El operador fue un colombiano naturalizado mexicano, un tipo autodidacta en metalurgia y en otras artes del narco. Embarcó dos toneladas de cocaína líquida. Acondicionó dos transformadores eléctricos para inyectar en sus cavidades metálicas un líquido viscoso que dio positivo como sustancia prohibida que fue incautada cuando llegó a su destino, en Puerto Progreso, Yucatán.
Así concluía uno más de los episodios en que traficantes mexicanos aparecen en la escena internacional. Buenos Aires fue en este caso la plaza de embarque y Argentina, su conexión mexicana. Han traficado con efedrina, han ido de compras a zonas residenciales exclusivas de Buenos Aires, han vivido con otra identidad y se han hecho de socios locales.
›César Cornejo Miranda, un hombre de más de 40 años, fue sentenciado el 1 de diciembre de 2016 a 12 años en prisión por la operación ilegal de los armatostes y por tentativa de homicidio a un cabo de la Gendarmería que intentaba arrestarlo el 28 de abril de 2014 en el barrio bonaerense de Belgrano.
Cerca de 24 meses preparó la mercancía que el 7 de marzo de 2014 había enviado a Yucatán. Una jueza de San Isidro, una localidad conurbada a Buenos Aires, logró el decomiso del cargamento en colaboración con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la detención simultánea del colombiano-mexicano en Haedo, otra periférica pieza del conglomerado bonaerense.
Tres años después, el 14 de noviembre de 2017, se supo que la cabeza de la operación destinada a exportar cocaína líquida fue un financiero llamado Hernán Gabriel Westmann, de 44 años, quien está prófugo por el delito de lavado de dinero. Cuando intentaron detenerlo en aquella fecha, libró la captura. Allanaron sus propiedades y le decomisaron de todo: ocho inmuebles, una avioneta, una lancha. Dos colombianos también son investigados. “Los tentáculos del Chapo Guzmán en Argentina”, expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un Twitter.
El arresto de Westmann es una secuela de la investigación que dio con la exportación de cocaína líquida. Al respecto, la jueza Sandra Arroyo Salgado lo anticipó en el texto de la sentencia que dictó contra Cornejo Miranda y dos colaboradores argentinos: “una operatoria sostenida en el tiempo”.
«Hernán Gabriel Westmann es la cabeza de la organización vinculada al tráfico de cocaína líquida, realizaba viajes a la isla Martín García, se cree que para retirar el dinero (…) es una línea muy importante que está llevando adelante nuestra gestión, que no es sólo quedarnos en el decomiso de la droga, sino la desarticulación de las bandas y apuntar fuertemente a lo que es el lavado de dinero del narcotráfico. Siempre se habla de la importancia de sacarle el capital al narcotráfico.” Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina
El minucioso trabajo para el montaje de la droga permitió que los transformadores superaran todos los controles aduaneros implementados en Argentina y en México, después de pasar por rayos X, Gamma y controles caninos. “Hubo participación de funcionarios policiales de jerarquía y operadores de aduana” en Argentina, precisó Arroyo Salgado.
Si se acepta como definición de cártel aquella organización que produce, trafica y blanquea ingresos por venta internacional de drogas, Argentina no cuenta. La organización más articulada es la de Los Monos, que las autoridades de Santa Fe dieron por anulada en 2015. Las bandas argentinas han fungido más bien como operadores locales en la venta y el blanqueo de activos, en ocasiones con buenos dividendos; Westmann, por ejemplo, es acusado de haber lavado 70 millones de dólares, parte de los cuales, se sabe, recogió personalmente en el oscuro mundo de las islas del río de la Plata.
“Argentina ya no resulta ser solo un ‘punto estratégico de paso’ entre los productores de droga, México, Colombia, Bolivia, y el continente europeo”, escribió la jueza. “Por el contrario, las pruebas reunidas en esta pesquisa ponen de manifiesto la presencia de cárteles de injerencia internacional que han elegido deliberadamente el territorio de nuestro país”.
El caso de Esteban Ibar Pérez Corradi, un empresario argentino de la industria farmacéutica, es un precedente en la conexión argentino-mexicana. El 13 de noviembre pasado fue sentenciado a siete años de cárcel por la venta ilegal de 19 toneladas de efedrina a narcotraficantes vinculados a cárteles mexicanos, que entre 2004 y 2008 la convirtieron en drogas sintéticas para distribuir en Estados Unidos, principalmente.
Ya se había disipado el ruido ocasionado en 2001 por otro escándalo protagonizado por los aliados argentinos de narcos mexicanos. El Servicio de Aduanas de Estados Unidos informó entonces que el cártel de Juárez transfirió 11 millones de dólares a Argentina en 1999, año de elecciones presidenciales, a través del Citibank y con destino a una compañía financiera argentina llamada Mercado Abierto. Dos años antes había estado de viaje en la pampa Amado Carrillo, viendo oportunidades de compra en ganadería, agricultura y bienes raíces urbanos, bajo la cobertura de un nombre falso.
Hacia adelante, la administración del presidente Mauricio Macri prevé que las organizaciones extranjeras tendrán más dificultades para hacer negocios en el sur. La Argentina, afirmó en una entrevista el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, brazo derecho de la ministra Bullrich, “se transformó en una plaza, realmente hostil para los cárteles internacionales, que tanto daño le han hecho a Colombia y a México”.
Homenaje. Un mural elaborado en el barrio La Granada, en Rosario, Argentina, conmemora la vida de Cantero.
Fotos: Guillermo G. Espinosa.
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