Tras la segunda fuga del Chapo Guzmán, ocurrida en julio último, el aparato de justicia actuó rápidamente para castigar a los presuntos cómplices del narcotraficante evadido, pero hasta cierto punto, pues sólo fueron detenidos servidores públicos de menor jerarquía. Y pese a que el sistema carcelario federal está en manos de funcionarios de más alto nivel, ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas. Comparten una característica: pertenecen al círculo cercano del secretario de Gobernación.
El castigo por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ha recaído en los internos del penal de El Altiplano y en exfuncionarios ajenos al entorno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pese a que el sistema carcelario federal está en manos de quienes han sido estrechos colaboradores de éste, desde su época como gobernador de Hidalgo. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas.
El control de este grupo llega hasta la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde ya había denuncias sobre lo que ocurría en esa prisión desde semanas antes de la evasión del sinaloense.
El régimen carcelario ha empeorado en el penal de El Altiplano. El endurecimiento se ha centrado en quienes fueron vecinos de Guzmán Loera en el área de Tratamientos Especiales y han declarado ante la Procuraduría General de la República (PGR) lo que vieron y escucharon en los días previos a la fuga del Chapo, el 11 de julio pasado.
El vecino más próximo fue Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, lugarteniente de Los Zetas, organización rival del Cártel de Sinaloa. Tamaulipeco, Nájera falleció el lunes 7 dentro del penal por causas aún no confirmadas oficialmente, pero que la familia atribuye a envenenamiento.
“En las últimas semanas se quejó de la comida. Llevaba días sintiéndose mal, con vómitos, diarrea y dolor de cabeza. A las 5:30 se empezó a quejar, y hasta una hora después, personal carcelario lo recogió del piso y lo llevó al servicio médico. En el pasillo todavía pudo levantar la mano para despedirse de los internos de las otras celdas. A las 7:40 fue declarado clínicamente muerto. Tardaron dos días en entregar el cuerpo y hasta ahora no se sabe con exactitud qué pasó”, dicen personas cercanas a otros internos, quienes hablaron a condición del anonimato.
Refieren que las complicaciones para el exjefe operativo zeta comenzaron después de su declaración, de más de cuatro horas, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, sobre la fuga del Chapo.
Empezó el hostigamiento. Se le abrieron cuatro procesos disciplinarios que él estaba combatiendo legalmente porque implicaban aislamiento de 76 días por cada uno, además de suspensión de la visita íntima y hasta restricción para ir al área de locutorios. Se pretendía incomunicarlo.
En estrados se corroboró la existencia de cuatro amparos interpuestos desde principios de agosto por Nájera Talamantes: el 1067/2015, el 1072/2015, el 1157/2015 y el 1250/2015, en los juzgados Primero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
Nájera Talamantes no fue el único que declaró ante la SEIDO sobre lo advertido por los reos en los días previos a la fuga, como los trabajos de impermeabilización en la azotea, que se hicieron sólo en el área de la celda 20, la de Guzmán. Esa labor se hizo en plena temporada de lluvias.
Además, estaban las obras del río Cutzamala, a un costado del penal. Ambas justificaban el ruido externo durante el día, pero en la noche esos ruidos continuaban, según los testimonios recogidos en el entorno del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano.
El nuevo titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, declaró el lunes 21 a Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula, que en el video de la fuga se escucha el ruido de las obras del Cutzamala. Su antecesor, Monte Alejandro Rubido García, difundió el video sin sonido.
Sales Heredia fue a El Altiplano el sábado 19 para ver el reforzamiento de la seguridad, en especial en el área de Tratamientos Especiales, donde se construyó el túnel por el cual, de acuerdo con la versión oficial, escapó Guzmán. Tras la evasión, los 23 presos que estaban en las celdas de esa zona fueron enviados al módulo 1, mientras se coloca una mayor capa de concreto en el piso de la zona de los internos de alta peligrosidad.
Horas antes de la visita del comisionado se agudizó la tensión en El Altiplano. El encargado del penal y presidente del Consejo Técnico del Cefereso, Jaime Fernández López –en funciones tras el encarcelamiento del exdirector Valentín Cárdenas Lerma–, decidió la noche del viernes 18 retirar los pequeños televisores y los relojes de todos los internos. Las salidas al patio también se restringieron. La respuesta fue una huelga de hambre durante ese fin de semana.
Además se han endurecido las revisiones para las visitas familiares, las íntimas y las de los abogados. Son más severas, intimidatorias e indignantes, relatan los testigos. La tensión y la inconformidad aumentan en El Altiplano, aseguran.
Represalias
Las primeras medidas contra los internos, en particular contra Nájera Talamantes, fueron impuestas por la entonces directora jurídica del Cefereso, Leonor García García. El encargado de ejecutarlas era el director de Custodios, Luis Fernando Mendoza Castellanos. Ella ahora está formalmente presa como probable responsable de la fuga del narcotraficante sinaloense.
Su detención ocurrió el viernes 18, casi a la misma hora en la que se incrementaba el castigo a los internos. García García era la funcionaria de más alto rango en El Altiplano el día de la fuga. Cárdenas Lerma organizó su salida ese fin de semana, lo mismo que la entonces coordinadora general de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Celina Oseguera Parra, detenida también el viernes 18 y declarada formalmente presa el jueves 24.
Hasta ahora hay 20 exempleados declarados formalmente presos, acusados del delito de evasión de reos procesados por delincuencia organizada, con la agravante de que se trataba de servidores públicos. La mayoría de los detenidos son exempleados de bajo nivel: monitoristas, custodios, un jefe de seguridad y un comandante, adscritos al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal y al propio penal, organismos dependientes de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Víctor Octavio Luna Escobedo, dictó el auto de formal prisión contra esos exservidores, pues “dentro de sus funciones, cargos o comisiones incurrieron en omisiones que favorecieron la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera”.
Los únicos tres funcionarios de alto nivel detenidos hasta ahora son García García, Cárdenas Lerma y Oseguera Parra; esta última ha empezado a hacerse notar ante la opinión pública para defenderse. El martes 22 su familia publicó un desplegado en la prensa para alegar su inocencia, describiendo como “injusto y brutal” su encarcelamiento y exigiendo su libertad inmediata.
De los funcionarios detenidos, hasta ahora es la única que se ha defendido públicamente. Desde el día de la fuga y su posterior cese, Oseguera entró en confrontación con su exjefe directo, Juan Ignacio Hernández Mora. Incluso se negó a firmar la entrega de su oficina, según funcionarios gubernamentales.
Círculo cerrado
La estructura de los altos funcionarios penitenciarios cercanos a Osorio Chong está intocada. El primer responsable de los penales federales era Hernández Mora, comisionado del OADPRS, que depende directamente del secretario de Gobernación. Según Osorio Chong, fue cesado en cuanto ocurrió la fuga pero, a diferencia de la excoordinadora general, no se le ha fincado responsabilidad penal.
Sólo separado del cargo, Hernández Mora era hombre de Monte Alejandro Rubido García, quien el 27 de agosto pasado, mes y medio después de la nueva evasión de Guzmán Loera, fue destituido como titular de la CNS, también dependiente de la Segob.
Todo el sexenio pasado, cuando Rubido fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y subsecretario de Seguridad, estrechó su relación con Hernández Mora, quien fue en ese periodo secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo y luego procurador de justicia de esa entidad.
Al inicio de este sexenio Rubido regresó al SNSP y nombró a Hernández Mora director general del mismo. Éste después pasó a ser comisionado del OADPRS, bajo el mando de Rubido García.
En esa función decidió mantener un perfil bajo, evitando firmar mucha de la documentación de su oficina. Quien firmaba en su lugar era Oseguera, aseguran a Proceso funcionarios de la Segob. Añaden que, para deslindarse de la fuga, Hernández Mora ha armado su defensa con el argumento de que él no firmó nada.
Sin embargo, en el OADPRS se mantiene el que fue su secretario particular, Omar Javier Santillán Cervantes, quien operaba las instrucciones de Hernández Mora, como la de acceder a los expedientes reservados, entre ellos el de Guzmán Loera. También trabajó para Hernández Mora en el SNSP.
Con Hernández Mora llegó también al órgano de los penales federales Patricia Morales Luna, actual directora de área en la coordinación que encabezaba Oseguera y con quien ha llevado gran parte de su carrera penitenciaria.
Las relaciones que se armaron entre el equipo cercano de Rubido y de Osorio Chong en el OADPRS se han mantenido a salvo en las investigaciones de la PGR sobre la fuga del Chapo. De las 20 consignaciones que ha hecho la SEIDO, ninguna pasa por el resto de los principales responsables de esa entidad y mucho menos por su Órgano Interno de Control (OIC), que depende de la SFP.
La responsable del OIC del OADPRS es María del Carmen Archundia Escutia, subprocuradora de Justicia de Hidalgo entre 2008 y 2011, durante el gobierno de Osorio Chong. Fue designada subprocuradora por José Alberto Rodríguez Calderón, procurador general de justicia del ahora secretario de Gobernación.
Desde marzo pasado Rodríguez Calderón es subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR. Es una de las piezas que Osorio le incrustó a Arely Gómez (Proceso 2026). Antes de incorporarse al gobierno fue diputado federal del PRI por Hidalgo. Entró como suplente de Jesús Murillo Karam, procurador general hasta febrero de este año.
La contralora interna de las prisiones federales es también integrante del Comité de Información de la Unidad de Enlace del OADPRS, además de que ha sido delegada de la PGR en Morelos y directora del Centro Estatal de Evaluación y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, cuyos elementos se quejaron públicamente por el trato que les daba.
Los testimonios recogidos por Proceso aseguran también que cuando empleados de El Altiplano se animaron a ir al OIC para dar a conocer anomalías en el penal en las semanas previas a la fuga, uno de los principales colaboradores de Archundia, Gregorio García López, los amenazó con llevarlos al Ministerio Púbico en caso de que no comprobaran sus señalamientos.
García López es el titular del Área de Responsabilidades del OIC del OADPRS y fue ministerio público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo durante 14 años, antes de llegar a la SFP de la mano de Archundia.
Otro colaborador de la titular de la OIC era Juan Manuel Hernández Moreno, quien en agosto de 2014, 11 meses antes de la fuga del Chapo, fue enviado a la dirección general de Ejecución de Sanciones, a cargo de Cristina Fernanda Reséndiz Durruty, de quien depende el Archivo Nacional de Sentenciados y al cual sólo algunos funcionarios tienen acceso.
Reséndiz Durruty trabajó el sexenio pasado en la coordinación de Servicios Generales de la Policía Federal, cuando la corporación dependía de Genaro García Luna. Al inicio de este gobierno también estuvo en el SNSP con Rubido, otro de los colaboradores de García Luna con alta responsabilidad administrativa cuando escapó El Chapo (Proceso 2020). Con Rubido como comisionado Nacional de Seguridad, Reséndiz asumió su actual cargo en el OADPRS.
Tras la fuga de Guzmán, a la oficina a cargo de Reséndiz también llegó Jesús Martín Grajeda Mejía, contador público que desde la década pasada ha trabajado en áreas de seguridad, incluida la Agencia Federal de Investigaciones, hoy Agencia de Investigación Criminal. En El Altiplano era director de Administración. Ahora es el coordinador administrativo de la Dirección General de Ejecución de Sanciones.
En la dirección general de Administración del Órgano encargado de los penales federales está Paulo Uribe Arriaga, excolaborador de Osorio Chong. Formaron parte de la Presidencia Municipal de Pachuca entre 1991 y 1993, cuando el segundo era oficial mayor, y el primero, director de Administración y Finanzas del DIF municipal.
Como gobernador, Osorio tuvo durante todo su sexenio (2005-2011) a Uribe como coordinador de Planeación Financiera en la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Gobierno. Entre 2009 y 2011, el titular de esa secretaría fue Eugenio Ímaz Gispert.
Actual director del Cisen, Ímaz era una de las autoridades que tenía acceso a la videovigilancia del Chapo en El Altiplano. Varios de sus empleados encargados de monitorear al narcotraficante sinaloense están bajo formal prisión.
Uribe Arriaga también trabajó con Rubido en el SNSP como director general de Administración entre 2013 y 2014, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Como responsable de la administración del OADPRS, es el encargado de disponer de las plazas en los penales federales. Es además cercano a Jorge Francisco Márquez Montes, actual oficial mayor de la Segob y excoordinador de asesores de Osorio Chong en el gobierno de Hidalgo.
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