El senador Alejandro Encinas Rodríguez declaró que el nivel que ha alcanzado el lavado de dinero en nuestro país, ha empoderado económicamente a quienes realizan alguna actividad delictiva, permitiendo que cuenten con un gran poder corruptor que ha penetrado prácticamente en todos los órdenes de gobierno, instituciones públicas y partidos políticos, convirtiéndose así en un factor determinante de la economía local y nacional.
El exjefe de gobierno de la Ciudad de México explicó que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre el segundo trimestre de 1993 y el año 2009, el lavado de dinero en México fue equivalente al 1.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
“La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió más de 28 y medio millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero, y algunos analistas refieren que en nuestro país se lavan anualmente cerca de 10 mil millones de dólares”, explicó el legislador.
Sin embargo, Encinas Rodríguez subrayó que estos movimientos son solo una parte de los recursos con que opera la delincuencia organizada, misma que se ha diversificado al pasar del tráfico de drogas al de armas, corrupción, fraudes, trata de personas, prostitución, extorsión, cobro de piso, piratería, evasión fiscal, e incluso, actividades “que pudieran ligarse al financiamiento de grupos que desestabilizan la vida interna del país”.
De acuerdo al Instituto Basilea -que publica anualmente una evaluación del nivel de riesgo de cada país en materia de lavado de dinero y cuya calificación va del cero al número 10- México se encuentra en un nivel de riesgo intermedio, con una calificación de 5.4, similar a la de países como Italia y España.
Entre 2006 y 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió mil 942 averiguaciones previas ligadas al tema y reportó la detención de 2 mil 224 probables responsables de cometer delitos u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En las entidades federales Sinaloa, se encuentra a la cabeza de dicho delito con 396 denuncias; le siguen Baja California, con 203; Sonora, con 176; Tamaulipas, con 136 y Jalisco, con 109.
“Si sumamos a los cinco estados que más averiguaciones previas tienen abiertas, no alcanzan los que están registrados en la Procuraduría General de la República. De esa dimensión es el problema que estamos enfrentando”, añadió Encinas.
Recuperar la fortaleza del Estado
En el marco de la consulta para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la “Ley contra el lavado de dinero”, el legislador del sol azteca recordó que México únicamente ha atendido 24 de 40 recomendaciones que organismos internacionales en la materia hicieron a nuestro país, como parte del grupo de acción financiera sobre lavado de dinero.
“Esto se está discutiendo ligado a los temas de gobernabilidad, de seguridad nacional, las políticas de seguridad pública; el eje fundamental para poder recuperar la fortaleza del Estado frente al crimen; y el dominio del Estado sobre los territorios para que vuelva a restablecerse la autoridad legítimamente electa, tiene que partir hoy no solamente de las decisiones punitivas en el territorio, sino fundamentalmente de desmantelar el poder económico y financiero que tiene la delincuencia organizada y que le permite una enorme reproducción”, sostuvo Encinas.
Narciso Campos Cuevas, titular de la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que “derivado de los esfuerzos legislativos, regulatorios y de supervisión, el año pasado México salió del seguimiento intensificado bajo el cual estaba en el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), entre otras cosas, gracias a la Ley Anti-lavado y a otras modificaciones hechas dentro de la reforma financiera”.
“Una de las características principales de las nuevas recomendaciones, consiste en la necesidad de que el marco jurídico, el actuar de las autoridades y de los regulados, sea acorde al principio de un enfoque basado en riesgo, que tiene la finalidad de que los recursos que se dedican a prevenir el lavado de dinero, se utilicen de manera eficiente”, dijo el funcionario público.
Vicente Yáñez Solloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) argumentó que en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que entró en vigor hace dos años, persiste un reto: equilibrar el beneficio social que conlleva combatir la criminalidad, así como los costos que necesariamente genera en términos de utilización de recursos y cargas burocráticas en los sectores público y privado.
“Una primera preocupación de los negocios que realizan actividades vulnerables denominadas así por la propia ley, es que se les obliga a contar con unidades administrativas especializadas que den cumplimiento a lo establecido en el marco legal”, dijo.
A final de 2016, México será evaluado respecto a los avances en el cumplimiento de las nuevas recomendaciones establecidas por el GAFI.
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