El gobierno mexicano no ha autorizado entrevistas de los expertos con miembros del Batallón en Iguala. Pero ayer el presidente Peña Nieto dijo a los padres de los desaparecidos: “Estamos del mismo lado”, y se comprometió a investigar todos los hallazgos e incorporar las recomendaciones propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Así debe ser.
Porque el Ejército es cerrado, compacto, vertical y muy celoso de su imagen. Seguramente quisiera pasar desapercibido en el caso Ayotzinapa, pero se convirtió en el elefante en la sala de la casa guerrerense.
¿Hasta dónde están vinculadas las Fuerzas Armadas en los hechos que llevaron a la tragedia de la desaparición y muerte de normalistas?
Hay una línea de investigación que permanece alejada de cualquier escrutinio.
Testimonios señalaron la presencia de militares en diversos lugares y momentos. No fue sino hasta la publicación del informe del GIEI, que se confirmó que sabían de la agresión. Y más aun, en ciertos casos (los ataques y persecución se dieron al menos en nueve lugares distintos) fueron testigos. Declaraciones hechas a la PGR exponen que el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, y su cuartel general, en Chilpancingo, recibieron información de lo que acontecía.
También se dio a conocer que el C-4, el área de comunicación de policías municipal, estatal, federal y el Ejército, operó aquella noche en Iguala.
El ex procurador Jesús Murillo Karam quiso concluir pronto una historia que amerita muchas respuestas.
Declaró públicamente que fue bueno que los soldados no salieran porque habrían apoyado a la policía municipal, a las órdenes de Guerreros Unidos. Y en una charla que sostuvo con quien esto escribe, me comentó que no hablaría de los 43 estudiantes. Que era un acuerdo con los padres para no criminalizarlos. Que muy pocos, los más grandes, sabían a qué iban. Mientras que la mayoría, adolescentes de recién ingreso, no tenían idea.
¿Por qué desestimar estos datos que podrían explicar las causas de la brutal agresión directa contra más de un centenar de víctimas (el GIEI habla de 180)?
¿Por qué tapar al quinto camión con droga, cuando el objetivo de los perpetradores sería no dejar salir a los autobuses del municipio, según indica el informe citado?
El maestro Alfonso Zárate en su columna de EL UNIVERSAL titulada La verdad sospechosa hizo una pregunta pertinente: “¿Jesús Murillo Karam fue engañado o pretendió construir un alegato que cerrara el caso y evitara la incriminación de instancias federales (elementos de la Policía Federal y soldados del 27 Batallón al mando del coronel José Rodríguez Pérez, quien no podría ignorar la condición de narcogobierno en Iguala)?
Si en las trágicas horas de hace un año los militares supieron, vieron y no hicieron nada para evitar la cacería de jóvenes por parte del crimen organizado, incluyendo agentes del estado, ¿a qué se dedican en la región? ¿En la mismísima zona de comercio de drogas y tráfico de heroína hacia Chicago? ¿También se quedan dentro del cuartel?
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