Por más que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exprese y reitere que en su Gobierno se acabó la corrupción, lo cierto es que ésta prevalece en su Gobierno. La escoba con la que ofreció barrer las escaleras del aparato público ha fallado porque al parecer falta voluntad política para extirpar esa práctica que tanto daño le ha hecho al país y que ha sido –y es– la bandera que el tabasqueño ha ondeado por todo el país.
El discurso oficial, como se ve, es exagerado por donde se le mire: en su segundo informe de Gobierno López Obrador se atrevió a decir una barbaridad: que en el país ya no había masacres ni delincuencia organizada.
Algo parecido declaró Alfonso Durazo, quien ahora busca ser Gobernador de Sonora, al afirmar que ya no hay delincuencia organizada en el país. Esto no sólo es exagerado sino que es falso. Es una declaración eminentemente política que no se sostiene por ningún lado.
Todo esto viene a cuento por el tema de la corrupción que ha imperado y que impera en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Ahí siguen operando personajes de la corrupción del pasado, que se llenaron las bolsas de dinero mediante la práctica de la extorsión a contrabandistas que operan en la frontera con Estados Unidos.
Desde el SAT se preparaban los operativos para detectar robo y tráfico de combustibles. Luego, los altos jefes del Sistema de Administración Tributaria enviaban a sus operadores de confianza para negociar, liberar las pipas y sacar una jugosa tajada para sus jefes. Esta práctica prevalece y sigue impune. ¿Lo sabrá la jefa del SAT?
Resulta que un personaje llamado Alberto Peredo Jiménez, hijo del exprocurador de justicia de Morelos –aquel que, según algunas denuncias, fue relacionado como socio del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”– mantiene a uno de sus incondicionales enquistado en la Administración Pública Federal.
Según sus antecedentes, Alberto Peredo fue director general de asuntos internos del SAT, área conocida como Evaluación. Ahí tenía a su cargo la realización de operativos de “alto impacto” –así les llamaban a los atracos– para supuestamente enfrentar y abatir el flagelo de la corrupción.
Sin embargo, el verdadero objetivo de esos operativos era detectar contrabandistas de combustible en la frontera para luego extorsionarlos.
Según las indagaciones y fuentes consultadas al respecto, para ello Peredo utilizaba a su esbirro Andrés Guillén Castelán, un oscuro personaje que carga a cuestas un pasado plagado de claroscuros: ha sido acusado de acoso sexual porque, según se afirma al interior del propio SAT, tiene un gusto casi enfermizo por las mujeres.
No es todo: Guillén Castelán tuvo con su sirvienta, una chica de 20 años, una hija a la cual abandonó al igual que hizo con la madre y que mandó a refugiarla en la sierra de Veracruz.
Este personaje de infausta historia tiene varias denuncias en su contra ante el Órgano Interno de Control por acoso sexual. Sus propias compañeras de trabajo lo denunciaron. Algunas refieren que el acoso era además de enfermizo insistente, reiterativo y no menos pertinaz cuando bebía alcohol, una de sus adicciones frecuentes.
Cuentan al interior del SAT, que Alberto Peredo utilizaba a Andrés Guillén como ariete en sus operativos fronterizos para incautar pipas repletas de combustible robado. Tenían un sistema sofisticado para detectar a los contrabandistas de la gasolina.
Luego el funcionario enviaba a su operador Gustavo Bello para extorsionarlos. Les quitaban todas las trabas para que la pipa pasara libremente. Mientras esto ocurría, en Palacio Nacional se hablaba de combate a la corrupción y al llamado “huachicoleo”.
Lo grave de toda esta práctica corrupta es que Andrés Guillén continúa en el área de Asuntos Internos del SAT. Lleva dos décadas en esa posición y ha resultado inamovible, incluso, en el sexenio donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador ondea a los cuatro vientos la bandera del combate a la corrupción. ¿Doble discurso? ¿La misma corrupción del pasado? ¿Complicidad?
Actualmente, Andrés Guillén despacha como director de área y nadie sabe cómo es posible que siga operando, sobre todo, por sus negros antecedentes. ¿Lo cobija la actual titular del SAT? ¿Tiene algún padrino en el Gobierno? Todo es posible.
Es por ello que se cuestiona que el Presidente López Obrador hable de combate a la corrupción y los corruptos del pasado sigan operando en el Gobierno. El SAT es un refugio de corruptos, pues ahí siguen, por ejemplo, los aliados de José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial del PRI. ¿Esa fue la negociación con López Obrador? Es posible.
Todo indica que la escoba con la que López Obrador ofreció barrer las escaleras no está funcionando, pues Juan Díaz Masadiego, otro personaje ligado a la corrupción –poderoso hombre de la Secretaría de Economía–, operaba en el mismo cargo desde el sexenio de Felipe Calderón; otro de los sexenios marcados por la corrupción y las ligas con la delincuencia organizada.
fuente.-Ricardo Ravelo/
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