Hace dos semanas, Veracruz volvió a estar en las portadas de la prensa nacional e internacional en razón de un nuevo escándalo de violencia: la masacre absurda de 13 personas, en este caso en la ciudad de Minatitlán.
Al igual que en otros acontecimientos similares, no se ha detenido a los culpables. Una cosa ha quedado clara: no hay un diagnóstico de las nuevas formas que ha asumido la violencia criminal, y el Estado, en sus dimensiones local, estatal y nacional, recurre a las viejas respuestas, probadamente insuficientes, para atacar un problema cuya complejidad exige la construcción de instituciones de justicia locales, las cuales no aparecen siquiera en el horizonte discursivo de los políticos.
Veracruz, el tercer estado más poblado del país, y tal vez el más complejo por su diversidad regional, dispersión poblacional y alta conflictividad social y política, viene sufriendo, desde hace tres décadas, un estancamiento económico general con regiones en franca crisis. Desde hace unos 15 años, una serie de gobiernos estatales desastrosos han causado la desinstitucionalización de un gobierno de por sí frágil y permitido la implantación del crimen organizado en todo el territorio. Primero, el gobernador Fidel Herrera pactó con el grupo de los zetas, y luego el gobernador Javier Duarte, obligado por la federación, dio entrada al grupo Jalisco Nueva Generación. Este proceso conllevó una brutal violencia con miles de muertos y desaparecidos, tanto en las batallas entre grupos, como a causa de la intervención de las fuerzas del orden.
Tanto por la propia dinámica de la competencia entre grupos criminales, como por la acción del Estado, los antiguos carteles han tendido a fragmentarse en múltiples células débilmente articuladas entre sí. Estas guerras han llevado a un rápido recambio de líderes de “plazas” y a una dramática diversificación y “localización” de las actividades criminales. Si antes el control del territorio era condición para la circulación nacional e internacional de drogas y personas, la crisis y recambio de esos mercados ha obligado a las células criminales a sacar rentas casi exclusivamente de las poblaciones que dominan. El secuestro, la extorsión, el “cobro de piso”, el narcomenudeo y el robo, que antes eran actividades complementarias a los negocios principales, se volvieron el negocio casi único de las células locales en buena parte del país.
La fragmentación criminal y la precariedad de los mercados locales ha incrementado la competencia por las escasas rentas disponibles, causando un aumento de la violencia, así como un cambio en la composición de los sujetos criminales. De ser grupos con cierta permanencia organizacional, han pasado a ser bandas locales cambiantes, articuladas en torno a clanes o familias extensas. Por ello tienen una base social local.
Por consiguiente, el combate a la criminalidad se ha tornado un asunto de inteligencia local y presencia policíaca cercana a la ciudadanía. Este tipo de delincuencia solo puede ser combatido con una política integral que en la parte policíaca se funde en policías locales profesionales conocedoras del territorio y de sus habitantes, que cuente con la confianza de los ciudadanos y tenga un espíritu de cuerpo que le permita superar las amenazas y agresiones de los delincuentes; deberá articularse a la Guardia Nacional y a la policía estatal para las operativos importantes, pero la investigación y ubicación de objetivos le corresponde a quien conoce el terreno; en la parte de justicia, se requiere de una fiscalía local profesional y con recursos suficientes para investigar y obtener pruebas de los delitos; y de un poder judicial que actúe con rapidez y no se deje intimidar ni corromper. Al mismo tiempo, deberán desarrollarse las políticas sociales que atemperen la brutal miseria que sufre la mayoría de la población, que mejore los ambientes escolares, haga funcionar las clínicas locales e impulse actividades culturales y deportivas a escala microlocal.
Nada de esto parece estar en el horizonte del gobierno federal. En Minatitlán, se optó por reproducir la vieja historia de la ocupación militar de una ciudad con soldados que no conocen el territorio, en esta ocasión con el disfraz de una Guardia Nacional que no existe aún. Para colmo, el conflicto entre el gobernador de Veracruz y el fiscal estatal, que dirige una de las peores fiscalías del país, ha escalado a niveles absurdos, que implican la inexistencia de coordinación entre instituciones en el contexto de una violencia desbocada.
Construir policías locales e instituciones de justicia funcionales llevará mucho tiempo, pero es la única solución a largo plazo. Pero el gobierno actual parece no entender que hay que empezar ya este proceso, que requiere de planes, recursos y voluntad política. Seguir la vía de la militarización es repetir los errores del pasado.
fuente.-
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