La PGR investiga por lavado de dinero el caso de los contratos de 5 mil millones de pesos adjudicados a José Susumo Azano en el último año del sexenio pasado.
- Los contratos eran para instalar equipos de espionaje en el Centro Militar de Inteligencia.
Mexico,D.F 14/Sep/2015 Según reportes castrenses, la Procuraduría de Justicia Militar remitió a la PGR la averiguación previa SC/96/2014/V que había abierto por los contratos otorgados a la empresa Security Tracking Devices, propiedad de Azano.
El caso ahora es indagado por la Unidad Antilavado de la SEIDO, en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/079/2014.
En el sexenio de Felipe Calderón, Azano fue uno de los principales proveedores de tecnología de la Sedena, pues le vendió equipos de intrusión y extracción de datos de Blackberrys, smartphones y computadoras en 5 mil millones de pesos.
El empresario ya era investigado por la PGR desde hace dos años, pues Security Tracking Devices depositó 33 millones de pesos a Comercializadora Piter, una firma fantasma vinculada con el lavado de fondos ilegales.
La indagatoria de la SEIDO es precisamente por esas compras de tecnología para el espionaje de mensajería instantánea de BlackBerry, extracción de fotografías, listas de contactos y chats de teléfonos, así como software para convertir cualquier celular o computadora en un micrófono ambiental.
Security Tracking Devices instaló y echó a andar los equipos en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia, ubicado en el Campo Militar Número Uno.
Problemas legales
A principios de la presente Administración surgieron versiones de que Azano reclamó a la milicia adeudos relacionados con dichos contratos y que, ante sus gestiones infructuosas, anuló el funcionamiento de la tecnología que le compraron.
Cierta o no esa versión, fue a partir del actual sexenio cuando los problemas legales del empresario comenzaron, tanto en México como en Estados Unidos.
A fines de 2013 la PGR desmanteló una amplia red de empresas virtuales presuntamente encabezada por Carlos Ambe Buzali, que vendían facturas apócrifas y lavaban fondos ilegales.
Una de esas empresas, de nombre Comercializadora Piter, recibió 33 millones de pesos de Security Tracking Devices, la compañía de Azano, una operación aparentemente para obtener facturas apócrifas y la devolución del efectivo.
El depósito fue reportado por la Unidad de Inteligencia Financiera para que iniciara una investigación por el delito de lavado de dinero.
En febrero de 2014 agentes el FBI detuvieron a Azano en San Diego, California, por supuestamente contribuir ilegalmente a campañas electorales, falsificar registros y poseer armas sin licencia.
El Departamento de Justicia le fincó 25 cargos, aunque Azano pagó una fianza de 5 millones de dólares para quedar en libertad.
Fuente.-
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Por primera vez el ejército procesa a dos generales de alto rango acusados de corrupción. Se trata del ex director de sanidad, el general de brigada Sergio Olivares Morales, médico cirujano, y el también general de brigada José Luis Castañeda Jiménez, ex director de Adquisiciones. Castañeda aparece como “cabeza visible” de un entramado de corrupción presuntamente tejido desde la dirección de administración de la secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón, donde el hoy ex subdirector de adquisiciones aparece hasta el momento como el militar de más alto nivel acusado ante tribunales castrenses de malversación de bienes del ejército.
Las auditorias ordenadas por el alto mando de la Defensa, arrojaron un millonario desfalco en el área de compras que llevaron detenido hace unos meses a la prisión del campo militar número uno a un teniente coronel brazo derecho de Castañeda. Al paso de las semanas el caso se convirtió en “una bola de nieve” que alcanzó a quien fue considerado principal operador del general de división Augusto Moisés García Ochoa, actual comandante de la segunda región militar con sede en Mexicali y ex director de administración en el sexenio calderonista. La revisión de cuentas ha generado tal presión en el antiguo equipo del divisionario que un ex colaborador suyo se suicidó en extrañas circunstancias.
—Tengo 20 años de no pararme en un batallón—decía por aquellos días de marzo de 1995 el entonces teniente coronel José Luis Castañeda Jiménez, un oficial de infantería que semanas atrás había concluido un periodo de dos años en la agregaduría militar de la Embajada de México en Washington. Acababa de ser nombrado segundo comandante del batallón 77, que por entonces estaba en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no ocultaba frente a sus subordinados su objetivo inmediato.
—Vengo para tener mando y ascender.
Algunos de sus subalternos de aquella época recuerdan que solía platicar que pasó todo el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982), mientras estaba comisionado en el Estado Mayor Presidencial, como “asesor” de Arturo “el Negro” Durazo Moreno, el célebre jefe policiaco convertido en arquetipo de la corrupción del viejo régimen priista. A principios aquel mes el batallón fue enviado a Chiapas a la zona del conflicto con el EZLN, donde se incorporó dentro del agrupamiento “Bretón”, en la llamada “Fuerza de Tarea Arcoíris”, como se nombró al conjunto de unidades militares desplegadas en la zona del conflicto.
En la selva Castañeda Jiménez parecía “fuera de lugar”. Como segundo de abordo a cada rato mostraba que no sabía nada de táctica militar. Estaba acostumbrado a las oficinas, lucía sin experiencia en el mando de tropas para andar en terreno, ordenar despliegues y proponer movimientos. Uno de los oficiales con los que estuvo en Chiapas, quien solicitó reservar su identidad, recuerda que quien iba al frente del batallón era el coronel Arturo Olguín Hernández, con quien llegaron a llegó a Ocosingo, en los días que se tenían información que de un momento a otro el subcomandante Marcos “atacaría algunas posiciones con sus llamadas Fuerzas Especiales Selectas (FES)”, las cuales según reportes de inteligencia militar, estaban formadas por ex combatientes de guerrillas de El Salvador, Guatemala y otros países de Centroamérica.
Castañeda decía que le estaba” haciendo el favor al batallón porque iba a ascender a coronel”, y así ocurrió en noviembre de 1996, cuando también relevó a Olguín como comandante de la unidad. Meses después regresaron a Tamaulipas y ocurrió un episodio que lo pintó de pies a cabeza. Otro de los oficiales con los que estuvo en el norte del país, recuerda que una ocasión llegaron unos enviados de la inspección militar para investigar el robo del dinero para combustibles y lubricantes de los vehículos del batallón. En la base móvil de la comandancia que estaba en San Fernando, el coronel Castañeda Jiménez preparó una recepción con carne asada, bebida, edecanes, toda una fiesta para la comisión inspectora a quienes emborrachó. Así libró aquella auditoria.
Su papel de comandante quedó marcado por decisiones que después le costarían muy caro al ejército, añade este oficial. Tuvieron que ver en cómo se seleccionaba a quienes iban a curso de fuerzas especiales. Explica que en 1997 el entonces coronel Castañeda mandó al curso del GAFE a los soldados conocidos como “lacras”. Se distinguían por sus robos, pillerías y facilidad con el gatillo. Había unidades en zonas militares del noreste del país que se deshacían de ellos enviándolos al curso. Pocos años después algunos de estos individuos desertarían para unirse a los “Zetas”.
Escándalo tras bambalinas
A mediados de mayo pasado el hoy general de brigada José Luis Castañeda Jiménez fue llamado a comparecer en calidad de “testigo” al juzgado cuarto militar en la ciudad de México. El citatorio llegó a sus oficinas en Guadalajara, donde ocupaba la jefatura de los servicios regionales de la quinta región militar desde enero del 2014. En el escrito se decía que tenía que presentarse a testificar en la causa penal 312/2013, iniciada a finales del año pasado en juzgados militares contra el teniente coronel Héctor Hernández González, oficial de intendencia que se desempeñó hasta diciembre del 2012 como subjefe de adquisiciones de la dirección general de administración, encabezada el sexenio pasado por el general de división Augusto Moisés García Ochoa.
Castañeda quien fungió como subdirector de adquisiciones era el brazo derecho de García Ochoa, y también jefe inmediato del procesado. El diario Reforma publicó por esos días que por medio de sus abogados tramitó un amparo ante la justicia federal frente ante la posibilidad de que existiera orden de aprehensión en su contra. Un juez de distrito se lo negó, pues para ese momento no había ningún mandamiento judicial en curso.
El juicio contra el teniente coronel Hernández González comenzó a raíz de una serie de auditorías ordenadas el año pasado por el alto mando de la secretaría de la Defensa Nacional a la dirección de administración. La Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea encontró varias irregularidades en la subdirección de adquisiciones que encabezó el general Castañeda Jiménez. A su subordinado le abrieron tres causas penales en el juzgado cuarto militar, una por irregularidades en la compra de equipos de geolocalización, otra por la adquisición de piezas de helicópteros —presuntamente a una empresa donde laboraba un familiar—, y una más por infracción de deberes. El pasado 16 de septiembre el oficial Hernández González quedó en libertad bajo caución mientras su juicio continuaba.
El pasado mes de junio versiones periodísticas refirieron que la auditoria a todas las adquisiciones médicas era la más importante por tamaño, abarcaba toda la gestión del general Guillermo Galván en el sexenio calderonista como titular de la Defensa. Semanas después un suceso ensombreció el proceso de revisión de cuentas. A principios de julio el periodista Miguel Badillo publicó en su columna pormenores del suicidio en sus oficinas del teniente coronel Héctor Castañeda Sainz, quien era segundo comandante del 12 regimiento de caballería. Hasta diciembre del 2012 era el jefe de la sección de adquisiciones especiales y servicios, dependiente de la subdirección de adquisiciones encabezada por Castañeda Jiménez. El fallecido estaba sometido a una enorme presión por las auditorías que detectaron un posible fraude por 211 millones de pesos por la compra de los supuestos detectores moleculares GT-200, que resultaron todo un fiasco, refirió el columnista.
Dos versiones más se obtuvieron de forma posterior en torno al caso. La primera señalaba que el teniente coronel se quitó la vida debido un tumor cancerígeno que le habían detectado días atrás, mientras se desempeñaba como segundo al mando del 12 regimiento de caballería, cuya sede está en El Mante, Tamaulipas, donde sucedieron los hechos. La segunda versión era que el jefe militar, ciertamente sometido a presiones por los requerimientos que le llegaban de las auditorias, habría dejado una nota póstuma donde involucró a un alto mando militar en irregularidades. El oficial había sido llamado por la autoridad militar para que reembolsara un faltante de 400 millones de pesos, y estaba sometido a una fuerte presión, señalan dos fuentes consultadas por separado en tribunales castrenses.
Por esos primeros días de julio la versión de la detención de un general de alto rango involucrado en desfalcos en la administración pasada se esparció en el medio castrense. Se trató del general Castañeda Jiménez, quien estuvo solo unas horas en calidad de detenido al obtener libertad bajo caución pero quedó sujeto a juicio en la causa penal 84/2014.
En el juzgado sexto militar bajo absoluto sigilo se le inició juicio por malversación de bienes del ejército a raíz de las auditorias a las adquisiciones de medicamentos donde se encontraron irregularidades por varios miles de millones de pesos. Se trató de la compra de equipos, medicinas, e insumos generales que dieron pie a un par de causas penales abiertas por el teniente coronel de justicia militar Jorge Suárez Briseño, juez sexto castrense, quien había sido secretario particular del general Rafael Macedo de la Concha cuando se desempeñó como presidente del Supremo Tribunal Militar el gobierno pasado. Ambos procesos, de acuerdo a estas fuentes consultadas en tribunales castrenses, Castañeda Jiménez los enfrenta en libertad bajo fianza.
En enero del 2013, un mes después de iniciada la gestión del general Salvador Cienfuegos Zepeda como titular de la secretaría de la Defensa Nacional, el general Castañeda Jiménez fue nombrado comandante de la 34 zona militar con cuartel en Chetumal, Quintana Roo. A los pocos días de su arribo el periódico Novedades de Quintana Roo recogió sus declaraciones sobre las sospechas de corrupción durante su desempeño anterior como subdirector de adquisiciones. Lo cuestionaron sobre la asignación de ocho contratos sin licitación por más de 5 mil 628 millones de pesos para la compra de equipos de inteligencia de última generación a la empresa Security Tracking Devices S.A. de C.V. propiedad del empresario de origen japonés José Susumo Azano, quien se encuentra sometido a juicio desde febrero pasado ante una corte federal de San Diego por lavado de dinero y violación a las leyes electorales locales. En aquella entrevista rechazó que tuviera algo que ver con las asignaciones sin licitación y consideró que de haber tenido alguna responsabilidad, no lo hubieran nombrado comandante de zona. Negó que fuera investigado por la Inspección y Contraloría General y dejó entrever que su designación era un reconocimiento a su anterior desempeño.
Casi un año después el 17 de enero de 2014, con la auditoria en su contra en curso, Castañeda Jiménez fue relevado la 34 zona militar. Fue enviado a Guadalajara, en su natal Jalisco, donde permaneció unos meses como jefe de los servicios de la comandancia de la quinta región, hasta que hace unas semanas quedó sujeto a proceso ante la justicia militar.
Un general “sitiado”
A mediados de agosto pasado ingresó a la prisión militar, solo por unas horas mientras sus abogados tramitaban un amparo, el segundo militar de alto nivel involucrado en el caso. Cuando el general de brigada y médico cirujano Sergio Olivares Morales fue llamado a comparecer ante la fiscalía militar, sabía que podría quedar sujeto a juicio. Y así pasó, se convirtió en coacusado en el desfalco por compras de equipo médico que como director de Sanidad Militar el sexenio pasado, autorizó en documentos que después fueron auditados.
El caso del general Olivares Morales, un médico reconocido por sus pares en sanidad militar, fue un expediente más sobre cómo en seis años los servicios médicos castrenses quedaron en la ruina. No hay medicinas, los equipos han quedado obsoletos y existe una demanda muy alta de especialistas, quienes han preferido migrar a hospitales privados, señalan por separado dos fuentes militares.
Olivares Morales es un caso aparte en comparación con el general Castañeda Jiménez, quien se hizo allegado de García Ochoa cuando ambos coincidieron a finales de los años 90 en el Estado Mayor de la Defensa. El entonces coronel Castañeda era subjefe del área logística, en la sección cuarta encarga de recursos materiales, y el brigadier García Ochoa era jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN).
Cuando en el año 2000 concluyó la gestión del general Enrique Cervantes Aguirre al frente de la Sedena, García Ochoa fue nombrado secretario particular de su sucesor, el divisionario Gerardo Clemente Vega García. En diciembre del 2006 al comenzar el gobierno calderonista, García Ochoa fue nombrado director de administración y vino una “limpia” de quienes lo habían sucedido en el CIAN, que cambio de nombre un par de ocasiones. La solicitud de baja al ejército del general Roberto Aguilera Olivera en julio del 2008, fue “la sacudida” más fuerte que encerró una serie de corruptelas en operaciones contra el narco donde su antecesor apareció involucrado.
Casi para finalizar el sexenio de Calderón las aspiraciones de García Ochoa para ocupar el cargo de secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en medio de una disputa nunca vista con otros generales de división, fueron bloqueadas en el otoño del 2012 por el gobierno de los Estados Unidos. Funcionarios del Departamento de Estado, advirtieron al equipo del presidente electo sobre los probables vínculos con el narcotráfico del candidato.
En el medio militar mexicano se dice que es necesario que transcurra el primer año de gobierno para que el nuevo secretario de la Defensa Nacional, tome el control total de la dependencia. En diciembre del 2012 García Ochoa fue enviado como comandante de la 11 región militar con sede en Torreón, Coahuila, en los meses más álgidos por la violencia de los grupos del narco que se disputaban la zona de la Laguna. Un año después fue cambiado a Mexicali, cuando comenzaban las auditorias a su gestión en la dirección de administración. Al interior del ejército se comenta que al general lo tienen a “fuego lento”, en la mira de las autoridades judiciales, mientras en tribunales castrenses se desarrolla el juicio “top secret” contra sus ex subordinados.
Fuente.-@velediaz424/EstadoMayorMX
Benito Jiménez / Agencia Reforma (Publicado Jul/20/2012)
Ciudad de México
El General Felipe Ramírez Gómez es quien da el visto bueno, en cuestiones técnicas, a las adquisiciones de equipo que realiza la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Como titular de la Dirección General de Transmisiones es el que determina, si procede o no, una compra, dada su experiencia tecnológica. También es el encargado de comunicar entre sí a todos los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, y éstos con otras dependencias nacionales e internacionales, de manera segura.
El nombre del General de Brigada de Servicio figura en las firmas de los contratos millonarios para modernizar las comunicaciones de la Sedena, como en el caso de los cinco convenios, por casi 5 mil millones de pesos, con la empresa Security Tracking Devices S.A de C.V., para la adquisición de equipo tecnológico para “labores de inteligencia”.
Pero el General Ramírez, quien es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, ha propuesto además otras tecnologías.
Sugirió a inicios de julio gastar 11 millones de pesos para la compra de una cámara fotográfica georreferenciada Nikon, GPS Yuma, licencias de software (actualizadas) Arcgis Envi, Erdas Apollo y Soccet, y un sistema de análisis estadística para medir la producción de enervantes en México.
Gestionó el proyecto con clave de cartera 11071100002 para la conformación de una Plataforma de Comando, Control e Integración de Comunicaciones del Ejército y la Fuerza Armada (en una primera fase), que disponga de tecnología de última generación que permita el tráfico y almacenamiento de información, empleando estaciones de comunicaciones fijas y móviles.
Con 3 mil 084 millones de pesos ese proyecto implementaría una red de comunicaciones conformada por 30 estaciones remotas fijas y 30 móviles.
El General, egresado de la Escuela Militar de Ingenieros, y ascendió a su grado actual en 2009, en una ceremonia donde también ascendió a General de Arma, José Luis Castañeda Jiménez, actual subdirector de Adquisiciones de la Sedena, y quien también firma los cinco contratos con Security Tracking Devices.
Ramírez estuvo a cargo en 2009 de los servicios regionales de la Cuarta Región Militar, en Monterrey, Nuevo León; dos años antes fue comandante de la Octava Compañía Regional de Transmisiones en la Tercera Región Militar, en Mazatlán, Sinaloa.
Actualmente propone además la compra de enlaces de radiocomunicación y la sustitución de tecnologías análogas por digitales por 389.6 millones; sustitución de enlaces de microondas, por 27 millones 639 mil pesos; y tecnología de vanguardia que soporten el tráfico de información de voz y datos para las Regiones y Zonas que aún no cuentan con este servicio por 218 millones 558 mil pesos.
Además equipo de comunicación satelital fija en la Banda Ku, de nueva tecnología para sustituir y actualizar las tecnologías Sky, Performer, Sky Wan y Gilat Dial Away por 44 millones 274 mil pesos.
El General Castañeda Jiménez, es encargado desde octubre de 2008 de las licitaciones y la adjudicación de contratos de bienes y servicios para la Sedena.
Antes, estuvo como comandante de la Guarnición en Comitán, Chiapas.
Antes, se reveló, que José Susumo Azano Matsura, uno de los principales proveedores de tecnología de la Secretaría de la Defensa Nacional, tenía una estrecha relación con el General Arturo Acosta Chaparro, quien en vida le presentó a varios funcionarios estatales y federales.
El propietario de Security Tracking Devices había convertido en los últimos años al Hotel Camino Real de la colonia Anzures en su principal centro de reunión, a donde llegaban a verlo Generales, secretarios de Seguridad Pública estatales y comandantes policiacos.
“Muchos de los funcionarios llegaban al Camino Real a ver a Azano, de la mano del General Acosta Chaparro. Azano es un empresario muy vinculado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, estrechamente vinculado”, dice un ex funcionario federal que pidió el anonimato.
Relata que Azano fue de los primeros en vender en México equipo de intrusión y extracción de datos de aparatos Blackberry, cuya mensajería instantánea se consideraba hasta hace poco tiempo como uno de los medios más seguros en el mercado.
El empresario, quien de acuerdo con fuentes consultadas ahora reside en San Francisco, California, se convirtió apenas en el sexenio de Felipe Calderón en un proveedor de tecnología para instituciones relacionadas con la seguridad nacional.
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