«CHAYITO SABE de SILLAS y…PACTOS: BREVE PARLOTEO EXHIBE RAZONE$ de SHEINBAUM para PROTEGER a NARCOROCHA y PROXIMOS EMBRONCADOS»…es beneficiaria de sus arreglos y desarreglos.

Tras el escandalo por narcotrafico del Gobernador de Morena en Sinaloa,Ruben Rocha Moya y la evidente proteccion que esta recibiendo, cobra especial relevancia los dichos de Ramón Alberto Garza editor de CODIGO MAGENTA y Rosario Robles, Ex-jefa de Gobierno de la CDMX, quien sostienen una tesis fundada que conecta hechos ya documentados, sobre el financiamiento ilegal de campañas de Morena y de gobernadores y que apuntan como beneficiaria a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que la deja vulnerable política y jurídicamente frente a Washington.

Lo que afirman Robles y Garza

Ellos plantean, en esencia, tres ideas:

• Que la silla presidencial de Sheinbaum es producto de una “operación política” cimentada en financiamiento ilícito a campañas estatales y federales de Morena.
• Que ese financiamiento provino de “dinero sucio” (huachicol, crimen organizado, desvío de recursos públicos) operado por gobernadores y operadores financieros, que luego se tradujo en apoyo a la campaña presidencial de 2024.
• Que ese origen la deja atrapada entre sus benefactores internos y la presión de Estados Unidos: si entrega a sus protectores, éstos pueden exhibir pruebas de que ese dinero también financió su llegada a la presidencia.

La conclusión política que extraen es que Sheinbaum debería sentarse con los norteamericanos a deslindarse personalmente, dejando el costo jurídico y penal sobre el partido y sus operadores,Mario Delgado, gobernadores, operadores financieros, y no sobre la institución presidencial.

Evidencias sobre financiamiento ilícito a Morena

Aunque nadie ha acreditado judicialmente que la campaña presidencial de Sheinbaum fue financiada con recursos ilícitos, sí existen piezas documentadas que sustentan el diagnóstico estructural de Robles y Garza: que el sistema de financiamiento de Morena se nutre de recursos ilegales y clientelares.

En 2024, senadores del PAN y del PRI presentaron denuncia ante la FGR por presunto financiamiento ilegal de campañas de Morena, a partir de videos donde el operador Horacio García Rojas detalla esquemas de financiamiento con dinero del huachicol, crimen organizado y desvío de programas sociales, incluyendo montos de más de 500 millones de pesos a campañas morenistas en 2021.

Según esas denuncias y notas de prensa, parte de esos recursos habría ido a campañas de gobernadores como Américo Villarreal en Tamaulipas, con promesas de contratos y protección a negocios ilegales como el huachicol fiscal, lo que describe un entramado mafioso de financiamiento electoral y corrupción.

Estudios académicos y jurídicos sobre el financiamiento ilegal en México documentan que la mezcla de recursos públicos desviados, contratistas y crimen organizado ha sido una constante de las campañas de distintos partidos, y Morena no es la excepción estructural, sino la versión actualizada de prácticas históricas.

En ese sentido, la premisa “gobernadores financiaron campañas de manera ilícita que contribuyeron al triunfo de la presidenta y ahora esta les debe favores” ,no es una invención absoluta, sino una extrapolación política a partir de patrones ya descritos y denunciados formalmente.

Vulnerabilidad de Sheinbaum frente a Washington

La otra parte del argumento es geopolítica: que Estados Unidos tiene pruebas de qué campaña presidencial se financió con dinero sucio y puede utilizarlas como herramienta de presión, ya sea vía investigaciones de lavado, cooperación judicial o declaraciones políticas. No es atrevido presumir que EE.UU tiene a narcopoliticos de Mexico en sus manos.

En ese contexto, la hipótesis de Robles y Garza —una presidenta sentada en La Silla con un expediente abierto o potencial en manos de Washington— es consistente con la experiencia comparada de cómo Estados Unidos opera estos casos, aunque siga siendo una lectura política más que un hecho probado públicamente sobre Sheinbaum.

La lógica del “te entregamos o te hundimos”

La frase central es el chantaje: “si nos entregas a alguno de nosotros, nosotros te entregamos a ti, porque el dinero sucio que nos atribuyeron a nosotros fue el que financió tu llegada a la presidencia”. Esa lógica tiene asidero en la manera en que han caído otros regímenes atrapados en redes de financiamiento ilícito.

Cuando la estructura de financiamiento se sostiene en pactos criminales y desvíos, los operadores clave —gobernadores, empresarios, intermediarios— acumulan pruebas (transferencias, grabaciones, acuerdos) que usan como seguro de vida frente al poder central: si caen, exhiben la cadena completa.

En sistemas clientelares, el liderazgo nacional suele “deber” su ascenso a redes territoriales que aportan votos y dinero; cuando ese liderazgo intenta purgar a sus aliados por presión externa, se activa la lógica de “mutuo aseguramiento destructivo”: tú sabes de mí, yo sé de ti.

En ese sentido, el razonamiento de Robles y Garza se sostiene en la lógica interna de la narcopolítica y el financiamiento clandestino: una presidenta que debe su victoria a una red de financiamiento ilícito no puede castigar selectivamente sin arriesgar que se expongan pruebas sobre su propio beneficio.

La propuesta de deslinde frente a Estados Unidos

La salida que plantean —que la presidenta se siente con los norteamericanos a decir “yo no tuve que ver con eso, el financiamiento lo va a dejar el partido” y que el costo lo cargue Mario Delgado y la estructura de Morena— es una estrategia clásica de contención de daños en escándalos de financiamiento ilegal.

• En otros países, cuando se descubren redes de financiamiento ilícito, las élites suelen intentar cortar el hilo por el “partido” o algunos operadores, declarando que la institución del Estado y el liderazgo en turno no conocían los detalles, y ofreciendo chivos expiatorios para calmar a Washington o a las agencias anticorrupción.
• Sin embargo, esa estrategia sólo funciona si Estados Unidos y la opinión pública aceptan la narrativa de que la cúpula presidencial era ajena a los esquemas, algo que se vuelve menos creíble cuando el volumen, la sistematicidad y la cercanía de los operadores (gobernadores, jefes estatales) son evidentes.

Por eso, la pregunta que formulan sobre la declaración de Trump —“No estoy contento, ¿qué te va a tener contento?”— apunta a que Estados Unidos difícilmente se conformará con sacrificios menores si percibe que el problema es estructural y alcanza a la propia presidencia.

Con informacion: Youtube/

«REGIMEN MORENISTA NO se esta CAYENDO»: se esta DEVORANDO ASÍ MISMO como una SERPIENTE que TRAGÓ el DISCURSO de HONESTIDA_ y ahora VOMITA HUACHICOL»…el veneno que ellos mismos cocinaron.

En una conversación #AlPunto, del periodista Ramón Alberto Garza de Codigo Magenta y el analista, Antonio Navalón, hablan del fin del régimen morenista, enfermo de sí mismo, por escándalos tan sensibles como el del huachicol fiscal y las acusaciones contra Rubén Rocha Moya.

El régimen morenista no se está cayendo: se está devorando a sí mismo, como una serpiente que se tragó el discurso de la honestidad y ahora vomita huachicol fiscal, sangre y expedientes clasificados.

Del huachicol moral al huachicol fiscal

En Código Magenta ya no están narrando una “telenovela política”, están leyendo el acta de defunción de la 4T firmada con combustible robado y blindada con el sello mágico de “seguridad nacional”. El caso Farías–Laguna, con uno preso en Buenos Aires y otro en el Altiplano, no huele a justicia: huele a operación de encubrimiento en modo pánico, con un Estado que les niega lo más elemental del debido proceso: conocer de qué diablos los acusan.

El régimen que prometió acabar con la corrupción montó, desde el 2 de diciembre de 2018, un aparato hecho a la medida: primero impunidad, luego expansión infinita de la mancha de corrupción y, por si faltara, cancelación sistemática de la transparencia en todo lo que huela a dinero público, servicios y bienes de la nación. A eso le llamaron “transformación”; en realidad fue ingeniería de saqueo con coartada moral.

El veneno que ellos mismos cocinaron

Navalón lo suelta sin anestesia: el régimen está enfermo de sí mismo. La 4T diseñó el veneno y ahora vive intoxicada: cada aplauso como foca al juicio de Genaro García Luna fue, en realidad, el ensayo general del juicio que les espera a ellos. Aplaudieron que Estados Unidos sentara a un exsecretario en el banquillo, pero ahora pretenden rasgarse las vestiduras cuando el mismo sistema judicial voltea a ver a sus almirantes, operadores y “hijos incómodos”.

Quisieron dinamitar la separación de poderes con una frasecita de sobremesa —“no me vengan con que la ley es la ley”— y lo lograron: se cargaron los contrapesos y de paso los instrumentos mínimos para investigar al poder. Resultado: un país moralmente de rodillas, con una presidenta que presume soberanía mientras dirige un Estado que ya ni siquiera finge investigar a los malos.

República del huachicol, sucursal Palenque

El elefante en la habitación ya no es metáfora: se llama huachicol, tiene precio en dólares y está políticamente domiciliado en la familia del “líder espiritual de la nación”. Hay una docena de asesinatos relacionados con el tema, incluidos una fiscal y un contralmirante que se atrevieron a denunciar, pero lo único que vimos fue una pregunta tímida en la mañanera y un muro de silencio alrededor de los expedientes.

La jugada es grotesca: declarar como “seguridad nacional” el 90% de los hechos económicos relevantes del sexenio —Tren Maya, AIFA, huachicol y lo que se acumule— para blindar la impunidad del poder político. Traducido: si te acuso, no ves el expediente; si preguntas, eres enemigo del Estado; si denuncias, terminas muerto o exiliado. Es la transición de gobierno sospechoso de narco a república narca, con Palenque como Vaticano del crimen político.

Chivos expiatorios con grado de almirante

El Estado mexicano, que no sirve para investigar a los suyos, de pronto descubrió en dos almirantes y un par de hermanos el cerebro financiero de una operación que cruza Pemex, SAT, Marina, Defensa, Guardia Nacional y empresarios gasolineros. Pretenden que creamos que dos mandos medios movieron solos el aparato completo del huachicol, mientras los verdaderos beneficiarios se asolean en Tabasco y decoran el discurso con palabras como “pueblo” y “soberanía”.

La hipótesis perversa (y verosímil) es doble: o los Farías son chivos expiatorios colocados para tapar el camino que llevaba a Adán Augusto, Andy López Beltrán, Romero Martínez y, por supuesto, al Mesías de Palenque; o son lo suficientemente inteligentes como para usar la nada misma del expediente como arma, exhibiendo que detrás del sello de “seguridad nacional” no hay investigación, sólo hueco y miedo.

Del milagro de la fe al colapso del sistema

El movimiento que llegó al poder con la fe ciega en el profeta hoy está fracturado, comido por la ansiedad de salvar el propio cuello. Nadie confía en nadie: los operativos de Omar García Harfuch pisan campos minados que pueden sacar a la luz más “Carmonas” y que obliga al estratega a hacer malabares capturando solo al infeliciaje que esta al nivel de su salario y tan solo para verse bien ,pues hacerlo bien implicaría capturas de alto nivel que el sistema putrefacto no puede soportar, basta un atisbo al grafico de la impunidad por litro. 

Mientras tanto, el país ya no puede garantizar lo mínimo: que si mañana te acusan, tendrás acceso al expediente y un juez independiente. Hoy cualquiera puede ser declarado culpable sin ver la carpeta, lo mismo un mexicano de a pie que un inversionista extranjero; el mensaje al mundo es brutal: aquí se roba a lo grande, se clasifica el robo y se castiga al que pregunte.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

«JUEZ LIBERA 9 MARINOS MULTIASESINOS del AGUILA que COMBATIAN al CRIMEN COMETIENDO MAS CRIMENES en TIEMPOS de CABEZA de VACA»…la verdad entierra cuerpos; la verdad procesal entierra casos.

Desapariciones, absoluciones y el clásico “aquí no pasó nada”

En México, desaparecer personas puede ser un delito… o un trámite que prescribe en la práctica. Esta semana, un juez federal decidió liberar a los últimos nueve marinos que seguían presos por la desaparición forzada de 27 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrida en 2018. Con esa firma, el caso quedó oficialmente en modo fantasma: 30 detenidos al inicio, cero responsables al final.

La reacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se hizo esperar. No porque esperaran justicia —eso ya sería ingenuidad institucional— sino porque el fallo ignora de frente su recomendación 36VG/2020, donde documentaron un catálogo completo de violaciones graves: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y, por si faltaba algo, tratos crueles e inhumanos. El combo completo del manual de abusos.

«Operativos contra el crimen…cometiendo crimenes»

El origen del desastre se remonta a 2018, cuando el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pidió refuerzos federales tras una ola de asesinatos contra funcionarios de la Fiscalía estatal. La respuesta llegó en forma de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina.

Según la CNDH, aquello no fueron operativos quirúrgicos sino redadas al estilo “levántate al que esté a la mano”: más de 50 personas detenidas arbitrariamente, 27 desaparecidas y al menos 12 ejecutadas y abandonadas en terrenos baldíos. Una estrategia de seguridad que terminó pareciéndose demasiado a aquello que supuestamente combatía.

Las madres de las víctimas hicieron lo que el Estado no quiso:buscar, denunciar y resistir. Gracias a su presión, la CNDH documentó los hechos con visitadores y peritos, concluyendo en 2020 que no se trató de excesos aislados, sino de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales: libertad, integridad, identidad jurídica y, en varios casos, la vida misma.

La justicia que se diluye

La Marina aceptó la recomendación y entregó a 30 elementos. Parecía el inicio de la rendición de cuentas, pero no lo era.

Entre recursos legales, dilaciones y ese laberinto judicial donde los expedientes envejecen mejor que las víctimas, el caso se fue desinflando. Primero liberaron a varios imputados, luego a otros, hasta que solo quedaron nueve… y ahora tampoco queda ninguno.

La Fiscalía General de la República aseguró haber integrado las carpetas con sustento suficiente, incluso con aportaciones directas de la CNDH. Pero en el Poder Judicial, esa construcción simplemente no resistió. O no importó.

El juez del Centro de Justicia Penal Federal —con residencia entre Baja California y La Paz, según el enredo geográfico del propio caso— decidió absolver a los últimos marinos en prisión. Resultado: ni un solo responsable tras uno de los episodios más documentados de desaparición forzada atribuida a fuerzas federales.

Víctimas sin justicia, sin reparación… y sin Estado

Mientras tanto, las víctimas siguen atrapadas en la otra dimensión del sistema: la del abandono. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ni ha reparado el daño ni ha garantizado apoyo médico, psicológico o económico. Promesas administrativas que, como los desaparecidos, simplemente no aparecen.

La CNDH, en un acto que oscila entre la institucionalidad y la impotencia, pidió que el Tribunal de Disciplina Judicial investigue al juez. Traducido: que alguien revise si esta absolución fue legal… o parte de la normalidad.

Porque en México, la desaparición forzada no solo borra personas. También borra responsabilidades.

Y cuando el último imputado sale libre, el mensaje queda intacto: el problema no es desaparecer gente, el problema es que alguien lo pruebe… y que un juez decida que importa.

Con informacion: ELNORTE/

«NO DAN con BOLA: NO SABEN quienes COMETIERON DOBLE EJECUCIÓN de ALTOS FUNCIONARIOS de CDMX hace 20 MIL MUERTOS»…Harfuch lo habia resuelto de puro pico.

Hace casi un año, la narrativa oficial era clara, contundente y, sobre todo, conveniente: el doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz estaba prácticamente “esclarecido”. Traducción institucional: ya teníamos detenidos, ya había historia, ya podían bajarle al tema.

Hoy, esa versión se desmorona con una frase que lo dice todo sin querer decir nada: no se conoce el móvil ni la autoría intelectual.

Es decir, no se sabe quién ordenó matar a dos funcionarios públicos en plena Calzada de Tlalpan,tal y como lo habímos presumido desde agosto de 2025.

Pero tranquilos, hay 18 detenidos.

Mucho detenido, poca verdad

Pablo Vazquez,Secretario de Seguridad de CDMX y la notoria ausencia de Omar Garcia Harfuch ,quien solo pareció para la primera foto, presume números como si fueran goles: 18 personas tras las rejas, 10 vinculadas a proceso, otras ocho “relacionadas”. Una coreografía judicial que suena impresionante hasta que uno recuerda lo básico:

Nadie puede explicar quién dio la orden.

Porque detener operadores es relativamente sencillo en comparación con tocar intereses. Lo difícil —lo realmente peligroso— es subir en la cadena de mando. Y ahí, casualmente, todo se vuelve nebuloso, “complejo”, “en investigación”.

La propia autoridad lo admite con un malabarismo semántico digno de tesis burocrática:

No descartan que los criminales sean autores intelectuales… pero tampoco descartan que solo hayan sido subcontratados.

O sea: no descartan nada porque no tienen nada.

El crimen que sí fue profesional

Eso sí, para justificar la falta de respuestas, nos venden la sofisticación: 20 días de planeación, vigilancia de rutas, reuniones en el Estado de México, uso de múltiples líneas telefónicas.

Un operativo con inversión “importante” de recursos humanos y económicos.

Traducción: esto no fue un arranque, fue un encargo.

Y si fue un encargo, alguien pagó.

Y si alguien pagó, alguien con poder decidió eliminar a dos funcionarios.

Pero ese alguien sigue fuera del radar… o fuera del discurso.

El muerto que ya no estorba

Como en todo expediente incómodo en México, aparece el elemento clásico: el sospechoso que ya no puede declarar.

Uno de los presuntos autores materiales fue ejecutado antes de ser detenido. Casualidad o control de daños, según el cristal con que se mire.

Lo más revelador no es su muerte, sino el motivo que deslizan las autoridades: pudo haber sido eliminado por errores operativos o porque “facilitó” la captura de otros.

En otras palabras: lo callaron.

Y con él, probablemente, una parte clave de la historia.

El silencio como política pública

La Jefa de Gobierno lo deja claro: la investigación seguirá en sigilo. No se dirá el nombre del grupo criminal. No se darán detalles que “entorpezcan” el proceso.

El sigilo, en estos casos, no solo protege la investigación: también administra el daño político.

Porque reconocer que no se sabe quién ordenó el asesinato de funcionarios en la capital del país no es un detalle técnico; es una grieta en el discurso de control.

Lo que realmente nos están diciendo

Sin decirlo abiertamente, el mensaje es brutal:

• El crimen organizado puede ejecutar operaciones complejas en la CDMX.
• Puede reclutar células locales con logística suficiente para un ataque directo.
• Puede eliminar a sus propios integrantes antes de que hablen.
• Y, sobre todo, puede mantener en la sombra a quien da las órdenes.

Mientras tanto, la autoridad ofrece lo que sí tiene: detenidos, procesos, cifras… pero no verdad.

Porque en este caso, como en muchos otros, el expediente avanza hacia abajo —contra los ejecutores— pero se congela hacia arriba —donde empiezan los nombres incómodos.

Y así, lo que se presumió como un caso resuelto “de diente pa’ fuera”, hoy queda reducido a lo que realmente es:

Un crimen políticamente administrado, judicialmente fragmentado y, en lo esencial, todavía impune.

Con informacion: ELNORTE/

LA «AMARGA PRIMAVERA: DIARIO ESPAÑOL RESEÑA la SERIE de DESENCUENTROS de SHEINBAUM y EE.UU»…el caso Rocha funciona como punto de quiebre, porque conecta seguridad con poder político.

Amarga primavera en la franja sureña de Norteamérica. La tensión entre México y Estados Unidos aumenta a ritmo acelerado, en fibras y tendones que hasta hace unas semanas sostenían sin demasiado problema la relación binacional. La colaboración en materia de seguridad, fluida y provechosa durante el primer año de Gobierno de Donald Trump, muta estos días en un espanto, con situaciones que dibujan escenarios más que extraños, algunos preocupantes para el Gobierno de México que dirige Claudia Sheinbaum, como la presencia creciente de agentes de la CIA en el país. 

Esta semana, medios de Estados Unidos han desvelado que la agencia de inteligencia orquestó el asesinato con bomba en marzo de un peso medio del Cartel de Sinaloa, cerca de la capital. Con más o menos intensidad, ambos gobiernos han negado la información.

La noticia saltaba el martes por la tarde. En un reportaje firmado a ocho manos, la CNN informaba de que la CIA había “facilitado” el ataque que acabó con la vida el 28 de marzo de Francisco Beltrán, alias Payín, una figura mediana de la organización criminal. Payín iba a bordo de una camioneta con su conductor en una carretera cercana a la capital. 

El conductor lo había recogido del Aeropuerto Felipe Ángeles, uno de los dos que funcionan en el área metropolitana. En el video que grabó un carro que circulaba justo al lado, se ve la explosión y luego el deambuleo de la camioneta, que cruza varios carriles hasta chocar. Ambos murieron en el acto. Ocurrido en fin de semana, la historia extrañó, pero no tanto como para detener el ciclo noticioso más de un par de días. La fiscalía local dijo que investigaba el asunto. La vida seguía.

El martes, horas después de la publicación de la cadena, tras los mensajes de ambos gobiernos negando la información, The New York Times matizaba el asunto y señalaba que la CIA había aportado “inteligencia y planificación” para el operativo, pero que ninguno de sus agentes había actuado sobre el terreno. 

El diario aseguraba que eran las autoridades mexicanas las que habían llevado a cabo el ataque. Este miércoles, la presidenta Sheinbaum, del partido Morena, abordaba el metraje entero y señalaba, refiriéndose a la publicación del Times, que era una “ficción del tamaño del universo”. Al norte del río Bravo, la reacción, acotada a la CIA, se había centrado en la nota de la CNN. El martes, una portavoz tildaba de falsa la información y decía que “servía a la campaña de relaciones públicas de los carteles”.

En momentos distintos, las negativas de uno y otro Gobierno podrían haber enraizado con algo más de fuerza en la opinión pública, pero a la vista de los acontecimientos de las últimas semanas, las dudas se imponen sobre sus comunicados. La sombra de la CIA planea y se agranda en México, incapaz ya de contener la avanzada del norte. Las detenciones y envíos masivos de presos a Washington han dejado de ser suficientes. 

En su renovada lucha contra las drogas, el Gobierno de Trump quiere más. El mismo mandatario señalaba hace unos días que habían desplegado una “fuerza terrestre” que hacía las cosas “mucho más sencillas”, sin dar más detalles, declaraciones que adquieren un nuevo sentido después de la información desvelada en las últimas horas.

Es la segunda vez en menos de un mes que la presencia de agentes de la CIA sobre el terreno en México agita al Gobierno de Sheinbaum, muy sensible al gusaneo del país vecino en la soberanía de sus fronteras. 

En abril, el accidente carretero de dos elementos de la agencia en Chihuahua descubría su participación en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en la sierra. Sheinbaum y su equipo de seguridad, que capitanea Omar García Harfuch, negaron conocimiento alguno de la actuación de estos agentes, y apuntaron al Gobierno local, en manos de la oposición del partido Acción Nacional. 

La pata legislativa de Morena, con mayoría en las cámaras federales, tomó el relevo en la ofensiva contra el Gobierno local y pidió la comparecencia de la gobernadora en el Senado. Y justo entonces, estalló el caso Rocha.

Diez días después del escándalo en Chihuahua y justo un mes más tarde del bombazo que acabó con el Payín, el Departamento de Justicia de EE UU publicaba la acusación por narcotráfico contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de Morena, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. La acusación, rica en conclusiones y escueta en las pruebas que la sostienen, que los fiscales guardan para más adelante, denuncia un esquema de colaboración entre Rocha y una de las facciones del Cartel de Sinaloa, que capitanean los dos hijos que siguen libres de uno de los jefes históricos de la organización, Joaquín El Chapo Guzmán. Según el documento, Los Chapitos apoyaron a Rocha en sus caminos electorales, a cambio de facilidades para sus negocios.

En México, todos estos eventos han complicado la vida al Gobierno hasta un punto poco predecible hace unas semanas. Las intromisiones de la CIA y las acusaciones de narcopolítica contra el partido gobernante dibujan la profundidad de la intervención estadounidense en el país. En estos 15 meses de gestión compartida, Trump en EE UU y Sheinbaum en México, la sospecha de un despliegue estadounidense creciente en el sur engordaba. Detenciones y operativos importantes, como el que acabó con la vida del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, Mencho, en febrero, aparecían en comunicados del Gobierno de México, en que se informaba del apoyo de las agencias de law enforcement norteñas. Actividades de inteligencia, como el sobrevuelo de drones, se filtraban a la prensa, situaciones que México reconocía, pero acotaba a la permisividad de sus leyes.

Lo ocurrido después cambia un tanto el panorama. Las capas de movimientos extraños se acumulan, al calor de la colaboración de los criminales que México ha enviado al norte en el último año y tres meses, en particular los viejos líderes y personajes importantes del Cartel de Sinaloa, concretamente los hijos del Chapo y algunos de sus antiguos lugartenientes. Su papel en la embestida contra Rocha y compañía parece fundamental, a la espera de que el Departamento de Justicia de EE UU divulgue más detalles. 

A ambos lados de la frontera, las preguntas apuntan ahora a los objetivos finales del Gobierno de Trump. Esta semana, Terry Cole, director de la disminuida DEA, la agencia antidrogas de aquel país, señalaba, pensando en Rocha, que “esto es solo el principio de lo que viene”. Y añadía: “No hay duda de que narcotraficantes y altos funcionarios en México han compartido la cama durante años. Pero ahora nos estamos fijando”.

Fuente.-PABLO FERRI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS