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viernes, 15 de mayo de 2026

«OTRO RESCATE HEROICO ?: POLECIA «DISEL» de AMERICO se TIROTEA con PLAGIARIOS pero NO HAY DETENIDOS,NI HERIDOS,solo CASQUILLOS ABANDONADOS»…es y ha sido el sello de la «caza».


La historia oficial bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal, vuelve a ser la misma con nuevo encabezado: hubo “rescate heroico”, hubo “enfrentamiento”, hubo fotos… pero mágicamente no hubo secuestradores, sólo balas extraviadas y un gobierno que jura que “no habrá impunidad” mientras nada más les cambia el nombre a las omisiones.

La escena en San Fernando: víctimas sí, verdugos no

En San Fernando, la versión de siempre: elementos de la Guardia Estatal rescatan a dos personas privadas de la libertad tras un “enfrentamiento armado” durante un operativo en la colonia Paso Real.

El parte habla de que aseguran un arma larga, ponchallantas y una camioneta, pero convenientemente no menciona detenidos, ni nombres, ni bandas, ni nada que implique que alguien vaya a pisar una celda porque es el sello de la «caza» en Tamaulipas.

La narrativa se vende como éxito: “rescatan a dos secuestrados tras enfrentamiento armado”, pero sin un solo capturado, el caso queda en el reino mágico donde los criminales se evaporan en el aire en cuanto oyen la sirena.

Así, el Estado celebra que salvó a las víctimas, pero jamás explica cómo es que en un territorio controlado por el crimen organizado los únicos que terminan “asegurados” son los casquillos tirados y las armas abandonadas.

Las 23 palabras de Américo: receta de sanación imaginaria

Mientras tanto, en el universo paralelo del «doctor-gobernador que se encamina echo la mocha al bote gringo», vale la pena recordar aquellas 23 palabras luminosas que mencionó emocionado el 22 de noviembre de 2022: “En mi gobierno no habrá impunidad, ni mucho menos tolerancia, para aquellos que atenten contra la paz y la tranquilidad de nuestro estado”.

La frase la soltó apenas asumió el cargo, inflado de triunfo y poder, prometiendo que iba a “sanar” a Tamaulipas como si fuera paciente de consultorio con receta de tres días y suero moral.

El problema es que el médico del “humanismo” nunca pasó de receta verbal: ni definió el diagnóstico, ni aceptó que la enfermedad se llama impudemia (esa epidemia de impunidad que se le desbordó en todos los municipios).

Casi 4 años después, el resultado es un estado donde la violencia, los bloqueos carreteros, las desapariciones y las extorsiones “a nivel industrial” siguen a la orden del día, mientras el discurso presume que todo va rumbo a la “transformación” y el al bote.

Ahi muy cerca,en Reynosa,la propia percepción de inseguridad trepa a 86.1% según datos oficiales, mientras el gobierno gasta en patrullas en vez de invertir en seguridad, que no es lo mismo, pues cuando solo es gasto sin resultados ,deja de ser inversión.

La contradicción es quirúrgicamente perfecta: el gobierno exhibe rescates como trofeos, pero los secuestradores desaparecen del relato, se licúan en el lenguaje institucional, se convierten en “civiles armados” que se dieron a la fuga, sin rostro ni nombre para no descomponer la estadística.

Es la misma escuela de siempre: mostrar víctimas atendidas, pero jamás construir casos judiciales sólidos que acrediten la cadena de mando del crimen, porque eso implicaría romper la cómoda complicidad que ya describen las crónicas como “permisividad tóxica”.

El médico que enfermó más al paciente

El diagnostico lo dice sin anestesia: el “facultativo de la salud” debía haber hecho un análisis clínico de la entidad antes de soltar la promesa de “sanar” Tamaulipas, pero se quedó en el papel de curandero de campaña, recetando frases que superan por mucho su capacidad real de gobierno.

Las consecuencias están enumeradas como expediente clínico: pérdida de credibilidad gubernamental, derrumbe de la confianza ciudadana con alta percepción de inseguridad, impacto negativo en inversión y economía, y migración forzada, sobre todo en áreas rurales donde la gente huye de la violencia y la ausencia de Estado.

Todo esto mientras la propaganda de “Tamaulipas tiene rumbo” y “hay coordinación con la federación” sigue circulando en redes oficiales, como si el diagnóstico real fuera un simple malestar pasajero y no un cáncer de impunidad metastásica.

La moraleja: rescates sin justicia, promesas sin memoria

El caso de San Fernando es la foto clínica exacta de la impudemia: sí, rescatan a dos secuestrados, pero sin un solo secuestrador presentado ante un juez, y sin que la autoridad explique cómo eso encaja con la promesa de “no habrá impunidad ni tolerancia”.

No hay concesiones posibles: si el gobierno sólo rescata víctimas pero nunca judicializa a los responsables, entonces la frase de Américo no fue un compromiso, sino un eslogan de campaña encajado en 23 palabras para encubrir un régimen que aprendió a convivir con el crimen mejor que con la crítica.

Con informacion: HoyTamaulipas/

«NI VALENTIA,NI CORAJE,NI PATRIOTISMO: SHEINBAUM NO esta PONIENDO el CUERPO para DEFENDER a NARCOROCHA SINO al PAIS como ESCUDO HUMANO»…el costo lo pagan otros,si fuera valentía, el costo lo asumiría ella.


El dia de ayer el periodista Leo Zuckerman escribio para Excelsior : 

«Ayer me dio tristeza ver cómo Claudia Sheinbaum dilapidaba su capital político para defender a Rubén Rocha Moya en la mañanera. La Presidenta insistía que no había investigaciones abiertas en México sobre este personaje y los otros nueve acusados por Estados Unidos a la vez que demandaba pruebas para inculparlos.»..Leo Zuckerman/Excelsior

Y tiene sobrada razon,la Presidenta Sheinbaum está peleando un pleito geopolítico ,no uno de barrio ,y lo hace con un bastón de mando chiquito que ya esta detonando un problema grande. 

Cuando la presidenta presume soberanía mientras su principal aliado comercial ya emitió cargos contra el gobernador en cuestión, en realidad no está marcando línea, está midiendo fuerzas con alguien que tiene un bastón de mando más largo y más pesado. 

El resultado: ella cree que está defendiendo al “compa” perseguido por el imperio, pero el imperio ya ve a la mandataria que apostó la relación bilateral entera por un solo narcopolítico de muchos mas en camino. 

Esto claramente no es valentía porque no está poniendo el cuerpo, sino poniendo al país como escudo humano para proteger a un aliado político acusado de narco–corrupción. 

No es coraje, es cálculo La narrativa oficial dice que es una defensa heroica de la soberanía frente a un Trump que presiona para que caigan gobernadores y senadores ligados al Cártel de Sinaloa. 

Pero la realidad es que se aferra a tecnicismos probatorios y al “no entrego a nadie sin pruebas contundentes” justo cuando los cargos alcanzan al barandal más alto de su propio partido. 

El costo lo paga otro Si fuera valentía, el costo lo asumiría ella;aquí el costo lo paga la relación con el principal socio comercial, los tratados, las cadenas de suministro y, en una de esas, aranceles o represalias que se sienten en empleos, tipo de cambio y migración. 

La presidenta se juega cartas ajenas: arriesga la economía y la cooperación de seguridad para salvar a un político que ya fue acusado en Nueva York y que, de haberse apellidado distinto y no ser pieza clave de Morena, ya estaría en un avión de extradición. 

Soberanía de bolsillo, conducta patriotera Llamar a eso valentía es como decir que esconder a un compadre debajo de la bandera es acto heroico; la soberanía sirve para defender al Estado, no para blindar redes de impunidad que hoy pasan por el escritorio de la DEA y del Departamento de Justicia. 

Lo que vemos no es una presidenta plantada frente al imperio, sino una jefa de Estado dispuesta a reducir la política exterior mexicana a la medida del problema penal de un solo gobernador. SI,si esta estirando la liga y SI ,si se va romper.

Con informacion: EXCELSIOR/LEO ZUCKERMAN/

«CHAYITO SABE de SILLAS y…PACTOS: BREVE PARLOTEO EXHIBE RAZONE$ de SHEINBAUM para PROTEGER a NARCOROCHA y PROXIMOS EMBRONCADOS»…es beneficiaria de sus arreglos y desarreglos.


Tras el escandalo por narcotrafico del Gobernador de Morena en Sinaloa,Ruben Rocha Moya y la evidente proteccion que esta recibiendo, cobra especial relevancia los dichos de Ramón Alberto Garza editor de CODIGO MAGENTA y Rosario Robles, Ex-jefa de Gobierno de la CDMX, quien sostienen una tesis fundada que conecta hechos ya documentados, sobre el financiamiento ilegal de campañas de Morena y de gobernadores y que apuntan como beneficiaria a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que la deja vulnerable política y jurídicamente frente a Washington.

Lo que afirman Robles y Garza

Ellos plantean, en esencia, tres ideas:

  • Que la silla presidencial de Sheinbaum es producto de una “operación política” cimentada en financiamiento ilícito a campañas estatales y federales de Morena.
  • Que ese financiamiento provino de “dinero sucio” (huachicol, crimen organizado, desvío de recursos públicos) operado por gobernadores y operadores financieros, que luego se tradujo en apoyo a la campaña presidencial de 2024.
  • Que ese origen la deja atrapada entre sus benefactores internos y la presión de Estados Unidos: si entrega a sus protectores, éstos pueden exhibir pruebas de que ese dinero también financió su llegada a la presidencia.

La conclusión política que extraen es que Sheinbaum debería sentarse con los norteamericanos a deslindarse personalmente, dejando el costo jurídico y penal sobre el partido y sus operadores,Mario Delgado, gobernadores, operadores financieros, y no sobre la institución presidencial.

Evidencias sobre financiamiento ilícito a Morena

Aunque nadie ha acreditado judicialmente que la campaña presidencial de Sheinbaum fue financiada con recursos ilícitos, sí existen piezas documentadas que sustentan el diagnóstico estructural de Robles y Garza: que el sistema de financiamiento de Morena se nutre de recursos ilegales y clientelares.

En 2024, senadores del PAN y del PRI presentaron denuncia ante la FGR por presunto financiamiento ilegal de campañas de Morena, a partir de videos donde el operador Horacio García Rojas detalla esquemas de financiamiento con dinero del huachicol, crimen organizado y desvío de programas sociales, incluyendo montos de más de 500 millones de pesos a campañas morenistas en 2021.

Según esas denuncias y notas de prensa, parte de esos recursos habría ido a campañas de gobernadores como Américo Villarreal en Tamaulipas, con promesas de contratos y protección a negocios ilegales como el huachicol fiscal, lo que describe un entramado mafioso de financiamiento electoral y corrupción.

Estudios académicos y jurídicos sobre el financiamiento ilegal en México documentan que la mezcla de recursos públicos desviados, contratistas y crimen organizado ha sido una constante de las campañas de distintos partidos, y Morena no es la excepción estructural, sino la versión actualizada de prácticas históricas.

En ese sentido, la premisa “gobernadores financiaron campañas de manera ilícita que contribuyeron al triunfo de la presidenta y ahora esta les debe favores” ,no es una invención absoluta, sino una extrapolación política a partir de patrones ya descritos y denunciados formalmente.

Vulnerabilidad de Sheinbaum frente a Washington

La otra parte del argumento es geopolítica: que Estados Unidos tiene pruebas de qué campaña presidencial se financió con dinero sucio y puede utilizarlas como herramienta de presión, ya sea vía investigaciones de lavado, cooperación judicial o declaraciones políticas. No es atrevido presumir que EE.UU tiene a narcopoliticos de Mexico en sus manos.

En ese contexto, la hipótesis de Robles y Garza —una presidenta sentada en La Silla con un expediente abierto o potencial en manos de Washington— es consistente con la experiencia comparada de cómo Estados Unidos opera estos casos, aunque siga siendo una lectura política más que un hecho probado públicamente sobre Sheinbaum.

La lógica del “te entregamos o te hundimos”

La frase central es el chantaje: “si nos entregas a alguno de nosotros, nosotros te entregamos a ti, porque el dinero sucio que nos atribuyeron a nosotros fue el que financió tu llegada a la presidencia”. Esa lógica tiene asidero en la manera en que han caído otros regímenes atrapados en redes de financiamiento ilícito.

Cuando la estructura de financiamiento se sostiene en pactos criminales y desvíos, los operadores clave —gobernadores, empresarios, intermediarios— acumulan pruebas (transferencias, grabaciones, acuerdos) que usan como seguro de vida frente al poder central: si caen, exhiben la cadena completa.

En sistemas clientelares, el liderazgo nacional suele “deber” su ascenso a redes territoriales que aportan votos y dinero; cuando ese liderazgo intenta purgar a sus aliados por presión externa, se activa la lógica de “mutuo aseguramiento destructivo”: tú sabes de mí, yo sé de ti.

En ese sentido, el razonamiento de Robles y Garza se sostiene en la lógica interna de la narcopolítica y el financiamiento clandestino: una presidenta que debe su victoria a una red de financiamiento ilícito no puede castigar selectivamente sin arriesgar que se expongan pruebas sobre su propio beneficio.

La propuesta de deslinde frente a Estados Unidos

La salida que plantean —que la presidenta se siente con los norteamericanos a decir “yo no tuve que ver con eso, el financiamiento lo va a dejar el partido” y que el costo lo cargue Mario Delgado y la estructura de Morena— es una estrategia clásica de contención de daños en escándalos de financiamiento ilegal.

  • En otros países, cuando se descubren redes de financiamiento ilícito, las élites suelen intentar cortar el hilo por el “partido” o algunos operadores, declarando que la institución del Estado y el liderazgo en turno no conocían los detalles, y ofreciendo chivos expiatorios para calmar a Washington o a las agencias anticorrupción.
  • Sin embargo, esa estrategia sólo funciona si Estados Unidos y la opinión pública aceptan la narrativa de que la cúpula presidencial era ajena a los esquemas, algo que se vuelve menos creíble cuando el volumen, la sistematicidad y la cercanía de los operadores (gobernadores, jefes estatales) son evidentes.

Por eso, la pregunta que formulan sobre la declaración de Trump —“No estoy contento, ¿qué te va a tener contento?”— apunta a que Estados Unidos difícilmente se conformará con sacrificios menores si percibe que el problema es estructural y alcanza a la propia presidencia.

Con informacion: Youtube/

jueves, 14 de mayo de 2026

«REGIMEN MORENISTA NO se esta CAYENDO»: se esta DEVORANDO ASÍ MISMO como una SERPIENTE que TRAGÓ el DISCURSO de HONESTIDA_ y ahora VOMITA HUACHICOL»…el veneno que ellos mismos cocinaron.


En una conversación #AlPunto, del periodista Ramón Alberto Garza de Codigo Magenta y el analista, Antonio Navalón, hablan del fin del régimen morenista, enfermo de sí mismo, por escándalos tan sensibles como el del huachicol fiscal y las acusaciones contra Rubén Rocha Moya.

El régimen morenista no se está cayendo: se está devorando a sí mismo, como una serpiente que se tragó el discurso de la honestidad y ahora vomita huachicol fiscal, sangre y expedientes clasificados.

Del huachicol moral al huachicol fiscal

En Código Magenta ya no están narrando una “telenovela política”, están leyendo el acta de defunción de la 4T firmada con combustible robado y blindada con el sello mágico de “seguridad nacional”. El caso Farías–Laguna, con uno preso en Buenos Aires y otro en el Altiplano, no huele a justicia: huele a operación de encubrimiento en modo pánico, con un Estado que les niega lo más elemental del debido proceso: conocer de qué diablos los acusan.

El régimen que prometió acabar con la corrupción montó, desde el 2 de diciembre de 2018, un aparato hecho a la medida: primero impunidad, luego expansión infinita de la mancha de corrupción y, por si faltara, cancelación sistemática de la transparencia en todo lo que huela a dinero público, servicios y bienes de la nación. A eso le llamaron “transformación”; en realidad fue ingeniería de saqueo con coartada moral.

El veneno que ellos mismos cocinaron

Navalón lo suelta sin anestesia: el régimen está enfermo de sí mismo. La 4T diseñó el veneno y ahora vive intoxicada: cada aplauso como foca al juicio de Genaro García Luna fue, en realidad, el ensayo general del juicio que les espera a ellos. Aplaudieron que Estados Unidos sentara a un exsecretario en el banquillo, pero ahora pretenden rasgarse las vestiduras cuando el mismo sistema judicial voltea a ver a sus almirantes, operadores y “hijos incómodos”.

Quisieron dinamitar la separación de poderes con una frasecita de sobremesa —“no me vengan con que la ley es la ley”— y lo lograron: se cargaron los contrapesos y de paso los instrumentos mínimos para investigar al poder. Resultado: un país moralmente de rodillas, con una presidenta que presume soberanía mientras dirige un Estado que ya ni siquiera finge investigar a los malos.

República del huachicol, sucursal Palenque

El elefante en la habitación ya no es metáfora: se llama huachicol, tiene precio en dólares y está políticamente domiciliado en la familia del “líder espiritual de la nación”. Hay una docena de asesinatos relacionados con el tema, incluidos una fiscal y un contralmirante que se atrevieron a denunciar, pero lo único que vimos fue una pregunta tímida en la mañanera y un muro de silencio alrededor de los expedientes.

La jugada es grotesca: declarar como “seguridad nacional” el 90% de los hechos económicos relevantes del sexenio —Tren Maya, AIFA, huachicol y lo que se acumule— para blindar la impunidad del poder político. Traducido: si te acuso, no ves el expediente; si preguntas, eres enemigo del Estado; si denuncias, terminas muerto o exiliado. Es la transición de gobierno sospechoso de narco a república narca, con Palenque como Vaticano del crimen político.

Chivos expiatorios con grado de almirante

El Estado mexicano, que no sirve para investigar a los suyos, de pronto descubrió en dos almirantes y un par de hermanos el cerebro financiero de una operación que cruza Pemex, SAT, Marina, Defensa, Guardia Nacional y empresarios gasolineros. Pretenden que creamos que dos mandos medios movieron solos el aparato completo del huachicol, mientras los verdaderos beneficiarios se asolean en Tabasco y decoran el discurso con palabras como “pueblo” y “soberanía”.

La hipótesis perversa (y verosímil) es doble: o los Farías son chivos expiatorios colocados para tapar el camino que llevaba a Adán Augusto, Andy López Beltrán, Romero Martínez y, por supuesto, al Mesías de Palenque; o son lo suficientemente inteligentes como para usar la nada misma del expediente como arma, exhibiendo que detrás del sello de “seguridad nacional” no hay investigación, sólo hueco y miedo.

Del milagro de la fe al colapso del sistema

El movimiento que llegó al poder con la fe ciega en el profeta hoy está fracturado, comido por la ansiedad de salvar el propio cuello. Nadie confía en nadie: los operativos de Omar García Harfuch pisan campos minados que pueden sacar a la luz más “Carmonas” y que obliga al estratega a hacer malabares capturando solo al infeliciaje que esta al nivel de su salario y tan solo para verse bien ,pues hacerlo bien implicaría capturas de alto nivel que el sistema putrefacto no puede soportar, basta un atisbo al grafico de la impunidad por litro. 

Mientras tanto, el país ya no puede garantizar lo mínimo: que si mañana te acusan, tendrás acceso al expediente y un juez independiente. Hoy cualquiera puede ser declarado culpable sin ver la carpeta, lo mismo un mexicano de a pie que un inversionista extranjero; el mensaje al mundo es brutal: aquí se roba a lo grande, se clasifica el robo y se castiga al que pregunte.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

«JUEZ LIBERA 9 MARINOS MULTIASESINOS del AGUILA que COMBATIAN al CRIMEN COMETIENDO MAS CRIMENES en TIEMPOS de CABEZA de VACA»…la verdad entierra cuerpos; la verdad procesal entierra casos.


Desapariciones, absoluciones y el clásico “aquí no pasó nada”

En México, desaparecer personas puede ser un delito… o un trámite que prescribe en la práctica. Esta semana, un juez federal decidió liberar a los últimos nueve marinos que seguían presos por la desaparición forzada de 27 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrida en 2018. Con esa firma, el caso quedó oficialmente en modo fantasma: 30 detenidos al inicio, cero responsables al final.

La reacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se hizo esperar. No porque esperaran justicia —eso ya sería ingenuidad institucional— sino porque el fallo ignora de frente su recomendación 36VG/2020, donde documentaron un catálogo completo de violaciones graves: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y, por si faltaba algo, tratos crueles e inhumanos. El combo completo del manual de abusos.

«Operativos contra el crimen…cometiendo crimenes»

El origen del desastre se remonta a 2018, cuando el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pidió refuerzos federales tras una ola de asesinatos contra funcionarios de la Fiscalía estatal. La respuesta llegó en forma de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina.

Según la CNDH, aquello no fueron operativos quirúrgicos sino redadas al estilo “levántate al que esté a la mano”: más de 50 personas detenidas arbitrariamente, 27 desaparecidas y al menos 12 ejecutadas y abandonadas en terrenos baldíos. Una estrategia de seguridad que terminó pareciéndose demasiado a aquello que supuestamente combatía.

Las madres de las víctimas hicieron lo que el Estado no quiso:buscar, denunciar y resistir. Gracias a su presión, la CNDH documentó los hechos con visitadores y peritos, concluyendo en 2020 que no se trató de excesos aislados, sino de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales: libertad, integridad, identidad jurídica y, en varios casos, la vida misma.

La justicia que se diluye

La Marina aceptó la recomendación y entregó a 30 elementos. Parecía el inicio de la rendición de cuentas, pero no lo era.

Entre recursos legales, dilaciones y ese laberinto judicial donde los expedientes envejecen mejor que las víctimas, el caso se fue desinflando. Primero liberaron a varios imputados, luego a otros, hasta que solo quedaron nueve… y ahora tampoco queda ninguno.

La Fiscalía General de la República aseguró haber integrado las carpetas con sustento suficiente, incluso con aportaciones directas de la CNDH. Pero en el Poder Judicial, esa construcción simplemente no resistió. O no importó.

El juez del Centro de Justicia Penal Federal —con residencia entre Baja California y La Paz, según el enredo geográfico del propio caso— decidió absolver a los últimos marinos en prisión. Resultado: ni un solo responsable tras uno de los episodios más documentados de desaparición forzada atribuida a fuerzas federales.

Víctimas sin justicia, sin reparación… y sin Estado

Mientras tanto, las víctimas siguen atrapadas en la otra dimensión del sistema: la del abandono. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ni ha reparado el daño ni ha garantizado apoyo médico, psicológico o económico. Promesas administrativas que, como los desaparecidos, simplemente no aparecen.

La CNDH, en un acto que oscila entre la institucionalidad y la impotencia, pidió que el Tribunal de Disciplina Judicial investigue al juez. Traducido: que alguien revise si esta absolución fue legal… o parte de la normalidad.

Porque en México, la desaparición forzada no solo borra personas. También borra responsabilidades.

Y cuando el último imputado sale libre, el mensaje queda intacto: el problema no es desaparecer gente, el problema es que alguien lo pruebe… y que un juez decida que importa.

Con informacion: ELNORTE/