Todos lo saben. Todos en el gobierno federal lo han padecido. Pero también todos lo callan.
Más aún, parece que el gobierno federal topó con “el diablo”.
Pero no, no es satán al que temen en el Ejecutivo. No, la paradoja —propia del poder y la política—, es que el gobierno teme a la Iglesia católica.
En efecto, desde hace meses, la jerarquía católica inició una lucha frontal —una guerra— contra el Estado mexicano y sus instituciones; disputa que coloca a los obispos católicos en calidad de vulgares violadores de la Constitución.
Y no es novedad que la jerarquía católica —en general— y obispos —en particular— hayan iniciado un soterrado combate contra la reforma educativa. Y tampoco es nuevo que la extrema derecha católica y la izquierda extremista asuman posturas idénticas contra la educación pública y contra sus mejoras. Lo nuevo es que nadie —ni partidos ni el gobierno ni los garantes del Estado laico— cuestione ese grosero matrimonio contra natura.
Y es que, en efecto, la Iglesia católica, la CNTE, el EPR y la Morena de AMLO parecen haber acordado un grotesco maridaje para llevar a la miseria educativa a millones de mexicanos.
Lo curioso es que ese —y no la unión entre personas del mismo sexo— es el matrimonio verdaderamente cuestionable para la democracia mexicana.
Y si existen dudas, los hechos lo dicen todo.
En un discurso de aparente “neutralidad”, el secretario general de la Conferencia del Episcopado, Alfonso Miranda, dijo que la jerarquía defiende “el derecho” de cada obispo de expresarse contra la reforma educativa.
Se refería, por ejemplo, a lo expresado por el semanario Desde la fe —18 de julio—, en donde se dice que la reforma educativa “solo ha traído inestabilidad social al país”, al tiempo que cuestionó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por aprobar, promulgar y declarar constitucional la reforma.
Además, entre el 10 y el 13 de junio, los obispos Felipe Arizmendi, de San Cristóbal de las Casas; Antonio González Sánchez, de Ciudad Victoria, y Raúl Vera, de Saltillo, utilizaron los mismos argumentos de la CNTE para descalificar la reforma; el sambenito de que debe derogarse porque es una reforma laboral. Pero además, en sumisión a la CNTE, dijeron que esa mafia magisterial no es responsable de los bloqueos; el responsable es el gobierno que promulgó la reforma educativa.
Más, el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona, encabezó un acto en el que “bendijo” los bloqueos y las manifestaciones de la CNTE en Oaxaca.
Lo cierto, sin embargo, es que la postura de la jerarquía de la Iglesia católica y de sus obispos es no solo una grosera provocación política sino, en el fondo, una abierta violación constitucional que poco han querido ver y contra la cual ninguna autoridad ha intentado sancionar.
¿Dónde están los partidos de la izquierda mexicana para sancionar la intromisión de la Iglesia católica en las tareas del Estado, como la educación? Dónde los defensores del Estado laico?
Y si alguien duda de la flagrante violación constitucional, basta una lectura elemental al artículo 130 constitucional para entender el tamaño de la violación cometida por los obispos.
Dice a la letra el citado artículo, en su apartado E: “Los ministros tampoco podrán, en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones…”.
Si no quedó claro, de nuevo: “No podrán… oponerse a las leyes del país o a sus instituciones…”.
¿Y qué es lo que hacen, frente a la reforma educativa, tanto la jerarquía católica como sus obispos?
Los obispos también son violadores de la Constitución. ¿Y quién los sanciona? ¿Miedo? ¿Por qué?
Al tiempo.
Fuente.-Ricardo Alemán
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