Amnistía Internacional documentó que la violencia sexual y los actos de tortura han sido una práctica constante de elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Marinadurante la detención de mujeres.
La organización defensora de derechos humanos reveló en el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” que entre 2011 y 2015 sólo se sancionó con suspensión a cinco elementos de fuerzas federales por “abuso sexual” o “violación sexual”.
El documento reúne 100 entrevistas a mujeres detenidas. De ellas 59 aprehensiones la realizó la Policía Federal; 16 las policías estatales; 14 el Ejército; 10 la Marina; y 5 policías municipales.
Los estados con el mayor número de detenciones de mujeres fueron la Ciudad de México con 19, estado de México 15, San Luis Potosí 11 y Tamaulipas con 10.
“De las 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, el 33 por ciento habían sido acusadas de formar parte de grupos de delincuencia organizada, el 23 por ciento de delitos de narcotráfico, el 22 por ciento de secuestro y el 14 por ciento de posesión ilegal de armas de fuego”, expone el documento.
“Las mujeres jóvenes, de bajo nivel educativo y con escasos ingresos corren especial peligro de ser detenidas por la policía o el Ejército (…) Algunos niños o niñas presenciaron el arresto violento de su madre, y vieron cómo se la llevaban las autoridades. Varias mujeres nos dijeron incluso que a sus hijos o hijas los habían aprehendido junto con ellas durante la redada en su casa y los habían llevado con ellas a las estaciones de policía o las dependencias del ministerio público antes de dejarlos marchar.”, expone el documento.
A la pregunta de si sufrieron golpes o palizas durante su detención: 93 respondió que “si”, 4 contestaron que “no” y el resto no respondió. Sobre en qué partes del cuerpo sufrieron los golpes: 79 en la cabeza, 62 estomago, costilla o espalda, 61 en las piernas, 28 en los oídos, 21 en los pechos y 16 en la zona de los genitales.
De los casos revisados por Amnistía Internacional, 72 mujeres dijeron haber sido sometidas a violencia sexual, que iba desde el manoseo de los pechos o las nalgas hasta la violación. De las 100 mujeres 33 denunciaron haber sido violadas durante el arresto, de ellas 13 declararon haber sido sometidas a violación anal, y 24 mujeres dijeron que les habían introducido por la fuerza algo en la boca, y en ocho de estos casos esa práctica constituía violación, al incluir un pene.
“Sólo 33 mujeres respondieron que habían sufrido algún tipo de violencia sexual. Sin embargo, al preguntar por tipos específicos de violencia sexual, como el manoseo, tocar el cuerpo, o los golpes o descargas eléctricas en los genitales o los pechos, 72 mujeres respondieron afirmativamente. En el uso de las descargas eléctricas, los primeros objetivos eran los genitales (práctica que puede constituir violación) y los pechos. Además, aproximadamente 80 mujeres fueron objeto de insultos misóginos”, señala el informe.
La Marina
De acuerdo a Amnistía Internacional en el 80 por ciento de las detenciones de mujeres ejecutadas por elementos de la Secretaría de Marina hubo violación, es decir, en 8 de las 10 arrestos.
En agosto de 2011 en Tabasco fue detenida arbitrariamente Wendy Noreli Hernández Díaz por Marinos. Los elementos le orinaron y la violaron con dedos enguantados, lo cual provocó una infección que no fue atendida adecuadamente por los doctores.
Tras de horas de tortura, los marinos le quitaron la venda de los ojos y la presentaron a los medios de comunicación frente una mesa con drogas y armas.
El periódico El Heraldo de Tabasco en su edición de 2011 dio cuenta de la detención de Wendy Noreli, donde incluso le pusieron un alias o apodo: “como resultado de esas declaraciones (de otros detenidos), miembros del Grupo de Coordinación Interinstitucional, detuvieron en el departamento señalado de la colonia Espejo I, a Carolina de Jesús Ultreras Domínguez, La Macorina; Denis Blanco Lovato, La Denis, y a Wendy Noreli Hernández Díaz, la Wendo”.
El boletín de prensa 279/2011 de la Secretaría de Marina de fecha 8 de septiembre de 2011, informó que Wendy Noreli estaba detenida y se había iniciado la Averiguación Previa PGR/VER/VER/IV/466/2011 por el delito de “Narcotráfico”.
“Esta mañana, la Secretaría de Marina-Armada de México en instalaciones navales del estado de Veracruz, dio a conocer el aseguramiento de 80 presuntos infractores de la ley, así como el desmantelamiento de infraestructura de comunicación del grupo delictivo conocido como ‘Los Zetas’, acciones que forman parte de los logros de la Armada de México en contra de la delincuencia organizada, encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país y en solidaridad con el pueblo veracruzano”, indicó el boletín.
Wendy Noreli denunció la tortura que sufrió ante un juez, el ministerio público llevó a cabo una investigación cuatro años después de su arresto. Ella permanece en prisión en espera del cierre de su juicio con acusaciones de producción de narcóticos.
La policía municipal
Hasta el 3 de octubre de 2014 Florencia Jovita Herrera Ramos trabajó como empleada doméstica. Esa noche policías municipales allanaron su casa en Valle de Chalco, estado de México, y la acusaron de haber participado en un secuestro.
La sacaron de su domicilio junto a su nieto de 11 años. A Florencia Jovita la golpearon durante horas, la amenazaron con dañar a su nieto. Los elementos policiacos tardaron 11 horas en presentarla ante un ministerio público sin ninguna justificación. Luego fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Al pequeño de 11 lo colocaron en un colchón en el piso en las instalaciones de la SEIDO mientras interrogaban a Florencia Jovita. En los dictámenes de puesta a disposición quedaron asentadas las lesiones y moretones en el cuerpo de Jovita.
A sus 49 años, Florencia Jovita fue acusada de integrar una banda del crimen organizado que secuestro a Nicolás Gutiérrez, originario de Sinaloa y ejecutivo de la constructora Homex.
El 8 de octubre de 2014, en una rueda de prensa en la Ciudad de México el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, informaron de la desarticulación de “una banda de secuestradores que tenía su operación en el Distrito Federal y la zona conurbada del Estado de México”.
Tomás Zerón de Lucio detalló que “esta banda estudiaba a sus víctimas para determinar horarios, rutinas y lugares, a fin de realizar el secuestro y también tenía como característica el secuestrar a la persona que pagaban los rescates, generando así una nueva negociación una vez liberada la primera víctima”.
“El 3 de octubre de 2014, la víctima aprovecha un descuido de sus captores y escapa, al salir del domicilio donde lo mantenían privado de su libertad en un municipio conurbado del Estado de México, tomó un taxi y a unas cuadras más adelante vio una patrulla de la policía, a la cual le solicitó auxilio, los elementos se trasladan hasta el domicilio donde es señalado por la víctima y en donde fueron aseguradas seis personas”, relató.
“Los probable responsables de los hechos ilícitos son: Florencia Jovita Herrera Ramos, de 49 años de edad, Alejandra Graciela Sánchez Tapia, de 50 años de edad, Lorenzo Marcelino Carrizosa, de 18 años de edad, Ismael Hernández Feliciano, de 24 años, José Manuel López Rosas, de 46 años de edad y Oscar Yamín Miranda Villalpando, de 25 años de edad”, detalló.
Actualmente Florencia Jovita permanece presa en espera de que se cierre el juicio en su contra.
La Policía Federal
El 12 de junio de 2013, Yuritxhi Renata Ortiz Cortéz, entonces de 24 años fue detenida por la Policía Federal en Ozumba, estado de México, tenía dos meses de embarazo. Estuvo recluida más de 12 horas bajo custodia de los uniformados antes de ser presentada al ministerio público.
Los policías federales le manosearon los pechos y la zona genital, la golpearon en cuatro ocasiones en el abdomen. Cuando la llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), Yuritxhi Renata dijo al agente del ministerio público que estaba embarazada, pero no le ofrecieron atención médica.
En el examen médico sólo dio cuenta de heridas causadas por golpes, pero no señaló que Yuritxhi Renata estaba sangrando. El médico legista no le hizo ninguna pregunta mientras la examinaba. El primer examen ginecológico se lo realizaron seis meses después de su arresto.
En un mensaje a medios el 13 de junio de 2013, Eduardo Sánchez Hernández, entonces subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló que “se consiguió en menos de 15 días la liberación de 67 víctimas de secuestro y la detención de 37 presuntos secuestradores”. Entre ellos estaba Yuritxhi Renata.
“Caso 10. Chalco, Estado de México. Gracias a la denuncia del secuestro de un joven de 28 años, ocurrido en Amecameca, personal de la Policía Federal inició una investigación en la zona oriente del Estado de México, en donde se localizó y detuvo a seis integrantes de un grupo delictivo relacionado con el secuestro de seis personas más, entre ellos una menor de 16 años de edad, ocurridos en las zonas de Chalco, Ozumba, Amecameca y Tlalmanalco. Al momento de la captura se les aseguró un arma de fuego y siete equipos de telefonía celular, identificados como los utilizados en la negociación del rescate. En este caso, los presuntos responsables de estos hechos ilícitos son: (Yuritxhi) Renata Ortiz Cortés, de 24 años de edad; Martha Cigüenza Velázquez, de 31 años de edad; Ángel Pérez Barragán, de 34 años de edad; Brenda Bravo Soriano, de 23 años de edad; Isaac Noé Reynoso Rodríguez, de 37 años de edad y una persona menor de edad”, informó Eduardo Sánchez Hernández.
Ante los testimonios recogidos y otras evidencia documentales, Amnistía Internacional recomendó a la Policía Federal, el Ejército y la Marina “suspender a cualquier agente —con independencia de su rango— sospechoso de estar implicado en actos de tortura u otros malos tratos, hasta que se realice una investigación imparcial e independiente; garantizar que todas las personas detenidas comparecen sin demora ante el ministerio público o el juez; y reforzar los mecanismos de supervisión dentro de las fuerzas armadas para garantizar sanciones adecuadas”.
Amnistía Internacional concluyó que en México “la tortura y otros malos tratos de mujeres, incluida la tortura sexual, durante la detención y la reclusión es un escándalo de derechos humanos que ha estado envuelto en el silencio por unas investigaciones deficientes y la impunidad casi total de la que gozan los perpetradores”.
fuente.-LaSillaRota
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