La Fiscalía General de la República (FGR) reservó la carpeta de investigación sobre la desaparición de 22 migrantes centroamericanos, ocurrida en el tramo carretero San Fernando-Reynosa, Tamaulipas, el 7 de marzo de 2019, “por cuestiones de sigilo” en la indagatoria.
De acuerdo con el oficio FGR/CPA/130/DGPPVCI/DV/0126/2019, suscrito por José Enrique Prieto Vargas, director de Vinculación del órgano autónomo, a la fecha se han realizado más de 65 diligencias tendientes al esclarecimiento de estos hechos.
La dependencia señaló que hasta el momento cuenta con la colaboración de los tres niveles del Gobierno mexicano, así como de consulados y autoridades de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Cuba.
Ante la petición del Senado para conocer un informe actualizado acerca del presunto plagio de migrantes en Tamaulipas cuando viajaban en un autobús de pasajeros junto con otras 19 personas, la institución aclaró: “la carpeta de investigación se encuentra en trámite, realizando como ya se mencionó, diversas investigaciones tendientes a localizar a las víctimas, así como a los posibles imputados por privación de la libertad”.
El oficio referido, en poder de La Razón, indica en el artículo 218 de dicho Código Nacional que: “para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate (…) sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de 12 años, contando a partir de que dicha determinación haya quedado firme”.
Cabe recordar que la Fiscalía asumió la investigación de los hechos ocurridos en Reynosa cuando se reportó que presuntamente varias camionetas cerraron el paso al autobús de Transpaís, con número económico 9596, de donde bajaron a 22 personas migrantes, de las 41 que viajaban en la unidad, según confirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, al detallar que podría tratarse de una red de “polleros”.
Por ello se abrió la carpeta de investigación correspondiente, por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y delincuencia organizada, en contra de quien resulte responsable.
Hasta el momento se tienen datos de la probable identificación de las personas secuestradas; sin embargo “no se cuenta con datos fehacientes que determinen el origen y/o nacionalidad de las mismas”, concluye el documento de la FGR.
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