El Poder Judicial de la Ciudad de México anunció ayer que suspendió a los dos jueces involucrados en la reclasificación del delito y la revocación de prisión preventiva contra el ex esposo de Abril Pérez Sagaón, la regiomontana asesinada el lunes frente a sus hijos en la CDMX.
Luego de que su entonces esposo, Juan Carlos García, atacó en enero a Pérez Sagaón, de 48 años, con un bate mientras dormía, los funcionarios judiciales Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio reclasificaron el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa por el de lesiones y violencia familiar.
Con esto, el magistrado Héctor Jiménez López revocó la prisión preventiva oficiosa dictada a García y ordenó su liberación el 8 de noviembre.
Además de la cuestionada decisión de los jueces, la resolución del magistrado, de la que Grupo REFORMA posee copia, revela que el Ministerio Público no pudo aportar elementos periciales suficientes para probar la tentativa de feminicidio.
García, ex CEO de Amazon México y ex directivo de Elektra, había sido detenido en septiembre por el ataque en enero 4.
Apenas 17 días después de que García salió libre, Abril fue asesinada cuando, tras una diligencia relativa a la custodia de los hijos, iba con dos de sus hijos y su abogado en una camioneta rumbo al Aeropuerto capitalino para regresar a San Pedro, a donde se mudó tras divorciarse en mayo.
García y Pérez Sagaón se casaron hace 25 años, tenían tres hijos y vivieron hasta el 2015 en San Pedro, cambiándose a CDMX por el trabajo de él.
Después del crimen, personas cercanas a la vecina de San Agustín Campestre acusaron de lo sucedido a García.
La reclasificación del delito ocurrió pese a que en una audiencia realizada el 25 de septiembre, Abril alertó al juez que era perseguida por investigadores enviados por su ex esposo.
"Tiene investigadores privados. Nos siguen. Me siguen muchos días y me siguen en Monterrey", advirtió en la audiencia en CDMX, a donde viajaba para seguir el caso.
Sin embargo, ni el MP ni el juez ordenaron medidas de protección para la víctima y sus hijos.
La Procuraduría de Justicia de la CDMX anunció ayer que inició una investigación, a través de la Fiscalía para Servidores Públicos, y presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura por la actuación de los jueces Mosco y Díaz, y contra el magistrado Héctor Jiménez López.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo ayer estar "muy molesta" por la determinación del juez.
"Ella misma dijo 'es que está en peligro mi vida' y no le hizo caso el juez", dijo la Ministra en retiro al hablar ante medios en Arteaga, Coahuila, donde dio una conferencia sobre violencia de género.
"Adicionalmente, esta reclasificación, en mi opinión, sí tuvo consecuencias".
Con esto, el magistrado Héctor Jiménez López revocó la prisión preventiva oficiosa dictada a García y ordenó su liberación el 8 de noviembre.
Además de la cuestionada decisión de los jueces, la resolución del magistrado, de la que Grupo REFORMA posee copia, revela que el Ministerio Público no pudo aportar elementos periciales suficientes para probar la tentativa de feminicidio.
García, ex CEO de Amazon México y ex directivo de Elektra, había sido detenido en septiembre por el ataque en enero 4.
Apenas 17 días después de que García salió libre, Abril fue asesinada cuando, tras una diligencia relativa a la custodia de los hijos, iba con dos de sus hijos y su abogado en una camioneta rumbo al Aeropuerto capitalino para regresar a San Pedro, a donde se mudó tras divorciarse en mayo.
García y Pérez Sagaón se casaron hace 25 años, tenían tres hijos y vivieron hasta el 2015 en San Pedro, cambiándose a CDMX por el trabajo de él.
Después del crimen, personas cercanas a la vecina de San Agustín Campestre acusaron de lo sucedido a García.
La reclasificación del delito ocurrió pese a que en una audiencia realizada el 25 de septiembre, Abril alertó al juez que era perseguida por investigadores enviados por su ex esposo.
"Tiene investigadores privados. Nos siguen. Me siguen muchos días y me siguen en Monterrey", advirtió en la audiencia en CDMX, a donde viajaba para seguir el caso.
Sin embargo, ni el MP ni el juez ordenaron medidas de protección para la víctima y sus hijos.
La Procuraduría de Justicia de la CDMX anunció ayer que inició una investigación, a través de la Fiscalía para Servidores Públicos, y presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura por la actuación de los jueces Mosco y Díaz, y contra el magistrado Héctor Jiménez López.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo ayer estar "muy molesta" por la determinación del juez.
"Ella misma dijo 'es que está en peligro mi vida' y no le hizo caso el juez", dijo la Ministra en retiro al hablar ante medios en Arteaga, Coahuila, donde dio una conferencia sobre violencia de género.
"Adicionalmente, esta reclasificación, en mi opinión, sí tuvo consecuencias".
fuente.-
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