La débil condena de Rodrigo Vallejo, hijo del gobernador del estado mexicano de Michoacán durante el auge del grupo criminal conocido como Los Caballeros Templarios, es otro ejemplo de impotencia judicial en México.
Vallejo fue condenado por un juez federal por el delito de encubrimiento el 11 de septiembre. La aparición de Vallejo en un vídeo departiendo con Servando Gómez, “La Tuta”, exlíder Templario, había provocado ya la dimisión de su padre. A pesar del contenido de esa polémica conversación, la sentencia, según el abogado de Vallejo, podría no suponer su ingreso en prisión.
Aun así, el análisis de este proceso ayuda a entender algunos problemas y retos que los organismos de seguridad y justicia mexicanos enfrentan cuando se intenta desenmarañar las redes político-criminales que, en algunas zonas del país, han cooptado a las instituciones.
Uno de los aspectos que llama la atención es la dificultad de la Procuraduría General de la República (PGR) para lograr una acusación sólida contra Vallejo. Según algunas fuentes, la PGR contaba con numerosos vídeos de Templarios y funcionarios estatales y municipales, de los cuales podría extraerse un hipotético organigrama de las relaciones entre políticos michoacanos y esa organización criminal. En esta red, la figura de Vallejo, por sus evidentes contactos al más alto nivel, no podía ser menor. Incluso, como complemento de esta investigación, habría sido de ayuda el uso de La Tuta como testigo que explicara cómo se concretó el apoyo del hijo del exgobernador de Michoacán.
Por el contrario, la condena de Vallejo por encubrimiento es únicamente por no proporcionar datos sobre el paradero de La Tuta, tal y como se lo exigieron las autoridades. Es decir, la condena es por un acto posterior al vídeo. De hecho, el delito solo se generó cuando el acusado declaró ante la PGR. Esto muestra, en la más benévola de las hipótesis, que las autoridades mexicanas no tienen una imagen clara del nivel de penetración criminal en las instituciones investigadas, a lo que se añade un habitual mal uso de testigos.
Sin embargo, esta manera sesgada de investigar contra estructuras criminales sofisticadas es habitual, como muestra el caso Ayotzinapa, sobre la desaparición de decenas de estudiantes en el convulso estado de Guerrero hace casi un año.
Por ejemplo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que a petición del Estado mexicano ayuda a la investigación, solicitó reunir todos los procesos relativos a ese caso en un solo juzgado. Una petición de este tipo ejemplificó varios problemas de la telaraña legal mexicana, como la dispersión de las investigaciones en distintos tribunales del país, lo que coadyuva a un tipo de impunidad como la vista en el caso Vallejo.
Además, si bien es cierto que la PGR ha logrado cientos de detenidos que arrojan luz sobre la desaparición de los estudiantes normalistas, el procesamiento de individuos de instituciones municipales, junto al de miembros de los Guerreros Unidos, el grupo criminal tras las desapariciones, se ha hecho exclusivamente desde una perspectiva municipal. Por lo tanto, se echa en falta un enfoque para visibilizar los vínculos de los acusados con redes que se desenvuelven a una mayor escala y operan con dinámicas que traspasan lo local.
Ante las estrategias fallidas descritas anteriormente, México puede aprender de políticas de otros países. Así, el escándalo de la parapolítica colombiana alude a un contexto diferente (el de los vínculos de políticos con las Autodefensas Unidas deColombia), pero da herramientas para enfrentar estructuras criminales complejas como la Templaria. Por ejemplo, de las sentencias sobre la parapolítica, se deducen principios para probar cómo de reuniones entre políticos y miembros de grupos criminales puede inferirse una serie de roles, con un propósito criminal común, en el que el apoyo desde ámbitos políticos es uno de los aspectos más relevantes.
Precisamente, Colombia ha realizado avances en su cultura jurídica que Méxicotambién puede hacer suyos, siempre que desde el gobierno haya un interés por adaptar las políticas y las leyes a los actuales desafíos del crimen organizado. Uno es la investigación de contexto. En ella, la Fiscalía colombiana prioriza unos temas para construir situaciones que ilustren patrones de los grupos criminales. Al explicitar las dinámicas del crimen organizado y sus relaciones a distintos niveles con la esfera pública, la justicia muestra además un carácter didáctico, imprescindible para crisis de seguridad como la mexicana. Este matiz se pierde con una investigación caso por caso.
En esta línea, el Ministerio Público de Guatemala tiene un equipo de 120 analistas cuyo trabajo consiste en estudiar casos múltiples para ver si hay vínculos entre ellos. Así los fiscales pueden ahorrar esfuerzos, ya que en vez de procesar cada caso a nivel individual terminan procesando redes criminales enteras, como hicieron en un caso histórico contra las pandillas en 2014.
Regresando al caso Vallejo, es difícil comprender la relación entre parte de la élite michoacana con los Templarios, algo asumido entre la ciudadanía como evidente, y la manera en que se cooptó ese Estado mexicano, sin relacionar casos aislados que presenten un patrón similar. En este sentido, resultaría natural ligar el proceso de Vallejo con el de Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, del que aún se investiga su papel en la red política de los Templarios.
En definitiva, finalice así o dé lugar a nuevos procesos, un caso como el de Vallejo revela algo más: Qué se hace, también desde las instituciones de procuración de justicia como la PGR y los jueces, por implantar una narrativa que, en materia de seguridad, destierre la propaganda oficial y las teorías conspiratorias que nutren a la opinión pública mexicana. Es decir, desde qué enfoque las instituciones explican la naturaleza del crimen organizado en México, y qué imagen se da a la ciudadanía al respecto. En este caso, el enfoque ha sido limitado y la imagen, de impotencia.
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