Un año después la plantilla de oficiales y jefes militares del 27 batallón de infantería, que conocieron los sucesos ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, han sido removidos y enviados a otros cuarteles del país. Mientras la presión internacional para que se investigue a todos los actores involucrados crece, el descontento social puesto de manifiesto en la multitudinaria manifestación del pasado sábado 26 de septiembre, al cumplirse el primer año, mostró que el apoyo social a los padres continua, y la exigencia de justicia cada vez se hace más generalizada.
- El ejército se coloca en la mirilla de la opinión pública nacional e internacional como pieza clave para aclarar lo ocurrido aquella noche, cuando 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos por un grupo armado supuestamente al servicio del narco.
La sobreexposición mediática de oficiales y el mando del batallón 27 de infantería resultó demasiada. Desde finales del año pasado la secretaría de la Defensa Nacional, ordenó el relevo de quienes participaron en la operación de seguimiento y vigilancia a lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre del 2014, cuando 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos tras un ataque armado perpetrado por policías municipales de Cocula e Iguala, algunos con antecedentes militares, al servicio del narco.
Al cumplirse un año de aquellos sucesos, donde el batallón quedó exhibido como parte de la “operación coordinada” con policía federal y estatal, para no intervenir y dejar que los testaferros actuaran en contra de los estudiantes con saldo de tres muertos, varios heridos entre ellos uno con muerte cerebral, la casi totalidad del personal de oficiales y jefes fue removido de Iguala y enviado a otras partes del país.
El caso más sonado ocurrió el martes 27 de julio pasado, cuando una protesta de padres de familia de los estudiantes a las afueras de las instalaciones militares de Iguala, desembocó en un enfrentamiento donde hubo golpes, gases lacrimógenos y balas de goma contra el contingente. La figura del coronel José Rodríguez Pérez, un oficial de infantería que lleva más de 14 años sin ascender de grado, quedó exhibida como el orquestador del episodio represivo. A las pocas horas se anunció que había sido relevado por el coronel Álvaro Javier Juárez Vázquez, quien venía del estado de Oaxaca donde encabezó hasta esos días el sexto batallón de infantería.
Al paso de los meses desde aquella noche en que el ejército desplegó un a fuerza de reacción al mando del capitán José Rodríguez Crespo, los oficiales y los jefes fueron cambiados a otros destinos en el país. Distintas fuentes al interior del ejército confirmaron que tras los sucesos con los estudiantes comenzaron a ser removidos los comandantes de compañía, de sección y los jefes del S.I.I.O (Sección de Información, Instrucción y Operaciones) así como del S.P.A.A. (Sección de Personal, Abastecimiento y Ayudantía). Uno de los últimos en irse de Iguala habría sido el coronel Rodríguez Pérez.
Junto al capitán Martínez Crespo, el oficial más “célebre” tras los sucesos cuando se dio la desaparición de los 43 estudiantes, ―cabeza visible del interrogatorio y “fichaje” de los estudiantes sobrevivientes―citado en documentos militares y en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otros de los que habrían sido removidos son el mayor Raymundo Barrera, el mayor Luis Alberto Rodríguez Chávez, y el teniente Vicente Barbosa, cuyo nombre apareció en una narcomanta, días después de la desaparición de los jóvenes, acusado de vínculos con el narco.
Un año después el 27 de infantería aparece como la punta del iceberg de la estrategia militar contrainsurgente que durante años ha tenido como dogma considerar a la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, un “foco subversivo” ya que se presume la existencia de “enlaces” con grupos insurgentes. Por encima del batallón aparece la comandancia de la 35 zona militar, a cargo del general Alejandro Saavedra Hernández cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes, quien estuvo al tanto de lo que ocurrió desde que los jóvenes salieron de Tixtla, pasaron por Chilpancingo y llegaron a Iguala donde aquella noche fueron atacados en presencia de militares bajo su mando.
Complicidad por omisión
Lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, con la información que se conoce sobre el despliegue de fuerza de soldados del 27 de infantería, es muy probable que se haya tratado de una operación contra los estudiantes ordenada por civiles y apoyada por militares, consideraron fuentes castrenses consultadas por este blog. En virtud de la influencia y conocimiento del alto mando del ejército sobre las policías municipales de Cocula e Iguala, el grado de responsabilidad resulta muy alto en virtud de que hubo ex militares como César Nava González y Salvador Bravo Bárcenas, que venían recomendados por el general Saavedra Hernández.
Las fuentes militares quienes solicitaron por separado no ser citados por nombre, señalaron que la influencia de la secretaría de la Defensa Nacional en las policías municipales es indiscutible, en virtud de que en el caso de los mandos de Cocula, el nombramiento tuvo que se reportado a la sección primera del Estado Mayor de la Defensa ya que una recomendación de un comandante de zona por lo regular se hace del conocimiento de ésta área.
Por este hecho existe un vínculo con la 35 zona militar en el caso del mando policial de Cocula, aunque lo más seguro es que la decisión de atacar a los estudiantes viniera de autoridades civiles del estado de Guerrero, apoyados por militares, tanto en acciones como en omisiones, señaló una de estas fuentes.
Tanto en informe del GIEI como documentos militares que han sido difundidos por la prensa en las últimas semanas sobre lo ocurrido aquella noche, señalan que el capitán Martínez Crespo salió del cuartel del 27 de infantería al mando de una fuerza de reacción. La fuerza de reacción es un concepto rutinario que tiene toda unidad del ejército mexicano para reforzar la guardia en prevención, es decir, reforzar la seguridad interna de la unidad, explica otra fuente militar.
“En los batallones o regimientos, compuestos por alrededor de 600 elementos, normalmente se componen de una sección de fusileros, o su equivalente, 30 elementos o tres pelotones de infantería con nueve soldados cada uno mas dos de tropa de servicios al mando de un teniente o un subteniente. Hasta hace unos 20 años esta fuerza se le llamaba “imaginaria de guardia”, pero al emitirse el reglamento para los servicios interiores de las unidad y dependencias del ejército y fuerza aérea pasó a llamarse fuerza de reacción, en esencia sigue siendo lo mismo”.
Un análisis con la información que se conoce de lo ocurrido aquella noche en Iguala, mostraría hasta qué punto el ejército tuvo responsabilidad en lo sucedido. Esta fuente militar que ha servido en varias unidades en diferentes zonas del país, lo mismo en mando de tropas que en labores de estado mayor, señala que en el ejército se carece de un procedimiento de conducción de tropas y de planeamiento sistemático basado en información disponible. “Estoy seguro que aun cuando sabían lo que estaba pasando el comandante de la fuerza que salió a la ciudad no sabía a ciencia cierta cuál era su función. Peor aún, el comandante de batallón tenía buena relación con el presidente municipal y autoridades civiles, por lo que no iban a contrariarlo en su política aplicada en contra de los estudiantes. De ahí que su labor haya sido únicamente recabar información sin intervenir a favor de los estudiantes”.
En virtud de que el ejército realiza tareas de seguridad pública en el territorio nacional por decisión presidencial, lo que quedó claro aquella noche fue que el 27 de infantería violentó lo que estipula los primeros dos artículos del código de conducta de los encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas el cual es obligatorio para todos los países miembros. Otra fuente militar refiere que existe un tratado de derecho internacional de los derechos humanos, el cual dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán los deberes que ésta les impone cuando sirven a su comunidad y protegen a todas las personas contra actos ilegales, en correspondencia con el grado más alto de responsabilidad que su profesión les exige. “La expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformados o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios”. La simple presencia militar sin que prestara auxilio a los civiles, implicaría cierto grado de responsabilidad.
Un año después de la desaparición de los 43 estudiantes, el asesinato de tres civiles, la muerte cerebral de uno de los jóvenes atacados a tiros, con el clamor de justicia y la presión social a la alza, la imagen institucional del ejército está considerada como “absolutamente deteriorada”, señalaron por separado las fuentes consultadas. Es probable que sea un deterioro que no se detenga, las denuncias de violaciones a los derechos humanos se acumulan y no existen planes para evitar las malas acciones o actuaciones del personal militar en contra de la población civil.
Fuente.-
Juan Veledíaz
@velediaz424
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