México está emprendiendo una nueva iniciativa de seguridad en su estado más violento, Guerrero, aunque hay dudas sobre sus resultados en el futuro.
El 27 de octubre, el Secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció un nuevo plan de seguridad para restablecer la paz en el estado de Guerrero, al suroeste del país, informó Excelsior.
El plan aumentará la participación de las fuerzas de seguridad federales en el estado y permitirá la creación de una unidad de lucha contra el secuestro en la ciudad de Acapulco, así como la construcción de una nueva autopista entre Costa Grande y Tierra Caliente, regiones en las que se espera reducir la inseguridad mediante el fomento al desarrollo, según informes de Animal Político.
El general Alejandro Saavedra estará al frente del plan de seguridad —anunciado por Osorio Chong después de una reunión con el nuevo gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores—.
Según Animal Político, la tasa de homicidios de Guerrero de 41,5 por cada 100.000 habitantes es la más alta de México, y la cifra oficial de 1.484 asesinatos en el estado durante los nueve primeros meses de 2015 representa un aumento del 29 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.
Análisis de InSight Crime
Aún hay escepticismo sobre la nueva iniciativa del gobierno federal para Guerrero y sobre las promesas de Osorio Chong y Astudillo Flores de mejorar la seguridad en el estado. Las autoridades mexicanas han puesto en marcha una serie de iniciativas de seguridad similares en Guerrero durante la última década, las cuales han tenido poco o ningún éxito.
De hecho, un reciente informe del International Crisis Group muestra que la violencia ha continuado en Guerrero a pesar de los anteriores despliegues de fuerzas federales. En lugar de falta de tropas, el Crisis Group dice que el mayor reto de seguridad en Guerrero es la profunda desconfianza del pueblo en el gobierno como resultado de la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos y por los altos niveles de corrupción. Esto ha creado una situación en la que horribles crímenes como la desaparición de 43 estudiantes en 2014 no resultan extraños, sino que hacen parte de un patrón de actos de violencia que quedan impunes bajo la mirada cómplice o inepta de los funcionarios.
Para acabar con este ciclo de violencia en Guerrero, el Crisis Group recomienda que la administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto le asigne los procesos inconclusos sobre desapariciones y violaciones de derechos humanos a un organismo independiente, respaldado por una comisión de investigación internacional.
Sin embargo, como lo sugiere el reciente aumento de fuerzas federales en el vecino estado de Michoacán, la administración de Peña Nieto parece estar de acuerdo con seguir recurriendo a las políticas de seguridad militarizadas para combatir la violencia en esta parte del país. No obstante, es poco probable que el más reciente plan de seguridad de Guerrero dé como resultado mejoras nuevas y duraderas.
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