El PRI dejó intacta y sin castigo a la principal red de operadores del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la denunció ante la PGR por varios delitos.
El pasado lunes, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor suspendió los derechos del Mandatario local, de cuatro de sus ex funcionarios y de dos notarios públicos.
Sin embargo, decidió mantener en las filas del PRI a cinco diputados federales y dos diputados locales involucrados en las irregularidades.
Esos siete priistas, al igual que Duarte, son investigados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el caso de las empresas fantasmas a las que el Gobierno veracruzano pagó por diversos contratos.
En las denuncias aparecen el diputado Édgar Spinoso, ex oficial mayor y ex subsecretario de Finanzas del Estado y cercano al ex Gobernador Fidel Herrera.
También está Alberto Silva Ramos, ex Secretario de Desarrollo Social y coordinador de Comunicación Social en Veracruz, vinculado directamente con la contratación de empresas fantasmas.
Relacionado con ese mismo caso aparece el nombre del legislador Tarek Abdala, ex tesorero de Duarte y quien ha sido denunciado en varias ocasiones por la Auditoría por presunta desviación de recursos destinados a educación y salud.
El diputado federal Adolfo Mota, ex Secretario de Educación, fue denunciado por la ASF por presuntas irregularidades cometidas en esa dependencia.
Jorge Carvallo Delfín, quien fuera Secretario de Desarrollo Social del Estado, es otro de los ex funcionarios investigados por los contratos con compañías inexistentes.
Por otro lado, también quedaron sin sanción los priistas Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo, quienes se convertirán en diputados del Congreso de Veracruz a partir del 5 de noviembre.
En el primer caso, el que fuera tesorero de Duarte fue denunciado ante la PGR por presunta desviación de recursos públicos federales y ante la Fiscalía del Estado por enriquecimiento ilícito.
Benítez está relacionado con el envío de 25 millones de pesos en efectivo que fueron interceptados en el aeropuerto de Toluca en 2012.
Del Castillo, ex tesorero y ex secretario particular de Duarte, fue denunciado ante la PGR y la Fiscalía veracruzana por diversos ilícitos.
Piden a PGR expedientes
Piden a PGR expedientes
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI solicitará a cuatro instancias federales información, expedientes o averiguaciones abiertas contra los Gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
De acuerdo con el expediente CNJP-PS-CDMX-258/2016, el órgano interno del tricolor pedirá documentos a la Procuraduría General de la República (PGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Poder Judicial de la Federación.
Los datos sobre Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge serán requeridos a través de solicitudes de acceso a la información, como las que gestiona cualquier ciudadano ante esas instancias federales.
El documento, firmado por el presidente de la Comisión, Fernando Elías Calles, indica que la intención es "contar con mayores elementos para resolver" la petición de los denunciantes, que demandaron la suspensión de derechos y la eventual expulsión de los Gobernadores por presuntos actos de corrupción.
Además, advierte que no sólo pedirán información de denuncias contra los funcionarios estatales, sino contra los gobiernos de esas entidades federativas.
"Deberá solicitarse a las autoridades correspondientes, entre ellas a la PGR, el SAT, la ASF y el Poder Judicial de la Federación, la existencia de alguna denuncia, investigación o proceso penal o administrativo, en contra de los denunciados o de los actuales gobiernos de los estados de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo", refiere.
Según el documento, vinculado con el proceso sancionador, la comisión partidista requiere información sobre el estado que guarda la pesquisa, procedimiento o proceso, así como los delitos o conductas por los que fueron denunciados.
También solicitarán informes sobre las sanciones o medidas que se han dictado contra los mandatarios y, de ser posible, la entrega de copia certificada con los datos.
Escándalo nacional
Al justificar la decisión de atraer el caso, la Comisión de Justicia Partidaria refiere que las acusaciones en contra de los Gobernadores priistas provocaron un escándalo que rebasa a los estados.
"El asunto es trascendente porque las consecuencias de las conductas denunciadas desbordan los límites territoriales de esa entidad, porque son atribuidas a Gobernadores emanados de este instituto político y han sido reportadas por diversos medios de comunicación nacional.
"De ahí que su actuar sea observado, no sólo por los habitantes de la respectiva entidad, sino por ciudadanos fuera del territorio de su estado", afirma.
Señala, además, que sobre los Mandatarios locales pesan denuncias ante autoridades federales.
En el documento, se destaca que con este procedimiento, el tricolor debe poner el ejemplo para evitar que otros militantes caigan en las mismas conductas ilegales.
Con información de Claudia Guerrero
Jajajajs...se burlan de nosotros
ResponderBorrarY nosotros los mexicanos lo permitimos....
Despierta mexico.Que le estamos dejando a nuestros hijos.