Después de 87 años sin alternancia política, en 2016 ganó la gubernatura el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Había altas expectativas de que la sucesión diera paso a un cambio fundamental: un gobierno que trabajara por el bien público en vez de tomar al estado como un botín.
En las elecciones presidenciales de 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó en Tamaulipas, al igual que en el resto de las entidades federativas, con excepción de Guanajuato.
Sin embargo, en las elecciones estatales de mitad de periodo, el 2 de junio de 2019, Cabeza de Vaca operó para que el PAN alcanzara la mayoría en el congreso del estado con 22 de 36 curules. El PAN, en alianza con PRD y Movimiento Ciudadano, triunfó también en 31 de 43 ayuntamientos, incluyendo todas las grandes ciudades, con excepción de Matamoros, donde ganó Morena.
Con mayoría en el congreso del estado y control de los principales municipios, Cabeza de Vaca alzó la voz en pro del federalismo. En marzo de 2020 nació la Alianza Federalista (AF), que hoy agrupa a doce gobernadores: seis del Partido Acción Nacional (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas), tres del Partido Revolucionario Institucional (Coahuila, Colima y San Luis Potosí), uno del Partido de la Revolución Democrática (Michoacán), uno de Movimiento Ciudadano (Jalisco), y un independiente (Nuevo León). En algunas de sus demandas se ha sumado un gobernador de Morena (Baja California).
Además de pedir la renuncia del Subsecretario Hugo López Gatell “por su manejo errático y político de la pandemia del covid-19”, la AF ha señalado que el actual esquema de distribución de recursos federales es ‘centralista, discrecional y mantiene a las entidades amarradas por todos lados’. Reclaman también la urgencia de contar a nivel nacional con un programa de apoyo a empresas y empleadores para la reactivación económica. Estas reivindicaciones han provocado sendos encontronazos con el presidente López Obrador.
El primer mandatario ha manifestado su acuerdo para modificar la Ley de Coordinación Fiscal y revisar la recaudación federal participable, pero condicionado a que haya un consenso de la totalidad de las entidades en las fórmulas de distribución del presupuesto.
Hágase la voluntad de Dios… en los bueyes de mi compadre
Varios gobernadores integrantes de la AF enfrentan acusaciones de corrupción e incluso de vínculos con el crimen organizado. Cabeza de Vaca ha rechazado dichos señalamientos, comparándolos con el desafuero promovido por el presidente Vicente Fox para impedir que López Obrador fuese candidato en la elección presidencial de 2006.
Otros mandatarios estatales señalan que los videos donde el hermano del presidente recibe dinero de origen no determinado a nombre de él —sin haberlo declarado ante autoridades electorales ni fiscales— hacen caer por tierra su prédica anticorrupción.
Hasta ahora, las acusaciones en contra de uno y otro bando permanecen en la dimensión del escándalo mediático. No se han integrado formalmente carpetas de investigación. Ello hace de la justicia un espectáculo que erosiona a las instituciones.
El trato del gobierno de Tamaulipas hacia los municipios se caracteriza por la distribución de recursos públicos desde una visión patrimonialista y discrecional. El gobernador mantiene una ofensiva política y legal contra la presidenta municipal de Reynosa, quien también pertenece al PAN. Numerosos alcaldes tienen temor de disentir del gobernador, quien reproduce hacia adentro el centralismo que denuncia hacia afuera, a nivel federal.
La expectativa de que al ser el gobernador oriundo de tal o cual municipio favorecerá el desarrollo local se ha topado con una cruda realidad: Cavazos y Yarrington encumbraron a cómplices de negocios personales y privados de Matamoros, mientras que los secuaces victorenses ocuparon su lugar en los gobiernos de Hernández y Torre Cantú.
En total mimetismo con sus antecesores, Cabeza de Vaca ha reproducido la práctica del “quítate tú para ponerme yo”, ubicando en altos cargos a personajes originarios de Reynosa, sin que tengan la experiencia, los conocimientos o la capacidad de servir en esas responsabilidades.
Todavía más: Cabeza de Vaca ha subordinado a los poderes legislativo y judicial a nivel estatal. En 2017, al inicio de su sexenio, presionó e hizo renunciar, al menos un año antes de concluir sus respectivos mandatos, tanto al Auditor Superior del Congreso del Estado, como al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, para colocar a incondicionales suyos.
Con información de:Carlos Heredia/
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