Entre las 21:00 y las 22:00 horas del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de Ayotzinapa recibían la primera carga de balas, el encargado de la seguridad y la política interior del país, Miguel Ángel Osorio Chong, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz, cenaban tranquilamente.
El segundo recibió la primera alerta de su delegado en Guerrero: “Hay enfrentamientos entre la policía de Iguala y estudiantes de Ayotzinapa”, pero “todo era muy confuso”, detalló el secretario de Gobernación en la reunión privada con la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa, el miércoles 21.
Entre las 22:00 y las 23:00 horas llegó el segundo reporte: “Nos corroboran que hay un evento y ya hay detenidos… pero toda la información proviene del gobierno del estado”, dijo Osorio Chong.
Así, el encargado de la inteligencia de este país y el responsable de la seguridad pública se enteraron en tiempo real de los ataques contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre. Y dijeron que no hicieron nada porque se trataba de un asunto local, aseguran dos de los integrantes de la comisión especial que asistieron a esa reunión en la Secretaría de Gobernación.
Según la reconstrucción hecha por los diputados Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano (MC), y Araceli Damián, de Morena, Osorio Chong les relató que concluía un día de negociaciones y reclamos con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Apenas se sentaba a cenar con su encargado de inteligencia.
Aún no avanzaban con el primer plato cuando el delegado del Cisen en Guerrero se comunicó con Ímaz para darle el primer reporte.
Ambos funcionarios siguieron pendientes y, según afirmaron a diputados de todos los partidos, el entonces gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y su procurador, Iñaky Blanco, aseguraron que “todo estaba en calma”.
Todavía más, Osorio Chong sostuvo que ni Aguirre ni Blanco pidieron apoyo a la Policía Federal o al Ejército. La versión del titular de Gobernación contrasta con la que algunos exfuncionarios ofrecieron a los miembros de la comisión durante la reunión privada que tuvieron el miércoles 14 y de la cual Proceso tiene copia.
Negativa por oficio
Desde el arranque del encuentro entre Osorio Chong y los legisladores, el funcionario federal rechazó que hubiera habido una petición de apoyo del entonces gobernador ni de su procurador.
La diputada perredista Cristina Gaytán recordó el encuentro con Aguirre Rivero y las referencias a las llamadas telefónicas de auxilio, así como la negativa del Ejército y de la Policía Federal.
“No hubo tales”, dijo categórico Osorio Chong.
“Según Osorio, el exgobernador le dijo que todo estaba bajo control y nunca le comentó que fuera una cuestión preocupante; incluso le dijo que pensó que los estudiantes estaban escondidos en la normal”, recuerda la diputada Damián.
Los legisladores insistieron en que Aguirre sostuvo ante ellos haber llamado a la zona militar para pedir ayuda. “No hay ninguna llamada que se haya hecho a la comandancia militar”, insistió el secretario de Gobernación.
La diferencia de posiciones llevó a la diputada Gaytán a pedir la bitácora de llamadas telefónicas de todos los altos mandos federales, estatales, locales, militares y de la Policía Federal, “para que no haya duda”.
“No serviría de mucho”, reviró Osorio Chong, “porque a final de cuentas están los números telefónicos, pero no se puede saber qué se dijo en las conversaciones”.
Los legisladores comentaron que Iñaky Blanco aseguró haber pedido ayuda al 27 Batallón de Infantería y a un hombre de apellido Cabral, encargado de la Policía Federal, para que les ayudara a resguardar a los más de 100 policías detenidos durante la madrugada del 27 o, en su caso, trasladarlos a los cuarteles.
Recordaron a Osorio Chong que la respuesta recibida por el entonces procurador fue un rotundo no.
Para zanjar las diferencias, el titular de Gobernación dijo que le diría al general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, que “pida a quien sea necesario, por oficio, las llamadas que hubo a la zona militar y al 27 Batallón. Eso, para saber si los altos funcionarios tuvieron conocimiento de los hechos”.
En todo lo anterior coincidieron las reconstrucciones de esa reunión hechas, por separado, por Damián y Sánchez.
Osorio Chong aseguró que el gobierno federal tiene “monitoreadas” las 13 normales rurales del país y que en esta ocasión, desde que se recibió la primera llamada de alerta del delegado del Cisen, “había confusión, incluso se llegó a decir que los policías municipales de Iguala estaban actuando con el grupo delictivo de Los Rojos”.
Además, añadió, “los estudiantes no traían un letrero que dijera ‘estudiantes’ y no era fácil para las fuerzas federales o el Ejército identificar que se trataba de normalistas”, narra la diputada Damián, quien no oculta su malestar por esas expresiones.
Incluso, dice la legisladora, le pregunté cómo era posible que, según reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un agente de inteligencia militar vestido de civil presenció durante 45 minutos la detención de los jóvenes que estaban en el camión 1531, y cómo la Policía Municipal batía a palos a los jóvenes y luego los subía a camiones, ¡y no hizo nada!”
La respuesta del secretario de Gobernación dejó helados a algunos legisladores: “Sí… lo único que puede hacer un soldado es mirar, pasar el reporte por escrito a un superior y éste a otro superior. Para cuando llegue el momento de actuar ya pasó todo”.
“Pero si un civil ve que se comete un delito lo debe denunciar, con mayor razón debe auxiliar un integrante del Ejército”, reclamó otro legislador.
De nuevo la diputada Damián preguntó qué pasaría si a ella la estuvieran golpeando: “¿No me va a defender el Ejército que esté cerca?”.
“¡No, porque el Ejército no puede saber si usted es delincuente!”, respondió Osorio Chong.
“Mucha confusión”
Otro de los aspectos que generó preocupación entre los integrantes de la Comisión Especial durante su encuentro con el secretario de Gobernación, fue cuando éste puso en duda que los normalistas hubieran ido a la central de autobuses de Iguala por nuevas unidades.
“No sé por qué fueron a Iguala, si normalmente no van ahí. Además ellos ya tienen más de 100 camiones en Ayotzinapa… si no me creen, los llevo en helicóptero para que vean las unidades que ahí tienen escondidas”, expresó, según versión de la legisladora Damián.
En ese momento ella le dijo que a veces se quiere hacer sentir que a los jóvenes “alguien los mandó al matadero”, a lo que respondió solamente que “hay otras posibles líneas e investigación”, pero no brindó mayor claridad.
Los diputados le reclamaron al titular de Gobernación que si desde hacía años tenían información que vinculaba a los policías con el crimen organizado, por qué no actuaron ante la primera alerta del delegado del Cisen, más en un estado donde se siembra amapola; más si tenían monitoreadas las 13 normales rurales, como acababa de decir.
La respuesta fue que había “mucha confusión, no había claridad” y el gobernador sostuvo en todo momento que tenía la situación bajo control, nunca pidió ayuda al Ejército y tampoco lo hizo el exprocurador a la Policía Federal.
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