La Procuradora General de la República, Arely Gómez, público hoy en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, que quedará adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
La medida es para eficientar la investigación y la imposición de penas de ese delito, que va contra los derechos humanos y es una práctica que ha escalado en el País.
"Se ha detectado que debido a prácticas judiciales, en ocasiones, de un hecho posiblemente constitutivo del delito de tortura se hace del conocimiento al Ministerio Público de la Federación adscrito a su Juzgado, al Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación Estatal de esta Institución y a la Procuradora General de la República lo que trae como consecuencia la multiplicidad administrativa de investigaciones y el ineficaz uso de recursos humanos", argumentó la PGR.
La creación del nuevo órgano especializado en la investigación y persecución de la tortura dará cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, abundó la dependencia.
La nueva unidad pretende ser el canal único de atención para evitar duplicidad de esfuerzos, así como para tener el control y seguimiento eficaz y eficiente, en aras de fortalecer la investigación y persecución del delito de tortura.
"Todo asunto que involucre la posible afectación a los derechos humanos debe ser objeto de especial y eficaz atención por toda autoridad, específicamente por el Ministerio Público de la Federación, y deben crearse las condiciones adecuadas e idóneas para garantizar una actuación oportuna, diligente, esmerada y eficiente", se establece en el documento.
En la actualidad, la PGR tiene a su cargo las indagatorias por el delito de tortura, sin embargo, esos casos se han tratado de concentrar en determinadas áreas de la Institución, por lo que existen investigaciones en curso a cargo de diversas unidades administrativas u órganos desconcentrados.
Ante esa situación, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura tendrá competencia para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones sobre ese delito, cuando se trate de actos atribuibles a servidores públicos integrantes de otras instancias de la Administración Pública Federal u otros Poderes de la Federación, o inclusive de algún organismo autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y demás disposiciones aplicables en la materia.
Esta Unidad tendrá la facultad, entre otras cosas, de requerir a las áreas de investigación policial, tecnológica, científica y pericial de la PGR o de otras instancias, toda la información que sea necesaria para la indagatoria del delito; solicitar de las instancias judiciales y, en su caso, penitenciarias federales o locales, el traslado de internos de su lugar de reclusión a otros centros de internamiento, salvaguardando sus derechos humanos.
También podrá autorizar la realización de entregas vigiladas y operaciones encubiertas, de conformidad con la legislación procesal penal aplicable.
Además, está entre sus atribuciones solicitar a esas mismas instancias la intervención de comunicaciones privadas; ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en los que exista conexidad o relación, y atender e informar en forma periódica a los familiares de las víctimas y personas legitimadas y autorizadas, del curso, avances y resultados de las investigaciones realizadas.
Asimismo, se lee en el documento, registrar, ordenar, clasificar, sistematizar y analizar toda la información relacionada con las investigaciones del delito de tortura, que deriven de los asuntos a su cargo.
El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se estableció, por lo que todos los asuntos a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, en materia de tortura, pasarán al ámbito de competencia de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura; que queda creada, al igual que los recursos humanos materiales y financieros con los que cuenta en relación con la atención al delito de tortura.
La Procuradora instruyó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y a la Oficialía Mayor, a que en un plazo no mayor a 30 días naturales, realicen las acciones necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias para que sean transferidos a la nueva Unidad los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros necesarios y suficientes, que le permitan cumplir las actividades encomendadas.
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