Fue demandado ante la corte; el cargo que se
le imputa es el robo de 65 millones de dólares a las personas que invirtieron
sus ahorros en esa empresa.
Rafael Olvera Amezcua, accionista principal
de la financiera popular Ficrea, fue demandado ante una corte de Florida,
Estados Unidos. El cargo que se le imputa es el robo de 65 millones de dólares
a las personas que invirtieron sus ahorros en esa empresa, informó en un
artículo el San Antonio Express News.
De acuerdo con la demanda, Olvera Amezcua habría utilizado los
recursos “para construir un imperio de lavado de dinero” en San Antonio, Texas,
y en la península de la Florida.
La demanda identifica al empresario, quien actualmente vive en
Miami, como responsable de una conspiración criminal para esconder decenas de
millones de dólares que estafó en 2014 a 6 mil 800 ahorradores a través de su
Sociedad Financiera Popular.
De acuerdo con autoridades mexicanas, la estafa habría implicado
una suma total de 2 mil 700 millones de pesos, aproximadamente 160 millones de
pesos, aunque la demanda estaría relacionada solo con 65 millones de dólares,
una parte del monto total.
El acusado
habría usado el dinero para adquirir unas 100 propiedades en Estados Unidos,
incluyendo 26 sólo en San Antonio, entre casas e inmuebles de uso comercial. En
Florida los bienes adquiridos con el dinero robado incluirían un condominio en
las exclusivas Trump Towers, en la playa de Sunny Isles, cerca de Miami.
La demanda fue interpuesta por un despacho estadounidense a
petición del abogado mexicano Javier Navarro Velasco, quien fue designado como
síndico responsable de la venta de activos de la empresa para pagar a los
ahorradores defraudados.
“La empresa, manejada en gran parte a través de la base de
operaciones de Olvera Amezcua en el Condado de Miami-Dade, Florida, involucró
la transferencia de millones de dólares robados de Ficrea a Estados Unidos y
otras partes del mundo, la recepción de esos fondos robados en EU, y el uso de
esos recursos para comprar y crear empresas controladas por Olvera Amezcua, que
luego fueron utilizados para la compra de viviendas, bienes de inversión,
yates, automóviles y otros activos”, dice la demanda, de acuerdo con el Express
News.
Además de Olvera Amezcua también aparecen en la demanda su hijo Rafael Olvera Silva; su esposa Susana Silva Tortolero, agentes de bienes raíces, compañías que le ayudaron a cerrar tratos de algunos terrenos y más de 40 empresas que habrían comprado propiedades en su nombre.
Además de Olvera Amezcua también aparecen en la demanda su hijo Rafael Olvera Silva; su esposa Susana Silva Tortolero, agentes de bienes raíces, compañías que le ayudaron a cerrar tratos de algunos terrenos y más de 40 empresas que habrían comprado propiedades en su nombre.
En entrevista con SinEmbargo, Fernando González Santillana,
quien fue designado por los acreedores como interventor del proceso de concurso
mercantil, explicó que el principal objetivo de esta demanda, es que los bienes,
que de principio le corresponden a la familia Olvera, se sumen al resto de los
que están en concurso mercantil para que se puedan vender y el dinero que se
obtenga sea repartido a los acreedores.
“La demanda no sólo es buena, sino que es necesaria. No sólo
involucra los bienes que se encuentran en este momento en Miami, porque a
futuro tendríamos que ver de qué manera y en qué condiciones se involucran los
bienes que están en otros países como España y Gran Bretaña, e incluso dentro
de Estados Unidos, como Texas”, comentó.
A casi dos años de que se hiciera público el desfalco, varios de los procesos legales iniciados en México continúan aún en la búsqueda de culpables, a pesar de que desde un principio se supo que se trataba de lavado de dinero.
A casi dos años de que se hiciera público el desfalco, varios de los procesos legales iniciados en México continúan aún en la búsqueda de culpables, a pesar de que desde un principio se supo que se trataba de lavado de dinero.
Sin embargo, el delito no se comprobó en tribunales mexicanos y
se dejó en libertad a varias personas que fueron acusadas.
Para González
Santillana, la autoridad en México ha venido dando “palos de ciego”, ya que no
encuentra un delito real para imputar a los directivos de Ficrea y no se ha
iniciado ninguna investigación por fraude.
Desde el inicio de sus movilizaciones para recuperar su
patrimonio, los ahorradores no han dejado de insistir en la responsabilidad que
tuvieron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional para la Defensa de los
usuarios de Instituciones Financieras (Condusef), por las labores, el
seguimiento y las condiciones en las que llevó adelante la intervención de
Ficrea y por el conocimiento que tenían esos organismos de todas las
irregularidades que causaron este quebranto.
“Todas las acusaciones que en teoría tenían que llevar a cabo las
autoridades, se han negado a realizarlas. La PGR a través de la CNBV, nunca
conllevó a la acusación de fraude, o no lo han hecho. El motivo no se conoce y
nos despierta dudas y enojos, porque vemos que la autoridad no está actuando
para poder llevar a cabo el rescate de esos bienes”, sostuvo.
Respecto a la demanda interpuesta en Estados Unidos, señaló que “es una garantía de que no habrá intereses por parte del sistema judicial mexicano que también ha sido muy errado y parcial en sus resoluciones”.
Respecto a la demanda interpuesta en Estados Unidos, señaló que “es una garantía de que no habrá intereses por parte del sistema judicial mexicano que también ha sido muy errado y parcial en sus resoluciones”.
En noviembre pasado, Andy Tiwari, un connotado abogado de San
Antonio que representa al acusado dijo que su cliente negaba haber cometido
cualquier irregularidad y dijo que Olvera Amezcua no haría comentarios sino
hasta después de que los tribunales mexicanos resolvieran su asunto.
El dinero sustraído por Olvera Amezcua fue enviado a Estados
Unidos, España y Gran Bretaña.
La comisión bancaria mexicana aseguró propiedades, yates,
vehículos , y pertenecías del acusado, sin embargo el dinero obtenido de esos
bienes fue significativamente menor que los adeudos de Ficrea.
En la demanda,
Navarro Velasco estaría pidiendo que el acusado sea obligado a pagar daños,
intereses y los gastos procesales y solicita que el juez ordene el decomiso de
propiedades del acusado para que sean subastadas y se recupere dinero para los
defraudados.
Fuente.-
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