Ella es Vanita Gupta, la fiscal nominada por Joe Biden para ocupar la tercera posición más importante del Departamento de Justicia, la institución que ha designado a los cárteles de la droga mexicanos como el monopolio virtual de la exportación de heroína a Estados Unidos.
Gupta es también el rostro de uno de los conflictos de interés más importantes de la llamada guerra contra las drogas del gobierno americano.
Su padre es Rajiv Gupta, el presidente del consejo de administración de Avantor, un conglomerado industrial químico de 17 mil millones de dólares que, de acuerdo a una investigación de Bloomberg Businessweek, desarrolló un mecanismo encubierto para vender en México anhídrico acético, un componente esencial de la producción de heroína que ha sido encontrado en laboratorios clandestinos en Guerrero y Sinaloa.
Para John Cornyn, el influyente senador republicano de Texas que es parte del Comité Judicial, el papel que ha jugado Avantor en la epidemia de muertes por sobredosis de heroína es equiparable a la situación de Purdue Pharma, la compañía farmacéutica de la familia Sackler que pagó una histórica cantidad de 8 mil millones de dólares para terminar una investigación del Departamento de Justicia sobre su rol en la venta de opiáceos regulados.
Esto pone en tela de juicio la narrativa política que atribuye exclusivamente a los cárteles mexicanos la responsabilidad por la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Las empresas farmacéuticas americanas han utilizado canales legales que han contribuido en gran medida a esta epidemia.
De acuerdo a la CDC, más de 15 mil personas murieron por una sobredosis de heroína en el 2018.
El senador Cornyn asegura que el paquete accionario de 14.5 millones de dólares de Vanita Gupta en Avantor la inhabilita para convertirse en la asociada del procurador general de Estados Unidos.
Los republicanos están buscando que el Senado investigue a Avantor por haber facilitado componentes de heroína a “un mercado corruptor y sin regulación”, como lo describe John Cornyn.
El caso exhibe la complejidad de la guerra contra las drogas, así como las conexiones internacionales aparentemente legales de los cárteles mexicanos, ya sea con canales de distribución de compañías farmacéuticas estadounidenses o con exportadores químicos de China.
En México, el consenso de analistas de seguridad coincide en que tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación como el Cártel de Sinaloa, las dos principales organizaciones de exportación de heroína y opiáceos a Estados Unidos, son organizaciones que están cada vez más fragmentadas, con una estructura horizontal que se asemeja más a un sistema de franquicias que a una empresa jerarquizada.
Esto complica la narrativa tradicional de combate a los grandes cárteles de la droga, una narrativa que ha sido empujada y politizada por figuras como el senador John Cornyn.
La epidemia de sobredosis de heroína y otros opiáceos tiene una fuerte carga política. Estas muertes son parte de un fenómeno más amplio que el Premio Nobel de Economía, Angus Deaton, describe como muertes por desesperación, es decir, que son consecuencia de la devastación económica de regiones industriales que pierden empleos de manera masiva por la globalización.
La mayoría de estas regiones se han convertido en la nueva base política del Partido Republicano y de su ala más radical, el ala de Donald Trump.
Este contexto hace difícil el desmantelamiento de la narrativa tradicional de la guerra contra las drogas, aún y cuando Juan González, asesor del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, está intentando construir un nuevo enfoque para América Latina en relación a la industria ilegal de narcóticos.
El caso de Avantor y Vanita Gupta complica aún más la tensa relación bilateral de México y Estados Unidos en materia de seguridad. A pesar de que el Departamento ha designado al CJNG y al Cártel de Sinaloa como amenazas a la seguridad nacional, la cooperación bilateral en el combate a estos cárteles está completamente detenida.
Bienvenidos a la realidad del monopolio de la heroína.
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