Tres estados de la República, casualmente los tres ubicados en la frontera con Estados Unidos, han emprendido acciones, declaraciones o movimientos de la mano de sus gobernadores que desafían y cuestionan al poder central de la Federación.
EL DINERO LO CONFRONTA:
Los tres utilizan argumentos en los que acusan ya sea un “abandono”, un “trato injusto e inequitativo” o una “falta de atención” a las necesidades de sus estados; y aunque se trata de señalamientos distintos, unos relacionado con los problemas de inseguridad y violencia en su entidad, otro con un intento de ignorar la Constitución y a las instituciones federales y el otro con el diseño y funcionamiento del pacto fiscal y la distribución de recursos a los estados, al final en Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, los discursos de sus gobernadores tienen un mismo tufo separatista.
Se trata de dos gobernadores del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Javier Corral, de Chihuahua, y de un gobernador de Morena, el recién llegado Jaime Bonilla, de Baja California. De estos tres mandatarios locales, al menos dos, Bonilla y Cabeza de Vaca tienen la doble nacionalidad, es decir que ambos son también estadounidenses, uno nacido en San Diego, California, y el otro en Brownsville, Texas. Cada uno con su estilo y con su personalidad y sin que necesariamente haya un punto de confluencia entre las posiciones de los tres, pero estos mandatarios han coincidido en reclamos, declaraciones o acciones en contra del poder federal por distintas razones, pero con un denominador común: un discurso que apela y defiende el orgullo y el interés local de sus estados, con acusaciones y señalamientos a un gobierno central que no atiende de manera puntual y eficiente las necesidades de los habitantes de su entidad y que, por lo tanto, no está cumpliendo con sus obligaciones del Pacto Federal y está dando un trato injusto e inequitativo a las entidades federativas.
El primero en utilizar ese discurso localista y chauvinista fue el gobernador de Baja California. Aún antes de llegar al cargo, cuando todavía era gobernador electo, Jaime Bonilla inició un movimiento que comenzó por cooptar diputados de la mayoría de oposición en el Congreso local para que le aprobaran una reforma a la Constitución del Estado para ampliar el periodo de duración de su gubernatura de los dos años por los que fue electo y votado en las urnas, a cinco años que él consideraba necesarios para poder llevar a cabo sus planes de gobierno. Cuando esa reforma fue severamente cuestionada e impugnada por instituciones federales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Instituto Nacional Electoral, además de recibir críticas de distintas organizaciones políticas y civiles, el entonces mandatario electo comenzó a utilizar el discurso de la soberanía estatal y de que “los bajacalifornianos decidimos nuestros asuntos” y lanzó consignas como “ya basta del abandono histórico del centro” y de sus imposiciones.
Bonilla es hoy gobernador constitucional, y aunque no se sabe aún con certeza cuánto durará su gestión, porque hay en este momento varias acciones y controversias de constitucionalidad en torno a la reforma estatal que amplió su mandato, está claro que aún siendo del partido oficial y amigo cercano del presidente López Obrador, este empresario de comunicación metido a la política, tiene un movimiento propio que va más allá de lo que opine el centro y el gobierno federal y que reivindica, por encima de su militancia política o su cercanía con el Ejecutivo Federal, una causa local y localista que acusa de “abusos, abandonos e imposiciones” a la Federación hacia Baja California, el estado que tiene la frontera más transitada y dinámica con los Estados Unidos: Tijuana.
El otro caso de un estado que desafía y acusa un trato injusto del poder central es Tamaulipas. Su gobernador, el panista Francisco García Cabeza de Vaca ha sido uno de los más incómodos y críticos hacia la 4T y el presidente López Obrador, quién en casi un año que lleva en el poder se ha negado a recibir en audiencia al mandatario tamaulipeco, a pesar de que éste se lo solicitó en varias ocasiones primero de manera oficial y luego públicamente. Cabeza de Vaca ha acusado que el gobierno federal se ha negado a mandarle toda la ayuda necesaria en materia de seguridad a su estado, que tiene problemas severos, sobre todo en sus municipios fronterizos, donde distintas escisiones y células de cárteles del narcotráfico se disputan con violencia el control de plazas y territorios. Desde la negativa a mandar la Guardia Nacional a Tamaulipas, hasta la cancelación de retenes y puestos de vigilancia en zonas conflictivas, el gobernador ha acusado directamente a la Federación de la situación de descomposición y violencia que viven Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
En algún momento, cuando se interpuso una demanda de la bancada de Morena en el Senado para declarar la “desaparición de poderes en su estado”, García Cabeza de Vaca arremetió con un discurso en el que amagó con desconocer el pacto federal, bajo argumentos de que “Tamaulipas es de los estados que más aporta en impuestos a la Federación y nos regresan una miseria en participaciones”, además de que arengó a los tamaulipecos a “defender la soberanía y la autonomía del estado” ante los abusos federales. Más recientemente, el gobernador panista fue el primero en declarar que la violencia que padece su estado, especialmente en Nuevo Laredo en las últimas semanas, ya no sólo es violencia sino que se trata de “narcoterrorismo”, por la forma en que actúan los criminales que buscan infundir miedo, pánico y zozobra y no dudan en utilizar como escudos a la población civil.
En el caso de Chihuahua y su gobernador Javier Corral, el motivo de queja hacia el gobierno central es el fiscal. Dos días después de la aprobación del Presupuesto Federal 2020, el mandatario panista, que también ha tenido diferencias con la 4T, se pronunció abiertamente por que Chihuahua y otras entidades federativas que tienen las capacidades productivas y económicas rompan el Pacto de Coordinación Fiscal con la Federación, según el cual el gobierno central distribuye los recursos federales. “Si nos quedamos callados no le vamos a hacer ningún bien a México y no es cierto que con negociaciones individuales cada gobernador, con el gobierno federal va a sacar más para sus estados. Si el barco se hunde nos hundimos todos, yo no he visto un barco que se hunda y sobreviva un camarote. También hay que pensar en la posibilidad de que si no se modifican estas reglas, descoordinarnos de la Federación los estados que podamos hacerlo en función de nuestro propio Producto Interno Bruto y nuestras propias capacidades económicas y productivas. Yo no veo de otra y no veo signos de que esto vaya a cambiar. Entonces hago un llamado respetuoso pero claro de nuestras preocupaciones”, dijo Javier Corral en tono abierto de amago.
Así es como tres gobernadores de los estados que comparten frontera con los Estados Unidos y donde se ubican quizás los tres cruces fronterizos más importantes con el vecino país (Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo) expresan abiertamente su molestia e inconformidad con el Centro. Unos lo hacen de manera más política, otros en tono de abierto desafío, pero en los tres casos es innegable que subyace el mismo argumento de fondo que, toda proporción guardada, esgrimían aquellos colonos protestantes de Texas que en el siglo 19, que “el centro no nos atiende ni nos resuelve nuestras necesidades”. ¿Será que en pleno siglo XXI y en plena 4T de nuevo soplan vientos separatistas en la República?
Así es como tres gobernadores de los estados que comparten frontera con los Estados Unidos y donde se ubican quizás los tres cruces fronterizos más importantes con el vecino país (Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo) expresan abiertamente su molestia e inconformidad con el Centro. Unos lo hacen de manera más política, otros en tono de abierto desafío, pero en los tres casos es innegable que subyace el mismo argumento de fondo que, toda proporción guardada, esgrimían aquellos colonos protestantes de Texas que en el siglo 19, que “el centro no nos atiende ni nos resuelve nuestras necesidades”. ¿Será que en pleno siglo XXI y en plena 4T de nuevo soplan vientos separatistas en la República?
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