Ayotzinapa. Mentira histórica. Estado de impunidad, impunidad de Estado, es
la investigación más completa y profunda sobre la noche de Iguala en todas sus
dimensiones: desde su contexto regional e histórico hasta su plano
trasnacional. Su foco alumbra directamente sobre los crímenes cometidos antes,
durante, después y mucho después de la jornada sangrienta del 26 al 27 de
septiembre de 2014.
El destino de los 43 desaparecidos permanece oculto por el encubrimiento
de las autoridades, pero este libro permite comprender, entre otras cosas, por
qué atacaron a los normalistas, cuáles son las evidencias del involucramiento
del Ejército y de otras autoridades federales… Aquí se adelanta un capítulo del
volumen, que ya se encuentra en circulación.
El general de la noche de Iguala,recompensado con el poder
“Conozco Guerrero y los retos que implica estar al frente del Ejército en
el estado”, dijo el general Alejandro Saavedra Hernández cuando tomó posesión
del mando de la 35 Zona Militar, de Chilpancingo. Hablaba por experiencia:
había sido jefe de Estado Mayor de la Zona Militar vecina, la 27 de Acapulco,
en 2004, bajo la comandancia del general José Vicente Arau Cámara, a quien se
le atribuye haber mantenido cercanía con Mario Arturo Acosta Chaparro. Tras
cumplir encomiendas en Zacatecas y Guanajuato, el general Saavedra regresaba en
una ruta que en unos cuantos meses lo llevaría a acumular más poder que ningún
otro hombre en la historia reciente del estado de Guerrero.
Era el 2 de junio de 2014. El 30 de junio acompañó a sus tropas para
proveer seguridad perimetral a las del 102 Batallón en Tlatlaya, mientras
realizaban las maniobras para encubrir la masacre de esa madrugada. El 26 y 27
de septiembre de ese año recibió información puntual y constante de lo que
ocurría con los estudiantes que fueron a Iguala. Algunos de los reportes que le
envió el coronel Rodríguez Pérez constan en el expediente. En contraste, la
Sedena no ha proporcionado datos sobre las órdenes giradas por el general
Saavedra a su subordinado. Tampoco se conoce la evaluación que ambos hicieron
de los hechos. Nadie ha cuestionado al general sobre su rol en la designación y
protección de los mandos de la policía corrupta de Cocula, que ahora están en
la cárcel, ni por qué invitó al médico del hospital Cristina a conversar con él
en el cuartel del 27 Batallón, ocultando su ingreso.
El 20 de noviembre de 2014, el mismo día en que la indignación ciudadana
por Ayotzinapa se expresó en una de las mayores manifestaciones populares que
se recuerde, el presidente de la República, en ejercicio de una facultad
exclusiva de su cargo, encabezó una ceremonia en el Campo Marte –el escenario
militar de gala– en la Ciudad de México, en la que Alejandro Saavedra –con
cinco compañeros– fue ascendido de general de brigada a general de división
Diplomado de Estado Mayor. Un día después, los 43 estudiantes cumplieron ocho
semanas desaparecidos.
Sólo 10 días más tarde, y tras sólo cinco meses en el puesto, el general
Saavedra sería honrado con una importante promoción a comandante de la IX
Región Militar, que comprende las dos zonas militares estatales, las de
Acapulco y Chilpancingo: era el nuevo jefe del Ejército en Guerrero.
Si su perfil indica algo sobre las prioridades que influyeron en la
designación, no serían las de combatir al crimen organizado sino a las
guerrillas y los movimientos sociales. Cuando se produjo en Chiapas el
levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, Saavedra
tomó un curso de análisis de inteligencia estratégica en el Centro de
Información y Seguridad Nacional, y después realizó otros en seguridad nacional
y en análisis político.
Su proceso de acumulación de poder no se detuvo ahí. Menos de un año
después, el 27 de octubre de 2015, el gobierno del presidente Peña Nieto dio el
insólito paso de nombrarlo coordinador de la estrategia federal de seguridad
para el estado: esto le dio el control, además del Ejército, de la Marina y de
las fuerzas policiacas federales, estatales y de los numerosos municipios que
accedieron a poner sus corporaciones bajo la autoridad del coordinador, con el
programa llamado Mando Único.
(Por otro lado, el coronel José Rodríguez Pérez tuvo un forcejeo –casi
pelea a puñetazos– con uno de los padres de los 43 normalistas, durante una
protesta en la que los militares, con equipo antimotines, lanzaron gases
lacrimógenos contra los manifestantes, el 16 de julio de 2015. Según la crónica
del periodista Alejandro Guerrero, “ningún soldado secundó a su mando militar
para enfrentar a los padres”. Trece días después, Rodríguez fue reemplazado en
la comandancia del 27 Batallón por el coronel Álvaro Javier Juárez Vázquez y
trasladado a las oficinas de Sedena en la Ciudad de México. El presidente Peña
Nieto lo ascendió a general brigadier el 20 de noviembre de ese año.)
El general dice que los delitos bajan… pero suben
Pregunté a diversos observadores si existían antecedentes de alguien que se
hubiera convertido en el hombre fuerte de Guerrero, a ese nivel. La referencia
compartida fue la de Acosta Chaparro, a quien Rubén Figueroa Figueroa le
entregó todas las fuerzas estatales para proseguir la Guerra Sucia. La
diferencia, sin embargo, es grande: de los municipios, Acosta Chaparro sólo
tenía bajo su autoridad directa a la policía de Acapulco; era comandante de la
Dirección Federal de Seguridad (antecedente de la Agencia de Investigación
Criminal) pero no el único en el estado; aunque estaba estrechamente asociado
con el general Francisco Quirós Hermosillo, éste era el jefe local del
Ejército, no Acosta Chaparro; y su posición dependía de un gobernador bien
asentado en el cargo, el mismo Figueroa.
No es el caso del que está ahora: el gobernador priista Héctor Astudillo
enfrenta una oposición política significativa en el estado y dentro de su
propio partido. No le permitieron opinar sobre seguridad: el mismo día en que
asumió su cargo, tuvo que hacerlo bajo el hecho consumado del encumbramiento de
Saavedra: es un gobernador excluido de la toma de decisiones en las tareas de
seguridad pública, una autoridad civil marginada por la militar. “No pude decir
que no” a la designación del general, confesó ante la prensa.
En marzo de 2016 tuvo que callar su incomodidad ante la estrategia definida
por los militares para Acapulco, que se enfocó en darle seguridad a la zona
turística e ignoró los barrios de los cerros, donde se concentran los
asesinatos y otras formas de violencia. El día 2 de ese mes, su fiscal general,
Xavier Olea, le dio voz a la molestia de los civiles en una reunión con
empresarios: “¿A poco creen que ver a marinos y soldados en la (avenida)
Costera es muy bonito? Pues ahí están, aquí no va a pasar nada. ¿Por qué no los
subimos arriba? Hay que subirlos a partirnos la madre arriba, no aquí, aquí no
pasa nada: 0.5 de incidencia delictiva”. En un comunicado el día 3, la oficina
de Saavedra Hernández descalificó a Olea porque “desconoce el operativo”, y
ante la inesperada intervención directa de la Sedena, que explicó que la
estrategia tomaba en cuenta “la fuente de empleo de muchos guerrerenses”, el
gobernador tuvo que contradecir a su fiscal, esa misma tarde, y expresar su
reconocimiento público a la labor del Ejército.
Igualmente, la primacía de Saavedra Hernández en el Operativo de Seguridad
Tierra Caliente (el mismo que no tomó el control en Huitzuco y permitió que
continuara actuando su policía, bajo dominio de Guerreros Unidos) se ratificó
en enero de 2016, cuando ordenó el reemplazo de su comandante, el general
Enrique Dena Salgado, por el general José Francisco Terán Valle, en una
ceremonia realizada en el cuartel del 27 Batallón.
En marzo de 2016 el general en jefe y coordinador de todo se manifestó
satisfecho, al declarar que “los operativos siguen dando buenos resultados” y
que “los índices estatales (de delitos), todos los índices van a la baja”. Eso
no es lo que señalan las estadísticas que provee el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, según se pudo constatar en una revisión hecha en mayo,
utilizando como referencia las cifras de homicidios del primer cuatrimestre de
cada uno de los últimos tres años: 555 en 2014, 627 en 2015, 692 en 2016.
La reacción del general Saavedra ha sido incrementar el peso de las Fuerzas
Armadas: en Guerrero, la entidad más militarizada de la República desde los
setenta, su poder crece cada día. Envían a soldados y marinos a resguardar las
playas, el jefe de la policía acapulqueña es ahora un capitán de navío, y en
esa ciudad, Chilpancingo e Iguala, los empleados de los C-4 fueron despedidos
sin aviso previo para ser reemplazados por militares.
Era su instalación oficial en lo que ya habían ocupado en los hechos, como
se sabe, al menos, por el antecedente del C-4 de Iguala, que estaba en manos de
personal del 27 Batallón en esa jornada trágica de septiembre de 2014. En casos
como éste, el Ejército no está tomando más poder: sólo está formalizando su
dominio. Bajo la sombra del general de la noche de Iguala.
El Ejército infiltrado
Todos los policías con un rol clave en estos crímenes pasaron por el
Ejército.
Salvador Bravo Bárcenas, detenido, entonces director de Seguridad Pública
de Cocula al servicio de Guerreros Unidos, ingresó al Ejército como soldado en
mayo de 1988 y se retiró en enero de 2010, con el grado de sargento segundo.
Sirvió en el 27 Batallón.
César Nava González, detenido, entonces subdirector de Seguridad Pública de
Cocula, al servicio de Guerreros Unidos, es el encapuchado que, entre el primer
y el segundo ataques en el escenario de Álvarez y Periférico Norte, intentó
convencer a los estudiantes de que se entregaran, los amenazó con que
regresarían por ellos si no se marchaban (lo que sí ocurrió) y después se
habría llevado a normalistas de la comandancia de Iguala. Él se incorporó al
Ejército en enero de 1996 y desertó en octubre de 1999. El hecho de que, al
menos según los documentos, se haya separado del Ejército de forma irregular,
no lo convirtió en un perseguido y a juzgar por los hechos, tampoco en una persona
non grata para la fuerza armada.
Los casos de Bravo Bárcenas y de Nava González son ejemplo de la
intervención militar en los municipios. En su declaración ministerial, el
miembro del PRI y alcalde de Cocula electo para el periodo 2012-2015, César
Miguel Peñaloza, aseguró que los dos directores de Seguridad Pública que hubo
en su periodo eran exmiembros del Ejército designados por quien antecedió al
general Saavedra como comandante de la 35 Zona Militar: el general Juan Manuel
Rico Gámez le impuso al teniente Tomás Bibiano Gallegos, quien fue asesinado
por sicarios en noviembre de 2012; y después al sargento Bravo Bárcenas. Ambos,
dijo el edil, “actuaban de manera unilateral, sin que me rindieran cuentas de
sus acciones o de sus operativos”.
A su vez, Bravo Bárcenas afirmó, como está asentado en la averiguación
previa, que César Nava le arrebató –mediante amenazas de muerte– el control de
la policía de Cocula, y que cuando denunció el hecho ante el comandante del 27
Batallón –cuyo nombre no se menciona–, un grupo de militares fue a Cocula, se
llevaron a Nava y a los suyos, “pensé que por fin ya lo mantendrían detenido”,
pero “al poco rato los militares llegaron con César Nava y sin decirme palabra
alguna. Luego ya no pasó nada”. Raúl Núñez Salgado, presunto operador
financiero de Guerreros Unidos, declaró que le entregaba 350 mil pesos
mensuales a Nava para que les pagara a los agentes de Cocula.
Felipe Flores Velázquez no pertenece al grupo de 14 polícias detenidos que
son exmilitares. Él sigue prófugo. Era director de Seguridad Pública de Iguala.
Fue soldado del 27 Batallón desde 1981, ascendió a cabo en 1988 y desertó en
1989. Eso no le impidió mantener buenas relaciones con el coronel José
Rodríguez Pérez, como parte del cabildo de José Luis Abarca. Le tenía tanta
confianza, según parece, que el comandante del 27 Batallón se dejó engañar por
él en la noche de Iguala.
fuente.-
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