Desde una precaria oficina en el piso quinto del edificio del Consejo Nacional de Población (Conapo), Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), diserta sobre cuál de sus responsabilidades como coordinadora del Sistema Nacional de Búsqueda es más complicada y sobre cómo clasificar las prioridades y las emergencias.
Ese ejercicio es parte de su tarea “titánica” para indagar el paradero de los más de 40 mil desaparecidos, la funesta herencia de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, primordialmente.
Esa lista debe incluir los casos de desaparición forzada abiertos por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que desde su extinción en 2006 ha estado a cargo de la Coordinación General de Investigaciones, provista de una unidad especializada que tiene “literalmente” una persona.
Designada el 9 de febrero por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de un proceso de consulta entre colectivos de familiares de víctimas, organizaciones civiles y académicos, Quintana Osuna tiene más de medio centenar de atribuciones y obligaciones fijadas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Tras la reciente aprobación de su estructura, Quintana asume que para cumplir con su encomienda es necesaria la colaboración del Estado, por lo que se fijó como meta al menos seis meses con el propósito de sentar las bases para que “el engranaje funcione”.
Por lo pronto, en cuanto a los compromisos asumidos por López Obrador ante los familiares de los desaparecidos que asistieron a la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), Quintana está emplazada a superar la emergencia forense que tiene 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar, así como a urgir a por lo menos 18 estados para que consoliden sus comisiones locales de búsqueda.
La incertidumbre
Entre sus primeras acciones como comisionada, el lunes 1 Quintana envió un oficio a los gobiernos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas –que carecen de comisiones locales de búsqueda– en el cual expone que están en una omisión legislativa.
El hecho es grave: según el último reporte del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en esos estados han ocurrido 11 mil 414 casos (30.5%) de los 37 mil 435 reportados hasta este mes. De esos, 797 fueron vistos por última vez en la Ciudad de México; 2 mil 73 en Puebla; 3 mil 42 en Sinaloa, y 2 mil 169 en Sonora.
Desde su llegada, funcionarios y legisladores de Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Durango se acercaron a la CNB en busca de asesoría técnica, sostiene Quintana, quien habla también de la trascendencia de la reinstalación del SNB, pues “sólo con un compromiso desde el Ejecutivo federal –que fue muy claro y directo– se puede asumir políticamente que es una obligación del Estado mexicano dar respuesta a las miles de familias que quieren saber de sus desaparecidos”.
Agrega: “Sin duda, la CNB es la punta de lanza del Sistema. Es a través de nosotros que se van a coordinar todas estas instituciones. Si no existen como tal o carecen de presupuesto, esto será una simulación”.
Menciona la “incertidumbre” laboral por la demora en el nombramiento de un fiscal de derechos humanos. Hasta ahora, dice, se coordina con la Fiscalía General de la República por medio de Abel Galván Gallardo, quien fue nombrado durante el gobierno de Peña Nieto como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada.
“Todos los colectivos tienen un programa sobre lo que van a hacer en los próximos meses, pero ante la falta de claridad sobre la continuidad o no de los funcionarios en general, es muy difícil saber qué hacer”, confía.
Insiste: “Para que el SNB opere, requiere de las fiscalías especializadas en todos los estados –siete carecen de ellas–; tampoco hay claridad sobre cuántas operan como tales y cuántas son simples unidades dentro de las instancias de procuración de justicia locales”.
Proyecto en pañales
Desde que fue designada como titular de la CNB, Quintana ha recibido al menos 120 llamadas de distintas partes del país para solicitar apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.
Y considera que el teléfono de la institución “todavía no timbra lo suficiente”. Explica: “Creo que estamos en un proceso de darnos a conocer, aunque la CNB se creó desde hace un año; falta que las propias autoridades sepan que, como comisionada nacional, soy la secretaria ejecutiva del sistema para hacer que esto funcione”.
Aunque carece de información actualizada sobre el número de desaparecidos en el país, Quintana considera que “la tendencia no ha variado”, pues siguen las desapariciones.
La funcionaria estuvo al frente de la Asesoría Jurídica Federal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desde donde representó a familiares de víctimas casos de los cuales entre 25% y 30% fueron desapariciones forzadas. Resalta que Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Coahuila se mantienen con focos rojos, mientras Nayarit, Puebla y Colima están ingresando a la clasificación de foco rojo.
Confía en diseñar una metodología, tecnología y capacitación para contar con reportes diarios de desapariciones. “Son indispensables para tener una idea mucho más cercana de la crisis, de la realidad de cada estado para saber cómo abordarla porque el dinero que necesite cada comisión local va a depender del índice de desapariciones oficiales registradas en esa entidad”.
De los poco más de 400 millones de pesos de los que dispone la CNB para operar el SNB, la mitad será destinada a la creación de las comisiones locales. El reto es mayúsculo si se considera que en materia de desaparición en México “hay dos cifras negras: la real, la de la persona que no denunció o que se acercó a hacerlo y no le hicieron caso, y la relativa a la forma en que se ha reunido la información por estado y la clasificación de algunos delitos, como la trata de personas y el secuestro”.
Puntualiza: “Debemos saber con precisión si la víctima fue ejecutada o apareció para hacer el match con el registro de ADN de los desaparecidos”.
Refiere que en términos de protocolos de actuación la CNB está “en pañales”, y también en omisión legislativa, pues dice que la administración anterior tampoco avanzó en “las líneas básicas” para buscar personas tomando en cuenta perfiles de víctimas y modus operandi de desaparición por regiones y estados.
Insiste en que los modus operandi en función del perfil de víctimas son fundamentales para determinar los protocolos de actuación de la CNB porque eso impacta en los planes de búsqueda.
Con 20 personas bajo su mando, la comisionada puntualiza que parte de sus objetivos es continuar la búsqueda de desaparecidos de la mano de sus familiares. “No somos policías, no somos agentes del Ministerio Público; somos buscadoras y buscadores. Eso significa que aún sin una denuncia penal basta una noticia o un reporte para comenzar a buscar”, aclara.
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