En la cuenta de Facebook de Enrique Peña Nieto apareció el jueves un mensaje en el que el expresidente hacía pública la conclusión legal de su matrimonio con Angélica Rivera y su divorcio oficial.
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Fueron palabras de reconocimiento y agradecimiento para la actriz que lo acompañó durante su ascenso político, primero en la gubernatura mexiquense y luego en la candidatura y la Presidencia, y que en su momento le aportó buena parte de su popularidad y carisma, aunque en los últimos años, sobre todo a partir del escándalo de la “Casa Blanca”, también se le convirtió en un problema y en una relación problemática y conflictiva.
Para el expresidente, haber por fin concluido el proceso de divorcio significó no sólo ceder a condiciones y exigencias económicas millonarias, sino también cerrar un conflicto personal que se le complicó demasiado por el enojo de su ahora ex esposa, que modificó totalmente los acuerdos que ya habían hecho antes del 1 de diciembre, y que le subió mucho el costo económico a la separación.
Peña tuvo que negociar y aceptar las nuevas condiciones de Angélica Rivera, que durante las nuevas negociaciones utilizó como intermediario al empresario Ernesto Alvárez Morphy Alarcón, amigo común de ambos y cuya esposa era la amiga más cercana de la actriz. Fue él quien se encargó de transmitirle al expresidente las exigencias, algunas de ellas excéntricas, que puso la señora para poder firmar el divorcio. Curiosamente Alvarez Morphy es el mismo personaje mencionado como amigo y financiero desde la campaña de Peña Nieto y, a quien se atribuye en el círculo cercano del peñismo, haber llevado “negocios del presidente” y haber ocupado el lugar de Armando Hinojosa Cantú, cuando el constructor mexiquense fue hecho a un lado por el escándalo de la Casa Blanca.
Algo sabe Alvarez Morphy de transacciones millonarias, pues también él fue el “representante” de la empresa a la que el Infonavit le otorgó un contrato millonario para que manejara la cartera vencida, durante la gestión de Alejandro Murat, contrato que después les fue quitado por David Penchyna, quien terminó indemnizando a la empresa y a su representante con 5 mil millones de pesos. Esa operación fue motivo de una observación de la Auditoría Superior de la Federación, que solicitó informes al Infonavit, que se negó a entregar información e interpuso un amparo, aún vigente, contra la fiscalización del auditor superior, David Colmenares.
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