales y psicométricas.
La “limpia” en las 49 agencias del país comenzó en 2020, en una acción conjunta de la Administración General de Aduanas (AGA), con Horacio Duarte como titular, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto.
Como resultado de dicha operación, 29 agentes fueron cesados por “pérdida de confianza”, y de ellos, 10 fueron denunciados ante la FGR por la UIF.
Las indagatorias identificaron dos focos principales de corrupción que afectaron de manera importante la recaudación de recursos: uno en Baja California, mediante la introducción ilegal de autos “chocolate” y armas de fuego, y otro en Tamaulipas, por medio del ingreso de combustible desde Texas sin el pago de impuestos.
Lo grave, de acuerdo con las investigaciones, es que esos dos cárteles aduaneros extendieron sus redes de corrupción hacia otras agencias del país que también son claves por su ubicación en zonas de alto tránsito comercial o cercanas a puertos.
Una vez que Peralta salió de la AGA y fueron removidos los administradores corruptos, la recaudación de impuestos aumentó en las aduanas, de acuerdo con información proporcionada por el mismo SAT.
Los exjefes cercanos a Peralta que son investigados por la FGR son Viridiana Soria Amador, de Tijuana; David Pérez Tejada Padilla, de Tecate (también exdiputado federal del PVEM), y Raymundo Humberto Jiménez Lázaro, de Mexicali, todos ellos pertenecientes al cártel aduanero de Baja California.
También Ricardo Díaz de la Serna, de la aduana de Nuevo Laredo; Jesús Eduardo Mucharraz Herrera, de Matamoros, y José Luis Avendaño, de Reynosa (cártel de Tamaulipas).
Por último, Jorge Aurelio Brito Sevenello, exadministrador en Querétaro; Carlos Ignacio Franco Salgado, de Guanajuato; Jaime Nova Palma, de Lázaro Cárdenas (Michoacán), y Guillermo César Calderón León, de Progreso (Yucatán), quien también fue diputado local del PRI en el Estado de México. Este último, de acuerdo con fuentes federales, está ilocalizable e intenta evadir la justicia, aun cuando aún no hay una orden judicial en su contra.
“Hicimos un modelo de riesgo que aplicamos sobre los 49 administradores e identificamos aquellos que presentaban un perfil sospechoso por su entorno económico. Hoy ya tenemos a la quinta parte de ellos no solo removidos, sino denunciados. Y vamos a continuar con la revisión para erradicar esta corrupción”, advirtió en entrevista Santiago Nieto, titular de la UIF.
El común denominador en la mayoría de los casos investigados es el uso de familiares, prestanombres y empresas fantasmas, con los cuales los exadministradores habrían intentado ocultar el dinero proveniente de los sobornos que aceptaban a cambio de permitir hechos delictivos en las aduanas que encabezaban, según la acusación de la UIF.
“Hay que decirlo: las aduanas son una de las debilidades más grandes de nuestro sistema. Los puertos y las aduanas son vulnerables por la trata de personas, el tráfico de migrantes y, en general, la porosidad de nuestras fronteras”, planteó Nieto. “Creo que la remoción de los servidores públicos corruptos ayudará a disminuir esto, y sobre todo a que aumentemos la percepción de riesgo para quien quiera delinquir”.
Mafia de cuello blanco en las aduanas
De acuerdo con los datos a los que Animal Político tuvo acceso, tras un trabajo de colaboración con la AGA, la UIF denunció entre febrero de 2020 y enero de 2021 a 10 administradores de aduanas ante la FGR por su probable participación en operaciones de lavado de dinero, ilícitos ligados a corrupción y los demás delitos que resulten.
A su vez, solicitó al SAT su inmediata remoción por “pérdida de confianza” y dio también vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que iniciara los procedimientos administrativos correspondientes.
Con el visto bueno de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, Duarte y Nieto trazaron que para acelerar la investigación y remoción de los administradores corruptos había que empezar por revisar las cuentas en las que recibían los ingresos por actividades ilícitas y ordenar su bloqueo, de acuerdo con funcionarios involucrados que solicitaron el anonimato.
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