Don Leopoldo lleva 15 días retenido en uno de los puntos que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), normalistas y comunidades indígenas utilizan como trinchera y paradero de vehículos que se han apoderado para presionar a autoridades estatales y federales ante una posible solución al problema magisterial por la reforma educativa.
Desde el 26 de junio el número de vehículos retenidos en tres comunidades de la Meseta Purépecha llegó a 200, de los cuales cinco son pipas cargadas con material peligroso, reconocieron autoridades estatales.
Leopoldo no se queja por maltrato; extraña a sus hijos y se siente intranquilo, pues no le ve el fin a este conflicto. Don Polo —como lo llaman sus amigos— escucha música y nostálgico sabe que algún día regresará a casa: cuando decida abandonar su unidad o cuando este conflicto termine.
Las cifras oficiales precisan que cinco de las unidades retenidas contienen material peligroso; 142 son camionetas y vehículos de empresas privadas, agencias automotrices, ayuntamientos y gobierno estatal; hay un camión con cemento, dos madrinas (tráileres que transportan automóviles nuevos), contenedores de carga y 50 autobuses.
Entre ellos está el autobús de don Polo, de 45 años, quien se alimenta de lo que le ofrecen los profesores de la CNTE. Duerme en su camión, donde se la pasa gran parte del día.
Esto es parte de un plan de acciones —señala la CNTE— en contra de la reforma educativa y de la decisión “autónoma” de las comunidades indígenas y del Consejo General de Normales locales de sumarse a su lucha.
Este fin de semana jóvenes encapuchados, armados con piedras y palos, despojaron con violencia de sus vehículos a dos choferes de empresas privadas y a uno más de un camión para transporte de materiales.
Los agresores, que se identificaron como normalistas, interceptaron los vehículos sobre la carretera Pátzcuaro-Uruapan, donde días atrás habían incendiado tres autobuses, y bajaron de las unidades a los choferes. Tras la movilización policial, los abandonaron kilómetros adelante, en la comunidad de San Juan Tumbio.
Los normalistas se niegan a hablar. Tampoco dejan tomar imágenes del motín en Turícuaro, donde se han atrincherado bajo el escudo de la comunidad indígena de ese poblado.
Los estudiantes y habitantes de ese lugar boscoso han incendiado autobuses como sucedió el pasado 19 de julio sobre el kilómetro 21 de la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan; ambos grupos también han tomado la Autopista Siglo 21 como campo de asalto. Reiteran haberse sumado a la lucha magisterial que encabeza la Sección 18.
Durante un recorrido por dos de los puntos, se constataron datos que autoridades revelaron a EL UNIVERSAL.
Tan sólo en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, hay 85 vehículos retenidos; 101 en Turícuaro y 14 en Carapan, municipio de Chilchota. A pesar de que también aceptaron las autoridades que en la comunidad de Caltzontzin hay más unidades, dicen no tener las cifras aproximadas.
Maestros indígenas en la lucha. En Arantepacua, uno de los coordinadores del sector noveno del movimiento magisterial de educación indígena aceptó que como parte de su estrategia, detuvieron unidades de empresas nacionales y transnacionales.
Indicó que cerca de 45 comunidades indígenas respaldan estas movilizaciones que iniciaron a la par del plan de acciones general de la CNTE, porque consideran que la reforma educativa atenta en su contra.
El docente de profesión —que omitió su nombre— reiteró que las 45 comunidades indígenas son quienes financian sus movilizaciones y están dispuestas a levantarse en armas contra la aplicación de la reforma.
El representante magisterial dijo que hay una tregua con las autoridades hasta el próximo martes, cuando se reanude la mesa de diálogo CNTE-Segob; sin embargo, advirtió que radicalizarán sus movilizaciones en caso de no llegar a acuerdos, pues no permitirán que aplacen las soluciones a sus demandas; principalmente la abrogación de la reforma educativa.
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