LOS FEDERALES VS. LOPEZ OBRADOR y los APARTADOS de la CONSTITUCION...un punto de quiebre entre tanto "quebradero".

Uno de los puntos de quiebre en materia de seguridad en estos primeros meses del nuevo régimen ha sido la tensión entre policías federales –inconformes con seguir prestando sus servicios en la Guardia Nacional o en alguna otra dependencia federal– y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en virtud de que habían dejado fuera la figura de la indemnización por desaparecer la fuente de trabajo, la cual está prevista en el artículo 123 apartado B constitucional.

Las cosas han dado un saludable giro en este desencuentro inicial que, empero, parece seguir en la percepción de buena parte de la opinión pública, de ahí la importancia de abundar al respecto y puntualizar las cosas. Veamos.

Primero, he sido un crítico constante del secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, a la luz de los hechos en los que ha intervenido y que han normado mi valoración sobre su desempeño en ese cargo. No obstante, no todo es blanco o negro.

Una buena decisión de Durazo fue nombrar al subsecretario Ricardo Mejía Berdeja como representante de la Secretaría de Seguridad Pública para negociar con los policías federales que deseaban ejercer su derecho constitucional a recibir su haber económico, y no las opciones que al principio estaban sobre la mesa y sus términos respectivos. Fue una serendipia, es decir, un hallazgo inesperado en este personaje que –de la lectura de su trayectoria profesional– no tenía elementos para prever que habría de jugar un papel de importancia capital para resolver un problema que estaba pegando en la línea de flotación del sistema de seguridad pública del país.

Segundo, en dos amplias entrevistas con Julio Hernández Astillero, la semana pasada, el abogado de los policías federales en desacuerdo, Enrique Carpizo, y los voceros del movimiento de estos elementos de seguridad, Adrián López y Mario Alberto Lover, aclararon aspectos torales de su movilización:

1. A) No están contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. B) Su movimiento era por recibir su indemnización conforme a derecho. C) Los mandos medios ubicados entre la tropa (los policías federales) y los altos servidores públicos que llegaron con Durazo generaron condiciones para exacerbar a los policías (arrestos, presiones y sanciones) hablando en nombre de Durazo y Mejía Berdeja –aprovechando la falta de puentes de comunicación entre la tropa y el subsecretario Mejía Berdeja– y quienes respondían al expresidente Felipe Calderón; éste les había dado sus respectivos nombramientos y sabían que no tenían futuro en una corporación a punto de desaparecer, razón por la cual vieron la confrontación como un medio para hacerse necesarios.
2. D) Las manifestaciones fueron pacíficas y la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) –el día que arribó el expresidente de Bolivia, Evo Morales– inicialmente ocurrió fuera de la terminal aérea, pero la presencia de la policía de la Ciudad de México con elementos armados hizo que se concentraran en las inmediaciones del AICM. Ni la Policía Federal destacada en el aeropuerto, el Ejército o la Marina hicieron acto de presencia, toda vez que, a su juicio, no estaba en riesgo la operación de la terminal; los elementos de la policía capitalina en zona federal fueron desarmados y exhibidos.
3. E) Tanto el comisario de la Policía Federal destacado en el AICM como el subsecretario de la SSPC, Mejía Berdeja, fueron atacados con gases lacrimógenos por presuntos policías capitalinos; aquéllos, paradójicamente, fueron auxiliados por los manifestantes. F) La creación de sinergia y diálogo entre los policías inconformes con Mejía Berdeja puso al descubierto esta conspiración en curso y fue desactivada inmediatamente por el bien del país.

Tercero, una vez aclarados esos puntos cruciales, la Secretaría de Seguridad y los policías inconformes encontraron los mecanismos de común acuerdo para materializar la tercera vía: el pago de las indemnizaciones correspondientes que gradualmente están fluyendo, pese a algunas trabas de los mandos medios que todavía quedan en algunos espacios e intentan destruir la confianza recién articulada, lo que se ha resuelto caso por caso. De modo que quienes deseen optar por esa alternativa lo podrán hacer en el curso de estos meses.

Esta noticia refleja sensibilidad y apego al estado de derecho en beneficio de todos, algo imposible si no se hubiera dado vida a esa comunicación. Las aspiraciones de Calderón para enfrentar a los policías federales con el presidente de la República hubieran tenido resultados de pronóstico reservado.

Dicho escenario se ha conjurado por ahora. Un tema que nadie ha tratado y que tiene una gran importancia reside en la resolución judicial que el jurista y gran litigante Enrique Carpizo logró en favor de sus representados en el Poder Judicial de la Federación: la suspensión provisional, primero, y la definitiva, después, de la demanda de amparo 1005/20129-III de fecha 30 de julio de 2019, de acuerdo con la cual se reconocen dos derechos fundamentales para los agentes policiales: el de la manifestación y la organización.

Cabe señalar que en América Latina los integrantes de los cuerpos del orden público carecen de la potestad de manifestación y de asociación en agrupaciones o la posibilidad de crear ombudspersons internos que garanticen sus derechos en los cuerpos de seguridad.

De esta suerte, lo generado por Carpizo crea un precedente con el reconocimiento expreso de derechos humanos que, en la vida real, eran restringidos a las fuerzas de seguridad pública. El diálogo y el intercambio franco de puntos de vista han dado resultados que parecían en este caso muy difíciles de resolver y que deben ser la ruta en otras áreas donde esas habilidades deben ser puestas en práctica.

@evillanuevamx

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