Este reportaje reconstruye el rastro criminal que el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, fue dejando en Guerrero a mediados de 2013. Para atar los cabos sueltos de esta historia los alumnos de la clase de Periodismo Jurídico de la maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE, Benjamín Acosta, Paola Díaz, Yaniz Estrada, Pedro García, Héctor Hernández, Julene Iriarte, Ana Isabel Manzano, Reyna Patricia Mora, David Rodríguez, Miguel Ángel Uriarte y Elena Cabello, consultaron el expediente completo de la Fiscalía de Guerrero y realizaron entrevistas a varios de los protagonistas.
Madrugada del 1 de junio, 2013.
—¿Quieres una cerveza? —preguntó José Luis Abarca.
—No, yo tomo mezcal, como la gente humilde —contestó Arturo Hernández Cardona, mientras era sometido en el suelo.
—¿Qué tanto estabas chingando con el abono? Te daba gusto pintar mi ayuntamiento, ahora yo me voy a dar el gusto de matarte —amenazó Abarca, que sostenía un arma larga.
Los cómplices del alcalde de Iguala —entre ellos Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública municipal— levantaron del suelo a Hernández Cardona y lo llevaron al borde de una fosa.
Abarca levantó el arma y le disparó al lado izquierdo del rostro. El cuerpo —aún con vida— no cayó por completo en el agujero; tuvieron que empujarlo.
Flores Velázquez le dijo a Abarca:
—Métele otro putazo para que se lo lleve la chingada, porque ya va a llover.
El presidente municipal de Iguala apuntó el arma hacia el interior de la fosa y disparó por segunda ocasión. A los pocos minutos el hoyo donde yacía el cuerpo de Hernández Cardona se inundó por el agua de lluvia.
Seis colaboradores de Hernández Cardona, que también fueron secuestrados, presenciaron el crimen. Asustado, Félix Rafael Balderas Román trató de escapar. No tuvo éxito. Su ropa se atoró en una alambrada. Ahí fue alcanzado por los cómplices de Abarca, quienes lo mataron a punta de golpes y pedradas. Luego enterraron el cuerpo.
La tortura y el interrogatorio de los que seguían vivos continuaron durante la tarde del 1 de junio. “Nos amenazaron de muerte y nos preguntaron nuestras direcciones y la relación que teníamos con el ingeniero [Hernández Cardona]. Entre ellos se decían que tenían que esperar para ejecutarnos, se dedicaron a cavar fosas… después los sujetos recibieron una llamada, les ordenaron sacar los cuerpos porque ya se había puesto cabrón”.
Los cadáveres de Hernández Cardona y Balderas Román fueron exhumados de sus improvisadas tumbas y metidos a una camioneta. “A nosotros nos pusieron encima de los cuerpos y nos colocaron una cobija de cuadros… nos llevaron a Mezcala [a 55 kilómetros de Iguala], ahí tiraron los cuerpos… cuando nos bajaban de la camioneta Ángel Román Ramírez trató de escapar, pero uno de los sujetos le dio un balazo, lo jaló del brazo y cayó muerto”.
La escena anterior es una reconstrucción a partir de la declaración ministerial del único sobreviviente que decidió declarar ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) por el secuestro y asesinatos de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez, perredistas guerrerenses y miembros de la organización campesina Unidad Popular (UP).
José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, se encuentra recluido en el penal Altiplano, en el Estado de México, por estos homicidios, así como por los seis que sucedieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. También tiene un proceso abierto por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida esa misma noche. Sin embargo, no fue hasta mediados de este año que se le acusó de esto: cuando Abarca fue detenido en noviembre de 2014 los cargos en su contra eran sólo por los homicidios de Hernández Cardona, Balderas y Román.
La revisión de más de siete mil fojas del expediente de aquel homicidio dice algo escalofriante: autoridades estatales y federales, instituciones de seguridad y justicia de todos los ámbitos, legisladores de Guerrero y federales sabían que Abarca era sospechoso de esos homicidios, y tal vez de otros. Lo sabían desde por lo menos un año antes de la noche de Iguala. Lo discutieron en reuniones privadas y se debatió en público, incluyendo la tribuna del Senado de la República.
Si Abarca era presidente municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014, no fue por falta de pruebas en su contra, sino por la omisión deliberada de las autoridades facultadas para investigarlo y consignarlo. Y la tragedia de aquella noche tal vez podría no haber sucedido.
La tardía detención del alcalde de Iguala por el asesinato de Hernández Cardona exhibe el estado del sistema de justicia en México: procuradurías operativamente incapaces de armar casos sólidos y atender un número creciente de expedientes que se acumulan, uno detrás de otro, en algún oscuro cajón por la escalada de la violencia; autoridades omisas ante intereses políticos, capaces de obstaculizar, o por el contrario, destrabar investigaciones judiciales.
¿Por qué fue hasta la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa que el expediente de Hernández Cardona fue rescatado del olvido? ¿Por qué la PGJG no consignó por homicidio al alcalde de Iguala? ¿Por qué no prosperó un juicio político contra Abarca? ¿Por qué la PGR desestimó los vínculos de Abarca con la delincuencia organizada? ¿Por qué no atrajo el caso hasta después de la desaparición de los 43?
Arturo Hernández Cardona era líder de Unidad Popular, organización que aglutina a 15 asociaciones de campesinos y colonos de asentamientos irregulares en Iguala. A través de movilizaciones y protestas, la UP ejercía presión para conseguir recursos que usaba en la mejora de servicios públicos y la obtención de fertilizantes, insumo valioso en la región por su vocación agrícola, legal e ilegal.
Para sus amigos, Hernández Cardona era un hombre preocupado por las necesidades sociales de la gente de Iguala, para sus opositores sólo un político belicoso que buscaba sacar ventaja de su clientela y de los recursos públicos que gestionaba.
Aunque José Luis Abarca llegó a la presidencia municipal de Iguala de la mano del PRD, no era del agrado de Hernández Cardona, pues no fue impulsado por su corriente, Izquierda Democrática Nacional (IDN), liderada por René Bejarano y Dolores Padierna, sino por su opositora Nueva Izquierda (NI), a través de Lázaro Mazón.
Después de la victoria de Abarca en las urnas, Hernández Cardona o “el ingeniero” —como le llamaban sus colaboradores— se convirtió en la piedra en el zapato del nuevo alcalde de Iguala. Las manifestaciones de la UP por lo general eran en el palacio municipal, y en más de una ocasión el edificio fue vandalizado con pintas contra Abarca.
La sospecha sobre José Luis Abarca como autor del secuestro y asesinato de Hernández Cardona, Balderas Román y Román Ramírez, tuvo origen en la rivalidad política ampliamente conocida por los miembros del cabildo y los medios de comunicación local. Pero, además, fue el tema central de las declaraciones de cuatro de los testigos del expediente de la PGJG.
La última vez que Abarca Velázquez y Hernández Cardona protagonizaron una acalorada discusión fue la noche del miércoles 29 de mayo de 2013, en el salón de cabildo, justo un día antes de la desaparición de los miembros de la UP.
La reunión tenía como objetivo buscar la conciliación entre el gobierno municipal de Iguala y las demandas de la UP. Hernández Cardona reclamaba recursos para el mejoramiento de los servicios públicos en las colonias populares donde habitan sus agremiados, pero la exigencia más importante era la entrega de 100 toneladas de fertilizante, promesa hecha por la anterior administración municipal a las organizaciones campesinas.
Los miembros del ayuntamiento de Iguala decían que el fertilizante ya había sido entregado, y que no había más recursos. Insatisfecho, Hernández Cardona y sus acompañantes acusaron a las autoridades de “corruptos y mercenarios”. Los mediadores enviados por el gobierno estatal pidieron tiempo para gestionar un apoyo extraordinario, pero Hernández Cardona siguió presionando a José Luis Abarca hasta llevarlo al límite.
Iracundo, el alcalde anunció que abandonaría la reunión para asistir a un velorio:
—Yo ya me voy, no le hago caso a pendejos. Vete a la chingada, ya me tienes hasta la madre pendejo. Tengo gente que me hace mis trabajos.
—Mándalo a la chingada, de todos modos se lo va a cargar —se escuchó decir a uno de los escoltas de Abarca. El presidente de Iguala se marchó.
Hernández Cardona aprovechó el momento y la concurrencia para responsabilizar públicamente al alcalde de Iguala por lo que pudiera ocurrirle en el futuro. Además, acusó a Abarca de promover una línea de investigación en la PGJG para inculparlo por el asesinato del síndico, Justino Carvajal Salgado, ocurrido dos meses antes.
María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca —también presente en la reunión, aunque sin motivo claro—, permaneció en el cabildo e intercambió acusaciones con Hernández Cardona, señalándolo a él y a los miembros de la UP como criminales. Pineda reviró y responsabilizó a Hernández Cardona por lo que pudiera pasarle a los miembros del cabildo y a la familia Abarca-Pineda.
En su declaración ministerial Pineda Villa negó el incidente que fue registrado en la prensa local, e incluso dijo apenas conocer a Hernández Cardona.
Antes de la reunión, en la mañana del 29 de mayo, Hernández Cardona y otros líderes de la UP ya habían denunciado ante el Ministerio Público a José Luis Abarca, su esposa y al secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, por amenazas.
La caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla, en Guerrero, fue el último lugar donde familiares y amigos vieron con vida a Arturo Hernández Cardona, el jueves 30 de mayo de 2013.
Después de la fallida reunión entre Abarca y los miembros de la UP, Hernández Cardona acordó con su organización realizar una manifestación en la Autopista del Sol para que se atendieran sus demandas respecto al fertilizante.
Alrededor de la una de la tarde del jueves, cerca de 100 agremiados de la UP cerraron la circulación y tomaron el control del cobro de peaje a los automovilistas.
Una hora más tarde elementos de la Policía Federal (PF), bajo el mando del inspector Alberto Castillo Castillo, acudieron a la caseta a negociar con los manifestantes; no tuvieron éxito, la protesta continuó. Según la declaración de Castillo, no hubo ningún altercado entre los elementos de la PF y los inconformes. El inspector aseguró que ante la negativa de levantar el bloqueo, la presencia de los uniformados se limitó a la vigilancia.
Alrededor de las tres de la tarde Nicolás Mendoza —chofer de Hernández Cardona— se percató del arribo de una camioneta Explorer color rojo, que fue estacionada cerca de la caseta por algunos minutos. Del asiento del copiloto bajó una mujer que no le quitaba la mirada al grupo de Hernández Cardona mientras hablaba con alguien por celular.
“Su actitud me pareció sospechosa, se quedaba mirando a donde estábamos, como que daba información sobre nuestra ubicación… se lo comenté al ingeniero, pero él no le dio importancia, me dijo que no me preocupara, que no pasaba nada”.
A las cinco de la tarde Hernández Cardona dio por terminada la manifestación, y los agremiados de la UP se retiraron a sus domicilios en combis.
Hernández Cardona abordó su camioneta en compañía de los perredistas Rafael Bandera, Ángel Román, Gregorio Cervantes, Efraín Amates, Héctor Arroyo y Jimmy Castrejón. Se dirigían a las oficinas de la UP, ubicadas en el centro de Iguala.
A la altura de la calle Tuxpan y avenida Heroico Colegio Militar, apenas a unos pocos kilómetros de la caseta, la camioneta roja con su sospechosa tripulante volvió a aparecer, aceleró y se pegó por atrás a la Pilot blanca que conducía Nicolás Mendoza.
Unos metros más adelante seis sujetos armados, a bordo de una camioneta Cherokee gris, bloquearon el paso a los miembros de la UP. Mendoza trató de brincar el camellón para huir, pero sólo logró chocar por un costado el vehículo de los agresores. Los pasajeros de la Cherokee dispararon al aire y les gritaron:
—Bájense hijos de su puta madre, ya se los llevó la chingada.
Al descender de la camioneta Hernández Cardona recibió un balazo en la pantorrilla. En medio de la confusión Jimmy Castrejón aprovechó para salir corriendo hacia un conjunto de condominios cercanos. Castrejón logró su objetivo, pero en la huida tuvo que brincar una barda alambrada en la que se quedó colgando la prótesis que tenía en el brazo.
A Hernández Cardona lo subieron a la Cherokee, al resto les ordenaron subir nuevamente a la Pilot. Después de cinco minutos de marcha con rumbo desconocido los plagiarios se detuvieron. Hicieron algunas llamadas para recibir órdenes. Regresaron a Hernández Cardona a la Pilot. El choque había dañado la puerta del copiloto y no se podía cerrar. Los agresores amontonaron a los siete integrantes de la UP en la parte trasera del vehículo, y a punta de cachazos los sometieron para que no asomaran la cabeza por la ventana.
Reanudaron la marcha y media hora más tarde llegaron a su destino. Un paraje de terracería donde ya los esperaban otros sujetos.
Nicolás Mendoza narró en su declaración que después de bajar de la camioneta caminaron unos 300 metros hasta una zona de matorrales. Allí había otros secuestrados, cuatro hombres y tres mujeres.
“No supe nunca sus nombres y a qué se dedicaban, lo que escuché es que para perdonarles la vida iban a trabajar para ellos, ya que se hacían llamar miembros de la organización de los Guerreros Unidos, bajo las órdenes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. A nosotros también nos tiraron al suelo… al pasar el tiempo y cuando ya estaba oscuro, llegaron dos hombres que nos vendaron los ojos con una tela que se traslucía y nos empezaron a hacer preguntas”.
—A ver, bola de revoltosos, vengan para acá, a ver si de veras son muy chingones, que andan pintarrajeando mi ayuntamiento —les gritó uno de los hombres.
“Pude identificar por la voz a uno de ellos, era el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez…, él estuvo presente cuando mataron al ingeniero, fue éste quien lo levantó de mi lado, en ese momento yo ya no estaba vendado. Los sujetos que nos interrogaron escribían en hojas blancas nuestros datos, auxiliándose de una lámpara. Nos preguntaron nuestros nombres direcciones y los nombres de nuestros familiares”.
Cuando terminó el interrogatorio, uno de los hombres le dijo a otro:
—Rómpanles su madre, a ver si de veras son muy chingones.
“En el suelo nos golpearon con el ancho de un machete y con un látigo de alambre”, recordó Mendoza Villa.
La golpiza se extendió hasta la noche. De acuerdo con el testimonio, fue en las primeras horas del día 1 de junio que José Luis Abarca llegó al lugar, acompañado de Flores Velázquez. Minutos después fue asesinado Arturo Hernández Cardona.
Sofía Lorena Mendoza Martínez, regidora del PRD en Iguala y pareja sentimental de Hernández Cardona, tuvo contacto con él por última vez a las cuatro de la tarde del 30 de mayo.
“Le marqué para preguntarle qué era lo que estaba pasando, porque sabía que estaba bloqueando la autopista junto con otros líderes y organizaciones de la UP. Me contestó que ya había recibido una llamada de un representante del gobierno del estado, sin decirme quién, me comentó que habían acordado llevar a cabo una mesa de trabajo para el día lunes 3 de junio. Le dije que el motivo de mi llamada era porque necesitaba dinero, me contestó que nos viéramos en una hora en la casa”.
Sofía lo esperó como acordaron, pero Arturo Hernández nunca se presentó. A las siete de la tarde decidió llamarle otra vez, pero la llamada se fue directamente al buzón. “Pensé que se encontraba en un lugar donde no había señal y opté por dejar de marcarle… minutos más tarde decidí localizarlo a través de otras personas. Le llamé a Justino Osorez, él me dijo que el bloqueo ya se había terminado y que Arturo se había ido en su auto con otros miembros de la UP”.
Sofía le llamó unas 20 veces más, pero seguía entrando el buzón de voz. A las 10:30 de la noche Justino Osorez la llamó para informarle que Ángel Román tampoco aparecía, su hijo lo estaba buscando. Sofía buscó la agenda de Hernández Cardona para tratar de localizar a quienes estaban con él. Todos los teléfonos enviaban a buzón.
A medianoche llegaron a la casa de Sofía Mendoza los familiares de Ángel Román. Juntos decidieron buscarlos en las diferentes corporaciones policiacas, pensaban que habían sido detenidos.
A las cuatro de la madrugada del 31 de mayo Sofía se comunicó con René Bejarano para pedirle su colaboración en la búsqueda de Arturo Hernández y los otros desaparecidos. “También me comuniqué con una persona de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del gobierno del estado. Le conté lo sucedido y se mostró sorprendido, ya que había estado presente en la reunión del miércoles 29 de mayo”. Su interlocutor se comprometió a hablar con el secretario particular del secretario de Gobierno.
Con la ayuda del secretario, los familiares de los desaparecidos promovieron un amparo indirecto en contra de actos de autoridad, por su posible detención ilegal, privación de la libertad u orden de aprehensión.
Al día siguiente se reunieron con el fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, quien se comprometió a dar atención directa al asunto a través de Óscar Moreno Villatoro, encargado de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas.
Después de la reunión Pablo Mendoza Angulo, Judith Ávila Pineda, Rubí Díaz Mena, Sofía Lorena Mendoza Martínez, Karla Osorio Guzmán, María Soledad Hernández Mena, Dante Cervantes Bustos y Bogar Román Altamirano denunciaron ante el agente del Ministerio Público de PGJG la desaparición de sus esposos, padres e hijos.
En paralelo a la desaparición de Arturo Hernández Cardona y sus colaboradores, la tarde del 31 de mayo la Policía Municipal recibió un reporte anónimo de una camioneta abandonada en una terracería a la altura de la avenida Cristo Rey, en el camino a la comunidad rural de Metlapa, también en el municipio de Iguala.
El oficial Juan Vargas Bernabé viajó al lugar y encontró una camioneta blanca Pilot con los seguros puestos y la ventanilla trasera derecha estrellada.
El director de la Policía Preventiva de Iguala, Crisóforo Tinoco Bahena, decidió cargar el vehículo con una grúa hasta un corralón cercano, antes de avisar del hallazgo al Ministerio Público. Tinoco Bahena y el oficial Vargas Bernabé fueron citados a declarar sobre cómo encontraron la camioneta y su traslado al corralón. Las evidencias que pudieron haberse encontrado cerca de la camioneta fueron borradas por la negligencia de la Policía Municipal.
Una vez recuperada la camioneta, el perito especializado en dactiloscopía de la PGJG encontró cinco huellas en el exterior del vehículo, pero sólo tres fueron aptas para su análisis. Al ingresarlos al Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS, en inglés), el sistema arrojó 90 candidatos, pero ninguno de ellos era de Guerrero. La prueba se determinó como negativa.
En el interior del vehículo se encontraron documentos que comprobaron la relación con los desaparecidos: un plano de lotificación de la colonia General Custodio Hernández; hojas membretadas a nombre de Unión Campesina Emiliano Zapata, con un listado de productores de Cocula, Guerrero; un oficio dirigido a Ángel Aguirre Rivero, fechado el 11 de febrero de 2013, una denuncia de hechos dirigida al Ministerio Público del Distrito Judicial de Hidalgo del 29 de mayo del mismo año; una credencial de afiliación al PRD; una licencia de manejo y una copia de una credencial del IFE, todas a nombre de Arturo Hernández Cardona.
En el estribo delantero derecho de la camioneta se localizó una mancha de sangre, pero no se pudo determinar de quién era. El rastreo de huellas al interior del vehículo tampoco arrojó resultados. En su informe Telmo Nájera Rodríguez determinó que los interiores del vehículo no eran susceptibles de registrar huella alguna por tratarse de superficies de piel o de material rugoso.
El día 2 de junio pasó sin novedad sobre el paradero de los ocho miembros de la UP desaparecidos. Pero a las 12:52 de la madrugada siguiente el servicio de emergencia 066 recibió el reporte de que en la carretera Iguala-Chilpancingo estaba tirado el cuerpo de una persona. Había otros dos cuerpos tendidos en el asfalto, que no fueron reportados.
Las Policía Federal y Ministerial de Guerrero fueron alertadas del hallazgo inmediatamente. Sin embargo, las horas transcurrieron y los cuerpos, abandonados, recibieron los primeros rayos del sol de aquel lunes de junio.
No fue sino hasta las siete de la mañana que el agente del Ministerio Público, José Enrique Casales Calderón, solicitó a policías ministeriales presentarse en el kilómetro 170 de la carretera que va a Chilpancingo, cerca del fraccionamiento Valerio Trujano.
Una gran mancha de sangre impregnada en el asfalto condujo al primer cuerpo. La necropsia reveló que había fallecido en las últimas 12 horas. Se trataba de Ángel Román Ramírez. Lo mató una bala que entró por el abdomen. Un poco más adelante se encontró un segundo cuerpo con signos de tortura más evidentes. Era Rafael Bandera Román. De acuerdo con la necropsia había muerto por lo menos 26 horas antes del hallazgo, a consecuencia de múltiples golpes y una herida de bala en el rostro.
El tercer cuerpo tenía las manos atadas. Encima tenía pegada una cartulina naranja fosforescente con la leyenda: “Esto me pasó por chaquetero vengan a recoger su basura atten. La garra de Gro. Leonor Nava los rojos” (sic). Era el cuerpo de Arturo Hernández Cardona. La necropsia indicó que su muerte había ocurrido al menos 36 horas antes, por un traumatismo craneoencefálico causado por disparos de arma de fuego que le atravesaron la cara y el cráneo. También tenía un orificio de bala en la pierna derecha.
En la escena del crimen se localizaron cuatro casquillos calibre 38 súper, uno más sin percutir del mismo calibre, botellas de cerveza y restos de ropa. A las nueve de la mañana los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense para su reconocimiento.
Los peritos de la PGJG analizaron la cartulina en busca de alguna huella dactilar; la lluvia, el polvo y el sol alteraron cualquier vestigio. Las botellas de cerveza tampoco revelaron nada.
Como parte de las investigaciones el MP solicitó el 1 de junio las grabaciones de las cámaras de videovigilancia adscritas al C4 estatal. Los responsables del C4 confirmaron la existencia de 25 cámaras de vigilancia en Iguala, pero el 30 de mayo sólo funcionaban cinco. La madrugada del día anterior ocurrió una tormenta eléctrica que afectó el circuito cerrado y dejó sin servicio al sistema.
En cuanto a las cámaras de seguridad de la caseta, el MP intercambió una docena de oficios con la administración de la garita para tener acceso a las grabaciones. Los administradores de la caseta le indicaron al MP que debían acudir a las oficinas de la empresa en Cuernavaca para entregárselas. Cuando llegaron al lugar nadie sabía nada sobre la solicitud.
Tras el hallazgo de los tres cuerpos, los otros cinco activistas, Nicolás Mendoza, Gregorio Cervantes, Efraín Amates, Héctor Arroyo y Jimmy Castrejón continuaron listados como desaparecidos. Más tarde se supo que todos lograron escapar, pero el único que aportó su declaración por lo ocurrido fue Mendoza Villa.
El chofer de Hernández Cardona narró cómo después de los tres asesinatos él y sus tres compañeros que permanecían secuestrados consiguieron huir.
“Antes de escaparnos, comentaron que dejarían una cartulina echándole la culpa de los asesinatos a Los Rojos para desviar las investigaciones, se la iban a poner al ingeniero. Gregorio, Héctor, Efraín y yo corrimos hacia el monte, escuchamos unos disparos sin que lograran darle a nadie, esto fue el día 3 de junio en la madrugada”.
Al enterarse que Mendoza Villa había sobrevivido, René Bejarano le ofreció protección y lo convenció de acudir ante un notario para que diera fe de su testimonio contra José Luis Abarca y Felipe Flores. Después denunció ante el MP de Guerrero.
Finalmente, el 12 de marzo de 2014, Mendoza Villa declaró ante la PGJG. Expresó tener miedo por la seguridad de su familia, indicó que su madre ya había recibido amenazas de muerte, y responsabilizó a Abarca y a Flores de lo que pudiera ocurrirle a él y a los suyos.
El 27 de abril de 2015 el hermano de Mendoza Villa fue asesinado. Le dispararon en la cara —como a Hernández Cardona— y le cortaron las orejas. Su cuerpo fue abandonado en una cuneta de la carretera a Chichihualco, en Guerrero.
La PGR descartó hacerse cargo de la investigación de los asesinatos de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román y Rafael Bandera, a pesar de que la PGJG le sugiriera la participación del crimen organizado en el triple homicidio, en función del modus operandi.
A la autoridad federal se le compartieron las investigaciones desde el 5 de junio de 2013, ya que le solicitaron la participación de un grupo de peritos especializados en diferentes áreas.
De acuerdo con el expediente, la primera ocasión en que la PGR pidió información del caso por interés propio fue el 12 de junio de 2013, dos semanas después de que fueron hallados los cuerpos de Hernández Cardona, Félix Bandera y Ángel Román.
En esa ocasión la Unidad Especializada en Investigación en Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó antecedentes en los que Hernández Cardona figurara como agraviado. Ese mismo día la Procuraduría guerrerense envió cuatro tomos de la averiguación previa HID/SC/01758/2013. Se trataba ya de un expediente con cerca de dos mil páginas.
Un mes después, el 24 de julio, la PGR requirió a la Procuraduría estatal buscar en sus bases de datos información referente a las ocho personas desaparecidas la tarde del 30 de mayo en Iguala.
El primer día de agosto la Procuraduría, a cargo de Iñaky Blanco, rindió un informe ante la PGR en el que ligó a Hernández Cardona con tres averiguaciones previas por delitos como lesiones, insultos a la autoridad, privación de la libertad, daños e incluso violencia familiar, así como una orden de aprehensión por fraude. En ningún caso figuraba como víctima.
El 15 de agosto René Bejarano se reunió en Acapulco con el procurador Jesús Murillo Karam para tratar asuntos relacionados con el caso Hernández Cardona. Según Bejarano, el titular de la PGR desestimó la atracción del caso porque era un asunto del fuero común.
El 26 de agosto, a petición de la PGR, Blanco informó sobre el estado de la investigación y hasta ese momento fueron aplicadas las medidas de protección a los cinco sobrevivientes.
Los siguientes seis meses la PGR dejó de figurar en el expediente y es hasta el 18 de marzo de 2014 que la SEIDO pidió a la PGJG el testimonio de Nicolás Mendoza Villa.
El 14 de abril la PGR pidió al fiscal de la región norte documentación certificada sobre el hallazgo de “narcofosas” en la colonia Lomas del Zapatero, en Iguala. En el oficio la PGR argumentó que esa información era “indispensable” para una investigación de hechos que estaba realizando.
Después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, casi cinco meses después, Bejarano insistió frente a los medios de comunicación que él le había entregado a Murillo Karam la información suficiente para la detener a José Luis Abarca, antes de que ocurrieran los hechos del 26 de septiembre en Iguala.
En el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva del 8 de octubre de 2014, Murillo Karam rechazó los señalamientos del perredista: “Quedó de entregármelas, pasó un tiempo bastante largo. Cuando lo volví a ver yo le pedí la información, que no me había mandado y me dijo que no, qué él ya lo había visto… chequé, y efectivamente, en la Procuraduría de Guerrero había ya una averiguación por estos hechos, y como eran hechos, señalamientos por homicidio, son del fuero común, me fue suficiente que lo estuviera investigando el fuero común desde ese tiempo”.
A principios de abril de 2014 Ernesto Pineda Vega, líder perredista, fraccionador de terrenos y fundador de la colonia San Miguelito, denunció en una asamblea de vecinos que él era víctima de extorsión por parte del grupo criminal denominado Los Peques, bajo las órdenes de Adolfo Salgado Salgado, El Fito, cobrador de cuotas de la delincuencia organizada a comerciantes y ejidatarios.
Además, señaló que en las colonias colindantes operaban criminales que secuestraban, “levantaban” y ejecutaban personas, a las que enterraban en fosas en las orillas del cerro. Pineda Vega afirmó a la prensa: “tenemos pruebas porque por aquí pasan las camionetas y sabemos en dónde están todas las tumbas de esa gente que han matado, ya están los cerros llenos”.
El 10 de abril elementos del Ejército desmantelaron un narcolaboratorio de drogas sintéticas en San Miguelito. Además, encontraron varias fosas con nueve cuerpos en estado de descomposición y tres osamentas humanas.
El 23 de abril Pineda Vega fue detenido en su casa y encarcelado por secuestro y lesiones en contra de Adolfo Salgado Salgado.
Preso en el Cereso de Acapulco, Pineda Vega rindió declaración ante el Ministerio Público del fuero común. Negó las acusaciones en su contra y dijo que era una represalia de Guerreros Unidos por los señalamientos que hizo ante los medios.
“Yo fui la persona que presentó la denuncia ante el 27 Batallón Militar y después a la Marina… esa zona es controlada por la delincuencia organizada, se hacen llamar Los Guerreros Unidos, y controlan los pueblos de Cocula, Iguala, Tepecuacuilco y todo Iguala hasta el Balsas”.
Pineda Vega asoció a José Luis Abarca y Felipe Flores Velázquez con la comisión de secuestros y extorsiones, en las que también participaron Mario Covarrubias El M y Ángel Casarrubias El Mochomo.
“Son el brazo armado del presidente municipal y del director de Seguridad Pública”, declaró. El Mochomo actualmente está prófugo.
Pineda Vega señaló que conocía a Hernández Cardona y que Abarca le advirtió separarse de él.
“Yo anduve trabajando con Hernández Cardona, solicitando apoyo para las personas de bajos recursos, ante el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez… ocho días antes de levantar a Cardona me llamó en lo privado, me dijo, ‘a ver hijo de la chingada ya me tienen hasta la madre, o te separas de Cardona o vas a correr la misma suerte’”.
Pineda Vega acusó también al alcalde de Iguala de ser el responsable de la muerte del síndico Justino Carvajal. Al repertorio de crímenes cometidos por José Luis Abarca, según Pineda Vega, se sumó el secuestro de los dueños de una gasolinera y a sus trabajadores a la salida de Teloloapan.
Pineda Vega relacionó también a Crisóforo Tinoco Bahena, comandante de la Policía Municipal de Iguala, como parte del grupo delictivo.
“Hace unas semanas, a causa de que conozco todas sus fechorías me encuentro preso por el delito de secuestro, me lo mandaron fabricar, Crisóforo Tinoco Bahena fue el encargado, a él le pagaron dos millones de pesos, para que me matara y a toda mi familia… al secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, también le estorbé para seguir con su organización”.
Pineda Vega ofreció una larga lista de nombres como integrantes de Guerreros Unidos, mismos que hoy figuran como participantes en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala a los estudiantes de Ayotzinapa.
“Otro miembro de la organización es El May es el jefe de sicarios y también le dicen El Choky o El Pelón… otro se llama Gil, El Gallero”. De acuerdo con la versión de la PGR sobre la desaparición de los normalistas, El Gallero, Gildardo López Astudillo, fue quien ordenó la desaparición de los cuerpos.
El 4 de octubre de 2014 la PGJG descubrió 28 cuerpos calcinados en seis fosas clandestinas en la colonia Pueblo Viejo, a las faldas del Cerro Gordo en Iguala, mientras realizaba tareas de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El hallazgo impactó por su brutalidad y expuso la dimensión de la crisis de seguridad pública en la región, aunque no era algo nuevo. Enterrar clandestinamente cuerpos asesinados, torturados, quemados o desmembrados era una práctica común.
Hoy, José Luis Abarca está en una cárcel de alta seguridad. La investigación de aquel asesinato que la PGR despreció más de un año fue la que lo puso en la cárcel el 4 de noviembre de 2014.
Y no se puede dejar de pensar que si alguien hubiera hecho caso a ese expediente tal vez la noche más triste de Iguala no hubiera sucedido.
***Los alumnos que realizaron este reportaje fueron asesorados por Sergio López Ayllón, José Antonio Caballero y Carlos Puig, profesores de la clase de Periodismo Jurídico.
fuente.-
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