La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la desaparición de personas va en aumento, pese a los avances que se registran en la búsqueda y localización de personas impulsados por víctimas de violencia en el País.
Al participar en el Foro Chilapa 2019 "Construcción de la Paz con Verdad y Justicia", el Primer Visitador General, Ismael Eslava, demandó materializar el contenido de la Ley General en la materia mediante la profesionalización de actores para que las Comisiones de Búsqueda, Fiscalías Especializadas y áreas de servicios periciales cumplan sus funciones.
Eslava enfatizó que los avances en la búsqueda de desaparecidos se han logrado gracias al incesante e incansable trabajo de miles de familias que enfrentan el infortunio de desconocer el paradero de alguno de sus seres queridos.
Pero, pese a sus aportaciones y la de colectivos de la sociedad civil, no se ha detenido ese flagelo y el número de víctimas va en aumento.
Para avanzar, apuntó, es necesario que los actores involucrados en áreas de procuración de justicia e investigación estén capacitados para que las Comisiones Locales de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y las áreas de servicios periciales, entre otras, cumplan cabalmente sus funciones.
Mencionó que a la fecha solo se han establecido dichas Comisiones en Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, mientras que Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Sinaloa y Sonora no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas.
También, demandó una Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición que parta de reconocer la desaparición como uno de los problemas más complejos, dolorosos e indignantes a los que se enfrenta el Estado.
Solicitó que el diálogo con familiares y colectivos de personas desaparecidas sea eje rector de las instancias involucradas en la atención del flagelo; crear el registro de familiares afectados y dotar de suficiente personal, equipamiento y materiales a los servicios médicos forenses y servicios periciales.
Además de realizar investigaciones efectivas que eviten la impunidad; que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; establecer Comisiones de Búsqueda en cada entidad para determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones en la materia, y realizar un análisis de contexto o situacional para identificar, relacionar y sistematizar obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de delitos.
El Primer Visitador General de la CNDH señaló que la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad propician e inciden en que la desaparición de personas sea un flagelo que, desafortunadamente, está muy lejos de ser dimensionado y atendido de manera adecuada.
Aseguró que la falta de investigaciones ministeriales homogéneas refleja un problema estructural en materia de procuración de justicia en el País, sobre todo en las entidades, lo que ubica a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono y revictimización al hacer nulos sus derechos constitucionales.
Al participar en el Foro Chilapa 2019 "Construcción de la Paz con Verdad y Justicia", el Primer Visitador General, Ismael Eslava, demandó materializar el contenido de la Ley General en la materia mediante la profesionalización de actores para que las Comisiones de Búsqueda, Fiscalías Especializadas y áreas de servicios periciales cumplan sus funciones.
Eslava enfatizó que los avances en la búsqueda de desaparecidos se han logrado gracias al incesante e incansable trabajo de miles de familias que enfrentan el infortunio de desconocer el paradero de alguno de sus seres queridos.
Pero, pese a sus aportaciones y la de colectivos de la sociedad civil, no se ha detenido ese flagelo y el número de víctimas va en aumento.
Para avanzar, apuntó, es necesario que los actores involucrados en áreas de procuración de justicia e investigación estén capacitados para que las Comisiones Locales de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y las áreas de servicios periciales, entre otras, cumplan cabalmente sus funciones.
Mencionó que a la fecha solo se han establecido dichas Comisiones en Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, mientras que Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Sinaloa y Sonora no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas.
También, demandó una Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición que parta de reconocer la desaparición como uno de los problemas más complejos, dolorosos e indignantes a los que se enfrenta el Estado.
Solicitó que el diálogo con familiares y colectivos de personas desaparecidas sea eje rector de las instancias involucradas en la atención del flagelo; crear el registro de familiares afectados y dotar de suficiente personal, equipamiento y materiales a los servicios médicos forenses y servicios periciales.
Además de realizar investigaciones efectivas que eviten la impunidad; que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; establecer Comisiones de Búsqueda en cada entidad para determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones en la materia, y realizar un análisis de contexto o situacional para identificar, relacionar y sistematizar obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de delitos.
El Primer Visitador General de la CNDH señaló que la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad propician e inciden en que la desaparición de personas sea un flagelo que, desafortunadamente, está muy lejos de ser dimensionado y atendido de manera adecuada.
Aseguró que la falta de investigaciones ministeriales homogéneas refleja un problema estructural en materia de procuración de justicia en el País, sobre todo en las entidades, lo que ubica a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono y revictimización al hacer nulos sus derechos constitucionales.
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